Crimen de Kim Gómez: la provincia estalla en reclamos
La ola de delitos que azota la provincia bonaerense vuelve a encender la mecha del descontento ciudadano. Con el brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida al ser arrastrada por el auto robado en el barrio platense Altos de San Lorenzo, vecinos y organizaciones barriales se movilizaron anoche para exigir respuestas urgentes al Gobierno de la Provincia. Además con una masiva protesta programada para el 12 de marzo, no solo buscarán recordar el dolor por esta trágica pérdida, sino también denunciar lo que consideran una política de abandono y una inseguridad sin fin que obliga a los bonaerenses a vivir con miedo.
La trágica historia de Kim Gómez
El caso de Kim Gómez ha dejado a la sociedad bonaerense conmocionada. Según relatan los hechos, la niña fue atropellada y arrastrada mientras dos adolescentes, implicados en el robo del auto de su madre, cometían el delito. Uno de los jóvenes, de 17 años, quien había sido detenido recientemente por capitanear una banda juvenil, fue liberado rápidamente debido a su edad, generando aún más indignación en la comunidad.
Movilización ciudadana: Reclamos por más seguridad
Ante esta escalada de violencia, los vecinos se organizaron de forma espontánea y autoconvocada para marchar este miércoles por la noche, en la previa a una gran manifestación que el miércoles 12 de marzo confluirá en la sede de la Gobernación bonaerense frente a la Plaza San Martín, con el objetivo de unificar el reclamo de seguridad en toda la provincia.
Daniel Arripe, uno de los organizadores, enfatizó en sus redes: “El 12 de marzo las calles de La Plata tienen que explotar de autos, motos, bicis, taxis, micros y camiones. Los que no tengan vehículo pueden llegarse a la gobernación con banderas, pancartas, cacerolas, bocinas. Tenemos que dejarle los oídos rotos a los políticos: desde el gobernador hasta el último delegado comunal.”
Reclamos de la oposición al Gobierno bonaerense
La movilización se suma a una serie de críticas que emanan tanto de la oposición política como de sectores ciudadanos. Desde el PRO y la UCR-Cambio Federal se ha denunciado que “la falta de respuestas claras por parte del gobierno provincial ha permitido que los delitos se incrementen, exponiendo a la ciudadanía a situaciones de vulnerabilidad extrema”.
Sergio Vargas, senador provincial de La Libertad Avanza, subrayó la necesidad de que se realicen cambios estructurales en la política de seguridad: “La información solicitada permitirá comprender cómo se asignaron los recursos a lo largo de los años, y en particular, cómo se distribuyó el gasto en el año 2024. Esto nos ayudará a determinar si la inversión en seguridad se ajusta a las necesidades de la Provincia.”
Asimismo, los legisladores han reiterado su demanda para que el Ministro de Seguridad Provincial, Javier Alonso, comparezca en la Legislatura y presente un plan integral de combate a la delincuencia. Entre las propuestas, se destacan proyectos para modificar el Código Procesal Penal de la Provincia y regular el uso de armas de impulsos eléctricos por parte de las Fuerzas de Seguridad, en un intento de dotar al Estado de herramientas no letales para enfrentar situaciones de violencia.
Desde el bloque amarillo se ha criticado duramente la baja inversión en seguridad en comparación con gestiones anteriores, argumentando que “la administración de Axel Kicillof destinó menos recursos a seguridad”, lo que, según ellos, ha contribuido a la actual crisis de inseguridad.
Respuestas del Gobierno y el eco de Milei
Frente a las crecientes protestas y denuncias, el gobernador Axel Kicillof ha intentado justificar su gestión citando cifras oficiales: “En 2018 había mil homicidios por año. En 2024 hubo 810 homicidios”, comentó en una entrevista reciente. Además, defendió la inversión en patrulleros y helicópteros, afirmando que “cuando llegamos había 790 patrulleros. Hoy hay 5500. Y 6 helicópteros”. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado calmar el descontento, pues la percepción entre la ciudadanía es que dichas cifras no se traducen en mejoras palpables en la seguridad.
El presidente de la Nación, Javier Milei, aprovechó el clima de indignación para arremeter contra la gestión de seguridad en la provincia, tildándola de “baño de sangre” tras el asesinato de Lucas Aguilar. Estas declaraciones han intensificado la polarización, convirtiendo el tema de la seguridad en uno de los ejes principales de la discusión política en la región.
El llamado a la acción de una ciudadanía desesperada
El asesinato de Kim Gómez ha encendido la mecha de una movilización que se extiende por toda la provincia bonaerense. Vecinos, organizaciones barriales y la oposición exigen medidas urgentes que pongan fin a una política que, según ellos, ha dejado a la ciudadanía desprotegida. Con la marcha convocada para el 12 de marzo, la expectativa es que las calles se llenen de autos, motos, bicis, taxis, micros y camiones, en un acto masivo que busque presionar al gobierno para que reoriente sus prioridades y destine los recursos necesarios a la seguridad pública.
La protesta no es solo un reclamo por la memoria de Kim Gómez, sino un grito colectivo que exige respuestas concretas. En palabras de los organizadores, “basta de asesinatos en la provincia”. La ciudadanía espera que el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad asuman la responsabilidad y presenten un plan de acción que combata de manera efectiva la ola de violencia que, según los reclamos, obliga a vivir a los bonaerenses en un constante estado de temor.