La causa VTV sigue abierta y D’Onofrio suma otro traspié judicial

Jorge D’Onofrio no consiguió el alivio judicial que buscaba. El titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del exministro de Transporte bonaerense y mantuvo vigente el procesamiento en la investigación por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La resolución representa un nuevo revés para el exfuncionario, que ya enfrenta otro expediente de peso en la Justicia federal por presunto lavado de activos relacionado con el sistema de fotomultas y contrataciones vinculadas al área de Transporte.

En el fallo conocido esta semana, Masi sostuvo que el pedido defensista resulta “prematuro” porque la investigación todavía no está agotada y restan medidas de prueba. El magistrado coincidió con la postura del fiscal Álvaro Garganta, quien se opuso al cierre anticipado del expediente al considerar que aún no existe “una certeza negativa” que permita descartar los hechos investigados o desvincular definitivamente al exministro.

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D’Onofrio está imputado por “cohecho pasivo en concurso ideal con negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”. Según la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal, durante su paso por el Ministerio de Transporte habría existido un esquema mediante el cual empresas adjudicatarias de la VTV debían contratar a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., señalada en la causa como parte de una operatoria presuntamente irregular destinada a obtener retornos económicos.

El eje de la investigación y la defensa del exministro

La defensa del exfuncionario, encabezada por Juan Isidro Pérez Duhalde y Ramiro Pérez Duhalde, argumentó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación y planteó que la licitación pública nacional e internacional de la VTV se realizó bajo los mecanismos legales correspondientes.

En esa línea, remarcaron que intervinieron organismos de control provinciales como la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, que habrían emitido dictámenes favorables sobre el procedimiento.

También rechazaron las sospechas sobre las empresas adjudicatarias y sostuvieron que la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. respondió a decisiones tomadas por privados para cumplir requerimientos tecnológicos exigidos por el Ministerio.

Sin embargo, el fiscal Garganta consideró que esos argumentos no alcanzan para desactivar la acusación. En su dictamen sostuvo que “el peticionante no ha desvirtuado los elementos de cargo que permiten sostener por el momento la base fáctica endilgada” y advirtió que todavía quedan diligencias pendientes.

El juez Masi retomó ese razonamiento y subrayó que conceder el sobreseimiento implicaría “un cierre definitivo e irrevocable del proceso” sin contar aún con el grado de certeza necesario para una resolución absolutoria anticipada.

La resolución también aclaró que el rechazo del planteo no implica adelantar opinión sobre una eventual culpabilidad de D’Onofrio, aunque dejó en claro que la causa permanece plenamente activa y con posibilidad de incorporar nuevas pruebas.

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Fotomultas, lavado y un embargo millonario

El expediente provincial por la VTV corre en paralelo con otra investigación que golpeó de lleno al exministro durante los últimos meses. En marzo, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de D’Onofrio en una causa por presunto lavado de activos agravado por su condición de funcionario público.

La resolución, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, ratificó además un embargo sobre sus bienes por $350 millones. En el mismo fallo quedó confirmado el procesamiento de Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, con un embargo de $300 millones.

Uno de los puntos centrales de esa investigación es la adquisición de una camioneta Audi Q8 inscripta a nombre de Asensio, aunque la Justicia sospecha que el uso real correspondía a D’Onofrio. El expediente menciona que el exministro figuraba autorizado para conducir el vehículo y aparecía vinculado al pago del Telepase asociado a la unidad.

La operatoria también incluyó un contrato de mutuo por $30 millones entre Asensio y la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., cuyos accionistas son los padres del exfuncionario. Según la Cámara, la sociedad no tendría actividad económica verificada ni domicilio operativo comprobable.

Los camaristas avalaron la hipótesis del juez federal Adrián González Charvay, quien sostuvo que Asensio habría actuado como “interpuesto registral o testaferro”, ocultando la verdadera titularidad del rodado dentro de una maniobra compatible con lavado de activos.

La investigación federal se desprende de denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo del sistema de fotomultas y contratos vinculados a la VTV. Según consta en el expediente, la estructura investigada habría funcionado mediante una división de tareas destinada a desviar fondos y luego incorporarlos al circuito formal a través de bienes registrados bajo apariencia lícita.

En medio del avance de las causas judiciales, D’Onofrio presentó el 30 de diciembre de 2024 su renuncia al Ministerio de Transporte bonaerense “por motivos personales”. Hasta ahora, continúa procesado, sin prisión preventiva y con inhibición general de bienes mientras las investigaciones siguen avanzando.