Capital Humano desafía fallo judicial y va por la suspensión de planes
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ha anunciado que apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que prohíbe suspender los planes sociales a las personas que participen en manifestaciones y actos violentos.
El rechazo a la medida del juez
En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni subrayó que la decisión judicial amenaza con "beneficiar a las mafias que extorsionan a los más vulnerables", un discurso que refleja la postura oficial de que los programas sociales deben ser distribuidos sin intermediarios, asegurando que la ayuda llegue directamente a quienes realmente la necesitan.
El portavoz hizo hincapié en que no existe vulneración del derecho a ser oído y criticó que la decisión judicial, a su juicio, favorece a aquellos que obligan a los pobres a participar en marchas a cambio de subsidios. "El daño irreparable es el que causan las mafias, no el hecho de excluir a quienes violentan el orden público", insistió Adorni.
Los detalles del comunicado de Capital Humano
Desde la cartera de Capital Humano, el comunicado oficial se titula "Un juez avala que quienes alteren el orden público puedan seguir cobrando planes sociales". En él, se argumenta que el derecho a ser oído no se ve afectado por los criterios de exclusión establecidos en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Estos programas contemplan la exclusión de beneficiarios que participen en actos de violencia o bloqueos que afecten el libre tránsito.
Además, se aclara que el fallo judicial es arbitrario y carece de sustento, ya que no refleja hechos fácticos ni jurídicos adecuados. Según el escrito, la medida cautelar es vista como un obstáculo para evitar que colectivos sociales se apropien de los recursos del Estado, aprovechándose de los más vulnerables.
¿Qué sigue ahora?
El Ministerio de Capital Humano ratificó su intención de seguir luchando para que los planes sociales no sean utilizados como herramientas de extorsión, y para que las ayudas lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan. La apelación ante la Corte Suprema será el siguiente paso en una disputa que sigue acaparando la atención pública.