D’Onofrio, la VTV y $8.533 millones bajo la lupa: otro golpe en la Justicia
La situación judicial del exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras la Justicia federal elevó a juicio oral la causa que lo investiga por presunto lavado de activos en torno a la compra de una camioneta Audi Q8, en la provincia también avanza el expediente por las supuestas irregularidades en el negocio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde el fiscal Álvaro Garganta pidió que sea juzgado por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
En paralelo a esos frentes judiciales, un nuevo elemento volvió a poner el foco sobre la gestión del exfuncionario. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires observó la administración de los recursos generados por el sistema de VTV durante 2024 y cuestionó la forma en que fueron registrados $8.533.370.000, al considerar que ese mecanismo afectó la trazabilidad y el destino específico de esos fondos.
De acuerdo con la documentación revelada por Realpolitik, esos recursos fueron imputados a una cuenta general de "recursos del tesoro" en lugar de registrarse en una partida específica destinada al sistema de Verificación Técnica Vehicular.
Para el Tribunal de Cuentas, esa modalidad "desnaturaliza el régimen legal previsto", ya que impide preservar la afectación específica de esos fondos y afecta los principios de transparencia, trazabilidad y control sobre los recursos públicos.
El fallo sostiene que el dinero proveniente de las concesionarias debía utilizarse para cubrir gastos propios del sistema, como la verificación de vehículos oficiales, el pago de obligaciones con las empresas prestatarias y el funcionamiento del ente regulador.
Sin embargo, al quedar incorporados dentro de una cuenta general, el organismo entendió que se perdió la disponibilidad financiera específica prevista por la normativa vigente.
En ese contexto, el Tribunal mantuvo la responsabilidad de Jorge D'Onofrio por su condición de ministro de Transporte durante el ejercicio auditado, al considerar que tenía a su cargo la administración presupuestaria del organismo y la supervisión del sistema de VTV.
La observación también alcanzó a María de Lourdes Giménez, Martín Clúa y Héctor Miguel Lufrano Tamasi, quienes desempeñaban distintas funciones administrativas y técnicas dentro de la estructura ministerial.
Si bien el organismo aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024, resolvió formular llamados de atención a los funcionarios por las irregularidades detectadas en el registro de esos recursos.
Un expediente que se cruza con la investigación judicial
La observación administrativa adquiere especial relevancia por el escenario judicial que enfrenta el exministro. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el fiscal Garganta solicitó la elevación a juicio oral de la causa que investiga un presunto esquema de corrupción alrededor del sistema de VTV bonaerense.
Según la acusación, varias empresas concesionarias habrían sido inducidas a contratar a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., una firma que administraba el sistema de turnos y cobraba comisiones sobre cada operación realizada. La investigación sostiene que la empresa llegó a recaudar cerca de 5.000 millones de pesos en poco más de un año y que su contratación habría estado acordada desde antes de finalizar el proceso licitatorio.
Por esos hechos, Garganta pidió que D'Onofrio sea juzgado por los delitos de presunto cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La causa por lavado que también irá a juicio
A ese expediente se suma ahora la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de elevar a juicio oral la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la compra de una Audi Q8.
La Justicia sostiene que el vehículo, registrado formalmente a nombre del exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio, habría sido utilizado en realidad por D'Onofrio y que la operación pudo haber servido para ocultar la verdadera titularidad del rodado y el origen del dinero utilizado para adquirirlo.
En distintos tramos de la resolución, el magistrado sostuvo que los fondos empleados para esa compra podrían provenir de presuntas actividades ilícitas desarrolladas mientras D'Onofrio encabezaba el Ministerio de Transporte bonaerense.
Con ese escenario, el exfuncionario enfrenta hoy un panorama judicial cada vez más complejo: una causa por lavado que ya irá a juicio oral, otra por las presuntas maniobras en la VTV que espera el mismo camino y, ahora, un severo cuestionamiento del Tribunal de Cuentas sobre la administración de $8.533 millones generados por uno de los sistemas que quedaron bajo investigación.