La justicia suspende la transformación del Banco Nación en sociedad anónima

La justicia federal de La Plata frenó temporalmente la implementación del controvertido decreto 116/2025, que disponía la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. Este decreto, firmado por el Poder Ejecutivo, habilitaba la incorporación de capital privado, lo que despertó el rechazo de sectores políticos y gremiales, que consideran que este movimiento podría sentar las bases para una futura privatización.

Suspensión del decreto:

El juez Alejo Ramos Padilla, quien firmó la medida cautelar interina, explicó que la transformación del BNA podría contradecir la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que explícitamente excluye al Banco Nación de las entidades sujetas a privatización. Además, Ramos Padilla subrayó que cualquier cambio en la estructura jurídica de esta entidad requiere la aprobación del Congreso Nacional, y no puede ser decidido únicamente por el Ejecutivo.

El conflicto legal y el rol de los trabajadores:

El fallo surge en el marco de una causa presentada por un grupo de trabajadores del BNA, que argumentan que el decreto firmado por el presidente podría interpretarse como un intento encubierto de privatización. Entre los demandantes se encuentra Juan Honorio Guerrero Iraola, quien explicó que esta reforma afectaría el carácter público del banco, y permitiría que se incorporaran capitales privados en el futuro, lo que alteraría su misión y funciones.

Argumentos del juez y del gobierno:

El juez Ramos Padilla consideró que la suspensión del decreto era una medida precautoria, ya que la transformación del banco en sociedad anónima podría acarrear "consecuencias jurídicas, económicas y sociales irreversibles". La decisión de la justicia reavivó un debate que parecía cerrado, dado que el Poder Ejecutivo había descartado la privatización del Banco Nación durante la discusión de la Ley Bases.

El decreto cuestionado había establecido que el BNA operaría bajo la normativa de la Ley 21.526 de Entidades Financieras y ponía en marcha un proceso de reorganización estatal. En este marco, habilitaba al Ministerio de Economía a suscribir capital social y a dictar las normativas complementarias para su funcionamiento.

Impacto de la decisión judicial:

El fallo judicial prohíbe cualquier acción administrativa que apunte a la implementación de la transformación del BNA. Además, se dio un plazo de cinco días al Estado Nacional y al Banco Nación para que presenten un informe detallado sobre el "interés público" involucrado en esta cuestión.

La medida cautelar representa un freno a las intenciones del gobierno de avanzar con la transformación del Banco Nación, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. La decisión judicial ha reavivado el debate sobre la privatización de una de las entidades más emblemáticas del sistema financiero argentino, con un claro enfrentamiento entre los intereses del Ejecutivo y la defensa del carácter público del banco por parte de los trabajadores y diversos sectores políticos.