La autonomía municipal vuelve a escena y gana aliados en la Provincia
La decisión del municipio de Castelli de poner en marcha el proceso para redactar su propia Carta Orgánica volvió a instalar una discusión que, aunque atraviesa desde hace décadas la política bonaerense, pocas veces logra avanzar en términos concretos. El anuncio del intendente Francisco Echarren no sólo abrió un frente institucional inédito en la provincia de Buenos Aires, sino que también coincidió con una creciente presión de intendentes y legisladores para discutir un nuevo reparto de recursos y mayores competencias para los gobiernos locales.
Con el respaldo de más de dos tercios del Concejo Deliberante, Castelli inició formalmente el camino para elaborar su Carta Orgánica, una herramienta prevista por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 pero que, en territorio bonaerense, continúa siendo inaplicable debido a que la Constitución provincial nunca adecuó su régimen municipal al artículo 123 de la Carta Magna.
Al comunicar la decisión, Echarren sostuvo que se trata de "la primera" experiencia de este tipo en la provincia y recordó que su municipio ya había recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el reconocimiento efectivo de la autonomía municipal.
"Creemos profundamente que la democracia se fortalece cuando el poder está cerca de la gente", expresó el jefe comunal, quien además rechazó las propuestas de dividir o regionalizar la provincia y planteó otra alternativa: otorgar más autonomía a los municipios para reducir las asimetrías territoriales.
La iniciativa del intendente peronista funciona como disparador de un debate mucho más amplio que viene creciendo en la Legislatura, entre los gobiernos locales e incluso dentro de espacios políticos muy distintos entre sí.
Actualmente, los 135 municipios bonaerenses continúan regulados por la Ley Orgánica de las Municipalidades, un decreto-ley sancionado en 1958. A diferencia de lo que ocurre en otras provincias argentinas, no pueden dictar sus propias cartas orgánicas ni definir con amplitud aspectos centrales de su organización institucional, administrativa o financiera.
La consecuencia práctica es una fuerte dependencia de las decisiones provinciales, tanto para acceder a recursos como para ejecutar determinadas políticas públicas o incluso contraer financiamiento.
El debate tampoco es nuevo. Durante años fue impulsado por sectores del vecinalismo, dirigentes radicales y especialistas en derecho constitucional, aunque nunca consiguió reunir el consenso político necesario para modificar el régimen vigente.
Recursos, coparticipación y autonomía
La discusión institucional aparece, además, en un contexto de creciente tensión por el financiamiento municipal.
En los últimos meses, distintos intendentes advirtieron sobre el impacto que provoca la caída de las transferencias y reclamaron mayor margen para administrar recursos propios. En ese escenario, la senadora provincial de la UCR Nerina Neumann Losada presentó un proyecto para elevar progresivamente la coparticipación municipal del 16,14% actual hasta el 20%.
La iniciativa modifica la Ley 10.559 y propone que el incremento se aplique de manera escalonada durante cuatro ejercicios fiscales, con el objetivo de evitar un impacto inmediato sobre las cuentas provinciales.
Para la legisladora bahiense, fortalecer financieramente a los municipios implica acercar las decisiones al territorio.
"La discusión sobre la coparticipación no es una discusión entre gobiernos. Es una discusión sobre cómo fortalecemos a los municipios para que puedan resolver los problemas cotidianos de sus vecinos", sostuvo al presentar el proyecto.
La propuesta también incorpora otro cambio relevante: que cada Concejo Deliberante apruebe junto al Presupuesto un Plan de Obras Públicas Municipales, financiado con un porcentaje mínimo de los recursos coparticipables.
Intendentes de distintos espacios coinciden en el diagnóstico
Más allá de las diferencias partidarias, el reclamo por una mayor autonomía comenzó a encontrar puntos de coincidencia entre intendentes radicales, vecinalistas e incluso peronistas.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente vecinalista de Saavedra, Matías Nebot, sostuvo que la dependencia financiera limita seriamente la capacidad de gestión de los municipios.
"Los vecinalismos venimos planteando hace mucho tiempo la autonomía municipal. Esa falta de autonomía hace que los municipios no tengamos capacidad para gestionar nuestros propios recursos y quedemos atados de pies y manos para desarrollar políticas públicas", afirmó.
En la misma línea, el intendente radical de Saladillo, José Luis Salomón, consideró que la discusión ya no puede seguir postergándose.
"Cuando uno tiene que sacar un crédito depende completamente de la Provincia. Lo mismo ocurre con muchas decisiones vinculadas a seguridad, educación o salud. Si existiera mayor autonomía, la ciudadanía podría evaluar directamente la gestión de cada intendente y no solamente su capacidad para conseguir recursos", señaló a este medio.
Desde Balcarce, el jefe comunal radical Esteban Reino también respaldó esa posición. "Siempre se nos delegan nuevas funciones sin delegarnos los recursos. Los municipios son mucho más eficientes que la Provincia. Muchas obras las hacemos con costos muy inferiores porque conocemos la realidad de cada distrito", aseguró.
El federalismo también se discute puertas adentro
La autonomía municipal volvió a aparecer incluso en el ámbito nacional durante el reciente encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que reunió a más de un centenar de intendentes de distintas provincias.
El presidente de la entidad e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, planteó que el fortalecimiento de los gobiernos locales forma parte de una agenda de federalismo interno.
"La Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región", sostuvo durante el encuentro.
La declaración volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende los reclamos presupuestarios y apunta al diseño institucional del Estado.