Tragedia en San Fernando: El informe de la JST y el debate sobre la desregulación

El pasado 18 de diciembre, un trágico accidente aéreo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, donde un avión Challenger 300, matrícula LV-GOK, se estrelló contra una vivienda, dejando como saldo dos muertos: el piloto Martín Fernández Loza y su copiloto Agustín Orforte.

La aeronave, perteneciente a la familia de Jorge Brito, presidente de River Plate, despegó desde el Aeropuerto Laguna del Sauce en Uruguay y tras un aterrizaje fallido, se desvió fuera de la pista, cruzó el perímetro del aeropuerto y terminó impactando contra una casa, cuyos daños estructurales fueron severos. Milagrosamente, no hubo víctimas adicionales, pero la tragedia generó una ola de cuestionamientos sobre la seguridad en la aviación civil.

Investigación oficial y primeras hipótesis

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) ya publicó su informe preliminar sobre el accidente, apuntando a una incursión de pista durante el aterrizaje como la causa directa del siniestro. En dicho informe, se detalló que el avión cruzó el alambrado perimetral del aeropuerto antes de chocar contra la vivienda. Según las primeras investigaciones, el posible error humano del piloto está siendo considerado como una de las hipótesis principales. Además, se ha sugerido que el avión pudo haber aterrizado "corto de pista", un error en el que el avión toca tierra antes del punto ideal de aterrizaje, lo que lo llevó a una frenada insuficiente para evitar el impacto.

Los cuerpos de los pilotos fueron encontrados dentro de la cabina, la única parte del avión que permaneció intacta, con los cinturones de seguridad desabrochados. Un informe médico preliminar indica que la causa de la muerte podría haber sido la intoxicación con monóxido de carbono, proveniente de la explosión de los tanques de combustible del avión.

Desregulación y sus implicancias

El accidente se produce en un contexto polémico, tras la reciente flexibilización de controles para aeronaves de pequeño porte. En noviembre, el gobierno nacional había anunciado cambios regulatorios que permitirían a las aeronaves de hasta 19 plazas operar con menos restricciones, eliminando ciertos trámites burocráticos y promoviendo una mayor conectividad en vuelos de corta distancia. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebraron la medida como un avance en la conectividad aérea y la reducción de costos.

Sin embargo, el accidente de San Fernando ha puesto en jaque estos argumentos. La tragedia, que ocurrió a menos de un mes de la implementación de estas nuevas regulaciones, generó críticas generalizadas, incluyendo una irónica publicación en redes sociales de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien destacó que “ni un mes pasó” desde el anuncio de la desregulación. La cercanía temporal entre la flexibilización de los controles y el accidente ha puesto en evidencia las posibles fallas en el proceso de supervisión de aeronaves, lo que ha desatado un debate sobre el balance entre la seguridad y la eficiencia comercial.

El avión y los riesgos del modelo desregulado

El avión involucrado, un Bombardier Challenger 300, era operado por la empresa New Lines S.A. y se encontraba en pleno vuelo de aviación general, un tipo de operación que no requiere tantos controles como las de vuelos comerciales regulares. A pesar de que en el accidente no viajaban pasajeros, la tragedia ha desatado temores sobre los riesgos que podría traer la venta de boletos para vuelos de este tipo, si no se garantizan controles estrictos de seguridad.

El empresario Jorge Brito, dueño del avión, ha sido uno de los grandes ausentes en la cobertura mediática, ya que los principales medios de comunicación han evitado mencionar directamente el apellido “Brito” en sus coberturas, lo que ha generado suspicacias sobre posibles compromisos comerciales que podrían haber influido en el tratamiento de la noticia.

La respuesta ante la emergencia

El rol de los bomberos en este accidente también ha sido objeto de investigación. Mientras los bomberos de San Fernando llegaron rápidamente al lugar, se ha cuestionado la respuesta del cuerpo de rescate del aeropuerto, ya que no contaban con los equipos necesarios para cortar el fuselaje de la aeronave y facilitar el rescate de los pilotos. Esta deficiencia en los equipos de emergencia no es algo nuevo, ya que auditorías internacionales previas ya habían alertado sobre la falta de recursos y equipos adecuados en algunos aeropuertos del país.

Cómo continuará la investigación

La Junta de Seguridad en el Transporte continuará su investigación en tres fases. En primer lugar, se recopilarán más datos sobre el accidente, se entrevistará a testigos y se realizarán autopsias a las víctimas. Después se analizarán los registros de vuelo y las pruebas de laboratorio para determinar con mayor precisión la causa del siniestro. Finalmente, se publicará un informe detallado con las conclusiones, que podría tomar varios meses.

Este accidente, además de ser una tragedia, ha puesto en evidencia la necesidad urgente de reevaluar las políticas de desregulación aeronáutica y garantizar que los avances en conectividad aérea no se hagan a costa de la seguridad. Las autoridades deberán dar respuestas claras a los interrogantes que este siniestro ha generado, especialmente en un contexto donde las promesas de mayor accesibilidad en los vuelos no pueden estar por encima de la vida humana.