Jorge D'Onofrio, del Ministerio de Transporte a los tribunales: el recorrido de una causa que sigue creciendo

La situación judicial de Jorge D'Onofrio sumó un nuevo capítulo. El exministro de Transporte bonaerense deberá enfrentar un juicio oral por presunto lavado de activos en una causa que investiga la compra de una camioneta Audi Q8 y que, lejos de quedar aislada, aparecería conectada con otras investigaciones sobre el funcionamiento de áreas clave de la cartera que condujo durante la gestión provincial.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien resolvió elevar a juicio la causa que también tiene como imputado a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y uno de los funcionarios más cercanos al exministro.

La resolución llega en un contexto complejo para D'Onofrio. Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, apenas días atrás, el fiscal platense Álvaro Garganta había impulsado la elevación a juicio en otro expediente que investiga presuntas irregularidades en el sistema de VTV bonaerense, una causa que podría convertirse en uno de los principales desafíos judiciales para el exfuncionario.

La investigación que terminó en juicio oral

La causa federal se originó a partir de la adquisición de una Audi Q8, dominio AE554ZD, registrada en octubre de 2023 a nombre de Asensio. Según la investigación, existieron elementos suficientes para sospechar que la operación habría sido utilizada para ocultar la verdadera titularidad del vehículo y el origen de los fondos empleados para su compra.

El expediente sostiene que el automóvil fue inscripto por un valor declarado de 30 millones de pesos. Sin embargo, el seguro contratado para la unidad estableció una cobertura cercana a los 174 millones de pesos, una diferencia que despertó interrogantes durante la instrucción judicial.

Para el juzgado, la titularidad formal de Asensio no reflejaba la realidad del uso y disposición del vehículo. Entre las pruebas valoradas aparecen una cédula azul emitida a favor de D'Onofrio desde el momento de la compra y la registración del sistema Telepase a nombre del entonces ministro.

En ese contexto, González Charvay consideró que Asensio habría actuado como un intermediario registral destinado a ocultar quién era el verdadero beneficiario del rodado. Esa hipótesis fue posteriormente respaldada por instancias superiores durante la revisión de las medidas procesales.

Durante la investigación, la defensa de Asensio intentó justificar el origen de los fondos mediante la presentación de un contrato de mutuo firmado con la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., una sociedad integrada por familiares directos del exfuncionario.

Según esa versión, los recursos utilizados provenían de operaciones inmobiliarias realizadas meses antes y debían ser restituidos antes de finalizar 2023.

Sin embargo, la Justicia consideró que persistían dudas sobre la trazabilidad del dinero y sobre la estructura utilizada para concretar la adquisición. Por ese motivo, rechazó los pedidos de sobreseimiento formulados por ambos imputados y concluyó que existían elementos suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral. En marzo de este año, D'Onofrio había sido procesado con un embargo de 350 millones de pesos, mientras que Asensio recibió una medida similar por 300 millones.

El nexo con la trama de la VTV

La elevación a juicio por presunto lavado de activos adquiere una dimensión mayor porque la propia investigación judicial vincularía el origen de los fondos con hechos que son objeto de otras causas en territorio bonaerense.

Uno de esos expedientes es el que instruye el fiscal Garganta sobre el sistema de Verificación Técnica Vehicular. Allí se analiza el rol de distintas empresas concesionarias y de una firma denominada Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que habría intervenido en la gestión de turnos y cobrado comisiones millonarias sobre cada operación realizada.

Según el dictamen fiscal, la compañía llegó a recaudar casi 5.000 millones de pesos en poco más de un año. La investigación también puso bajo la lupa las condiciones en las que fueron celebrados algunos contratos y la posible existencia de acuerdos previos entre actores privados y funcionarios públicos.

Por esos hechos, Garganta solicitó que D'Onofrio sea juzgado por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

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Fotomultas y otros expedientes abiertos

El escenario judicial del exministro no se limita a la causa de la VTV. La Justicia provincial también investiga presuntas maniobras vinculadas al sistema de fotomultas, donde se analiza la actuación de gestores que habrían ofrecido descuentos irregulares para eliminar infracciones de tránsito.

La pesquisa incluye el seguimiento de movimientos económicos, vínculos entre funcionarios y particulares, así como operaciones detectadas dentro y fuera del país que fueron incorporadas a los expedientes.

En distintos pasajes de la resolución que elevó el caso a juicio oral, González Charvay sostuvo que los fondos utilizados para adquirir la Audi Q8 podrían estar relacionados con actividades presuntamente ilícitas desarrolladas mientras D'Onofrio ocupaba el Ministerio de Transporte bonaerense.

Con la instrucción ya concluida, el expediente será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que resulte sorteado. Allí comenzará una nueva etapa para una investigación que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos y conexiones con otras causas que mantienen bajo la lupa la gestión del exfuncionario provincial.