La venta de AySA agita el tablero bonaerense: amparos, una tasación reservada y reclamos que cruzan espacios
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) volvió a sumar cuestionamientos desde la provincia de Buenos Aires y esta vez incorporó una voz con un recorrido político diferente al de los dirigentes peronistas que vienen encabezando los reclamos.
Héctor “Toty” Flores, exdiputado nacional de Cambiemos, antiguo referente de la Coalición Cívica y actual subsecretario de Economía Social y Productiva de La Matanza, respaldó públicamente al intendente Fernando Espinoza en sus objeciones al procedimiento que lleva adelante el Gobierno nacional. “En la privatización de AySA nada es transparente”, advirtió al compartir un mensaje del jefe comunal matancero.
Espinoza había cuestionado el modo en que se desarrolla la venta y reclamado controles para evitar que, según su planteo, el patrimonio de la empresa sea transferido por debajo de su valor.
Su pronunciamiento ocurre pocos días después de que se conociera la oferta económica más elevada por AySA y mientras diferentes actores bonaerenses reclaman un dato que todavía no es público: la tasación oficial utilizada por el Estado nacional para evaluar la venta.
US$340,2 millones y una adjudicación todavía pendiente
El 8 de octubre, el Ministerio de Economía abrió las ofertas económicas correspondientes a la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua presentó la propuesta más alta: US$340,2 millones por el 90% de las acciones estatales.
El grupo encabezado por Roggio ofreció US$285 millones. La diferencia fue de US$55,2 millones. Como la licitación fue convocada sin base ni precio mínimo y ambos oferentes habían superado previamente la evaluación técnica, el monto económico resulta determinante para definir la operación. Sin embargo, el procedimiento todavía debe completar la evaluación y la adjudicación formal.
El propio Gobierno nacional describió la apertura de sobres como un nuevo paso dentro del proceso, no como su finalización. La operación contempla transferir al sector privado el 90% de AySA actualmente en manos del Estado nacional. El 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Uno de los principales cuestionamientos bonaerenses no pasa sólo por cuánto ofertaron los privados, sino por la imposibilidad de comparar esa cifra con la valuación oficial de la empresa.
Cuatro integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones —las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich— presentaron el 9 de octubre un amparo contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Solicitaron que el Ejecutivo entregue el informe integral de valuación de AySA y pidieron una medida cautelar para suspender la adjudicación hasta acceder a esa documentación.
La causa quedó radicada ante el juez federal Santiago Carrillo. Hasta ahora, la sola presentación del amparo no implica que la Justicia haya suspendido el proceso.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los legisladores realizaron pedidos administrativos el 12 de agosto y el 28 de septiembre. La Agencia respondió el 1° de octubre invocando el carácter reservado de los informes de tasación y cuestionando además la legitimación de los parlamentarios para acceder a ellos.
La demanda también cuestiona la Resolución ATEP 1/2026, fechada el 1° de abril, que, según los denunciantes, declaró reservados los informes de valuación vinculados con las empresas sometidas a privatización.
Los legisladores piden conocer los criterios técnicos, las proyecciones económicas y la tasa de descuento empleados para determinar cuánto vale AySA. Hasta que esa documentación no sea incorporada al expediente, no puede establecerse que la compañía haya sido efectivamente subvaluada. Lo que existe es un cuestionamiento sobre la falta de acceso a la información necesaria para comparar la tasación estatal con la oferta privada.
“Todo el proceso fue bastante oscuro”
El reclamo coincide con el que viene formulando la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Su defensor adjunto general, Walter Martello, cuestionó las restricciones para acceder al denominado Data Room de la licitación, donde se concentró la información económica y operativa disponible para los oferentes.
“Todo el proceso de AySA fue bastante oscuro”, sostuvo Martello. La Defensoría asegura que realizó pedidos de acceso a información pública sin obtener los documentos solicitados y llevó el planteo ante la Justicia Federal.
Entre los datos requeridos aparecen la valuación del paquete accionario y el inventario de los pasivos ambientales de la compañía. Martello también señaló que las propuestas quedaron por debajo de las referencias que habían circulado desde Economía durante el proceso. La oferta de US$340,2 millones quedó por debajo de los aproximadamente US$450 millones que distintas fuentes atribuían como expectativa gubernamental.
26 municipios en el centro de la discusión
AySA presta agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, por lo que la privatización tiene un impacto directo sobre el Conurbano.
El debate excede entonces el precio de compra. Entre las principales discusiones aparecen las futuras tarifas, las obligaciones de inversión, la ampliación de las redes, la calidad del servicio, los controles ambientales y las condiciones contractuales que deberá cumplir el nuevo operador.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el defensor bonaerense ya había advertido que la apertura de ofertas dejaba varios interrogantes sobre el esquema tarifario y el cumplimiento de obras pendientes.
La discusión por las tarifas tiene, además, un capítulo propio. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento inició el análisis de una modificación de los coeficientes zonales utilizados para determinar parte del valor de las facturas. Según la información relevada anteriormente por este medio, la discusión alcanza a alrededor de 3,75 millones de usuarios.
Martello sostiene que esa recategorización podría generar ingresos adicionales para el futuro operador y reclamó que las condiciones tarifarias sean conocidas antes de que se complete la transferencia.
Los intendentes ya venían interviniendo antes de conocerse las ofertas. Uno de los primeros fue el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien presentó un amparo y advirtió que el cambio de operador podía afectar los proyectos destinados a extender las redes de agua potable y cloacas.
Gray también pidió a Kicillof que analizara la posibilidad de que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participara de la licitación. El planteo partía de una preocupación concreta: qué ocurriría con las obras de expansión en zonas del Conurbano que todavía no cuentan con cobertura completa.
Qué responde Nación: más de US$2.000 millones en inversiones
El Ministerio de Economía defiende la privatización con argumentos vinculados con los costos fiscales, la cobertura y la eficiencia operativa de AySA.
En su comunicación oficial del 8 de octubre sostuvo que entre 2006 y 2023 la compañía recibió más de US$13.400 millones en transferencias del Tesoro nacional.
También afirmó que un tercio del área concesionada aún no cuenta simultáneamente con agua potable y cloacas, que las pérdidas de agua no contabilizada llegan al 42% y que aumentaron tanto la morosidad como los costos operativos.
Nación destaca además que el próximo operador asumirá obligaciones de inversión. El contrato contempla para 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, valuado a precios de diciembre de 2025 y sin IVA. Economía estimó que los compromisos de inversión asociados al nuevo esquema superarán los US$2.000 millones.
Ese punto es uno de los que los municipios bonaerenses buscan seguir de cerca: no sólo cuánto se invertirá, sino dónde se realizarán las obras y cuáles serán las metas obligatorias de expansión.
El nuevo esquema no se limita a la venta de acciones. La privatización incluye la operación de los servicios de agua potable y saneamiento mediante un contrato de concesión por 30 años, con compromisos específicos en materia de inversión, mantenimiento y expansión.
El grupo que presentó la mayor propuesta reúne a empresas con distintas actividades vinculadas con infraestructura y servicios. Rowing integra el holding Equo Capital, Transclor es proveedora de productos químicos para la potabilización de agua de AySA y Arcos Saneamento e Participações aporta experiencia operativa en el sector sanitario brasileño. PHX Aqua completa el consorcio.
Martello también puso bajo discusión la eventual concentración empresarial. El funcionario señaló que algunos de los empresarios vinculados al consorcio tienen participaciones o relaciones comerciales en otros servicios públicos y pidió que esa situación sea contemplada por los organismos de control.