Política Por: Mariana Portilla14 de diciembre de 2024

Denuncia penal contra el nuevo titular de ARCA por ocultar propiedades en el exterior

El diputado Rodolfo Tailhade solicitó que se abra una investigación para verificar si Pazo incurrió en delitos como falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes.

Juan Pazo, titular de ARCA.

La reciente designación de Juan Alberto Pazo como director de ARCA, el organismo encargado de la recaudación y control fiscal en Argentina, provocó una nueva polémica en el ámbito político. El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) presentó una denuncia en la que acusa a Pazo de ocultar propiedades en Miami durante su desempeño en funciones públicas, específicamente en su rol como funcionario en la ex AFIP. 

La denuncia sostiene que Pazo, junto a su esposa, adquirió en 2013 una unidad en el complejo Harbour House, ubicado en Collins Avenue, Miami. La propiedad, que fue registrada bajo la empresa Harbour House 1533 Corp., fue vendida en 2021 a la sociedad Goformore LLC, vinculada a la familia del diputado Cristian Ritondo.

Pazo nunca incluyó esta propiedad en su declaración jurada como funcionario público, lo que, según la denuncia, podría constituir un fraude fiscal.

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La relación de Pazo con Francisco De Narváez 

Además, Tailhade señaló que Pazo tiene vínculos cercanos con el empresario Francisco De Narváez, con quien compartió roles directivos en el holding de empresas textiles. De acuerdo con el denunciante, Pazo ha tenido relación con sociedades constituidas en paraísos fiscales, lo que podría comprometer aún más su desempeño en el cargo, dado que su función dentro del gobierno requiere altos estándares de ética y transparencia.

Pazo junto al ministro Luis Caputo.

En este sentido, el legislador solicitó que se abra una investigación para verificar si Pazo incurrió en delitos como falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes. Según la Ley de Ética Pública, los funcionarios deben declarar todos sus bienes en sus declaraciones patrimoniales, algo que, en este caso, Pazo no habría cumplido. Tailhade exige que el Agente Fiscal intervenga y promueva la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

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