Revés judicial para Milei: suspenden la privatización del Banco Nación

En una resolución que marca un giro importante en la política económica del Gobierno de Javier Milei, la Justicia ha suspendido el decreto presidencial que buscaba transformar al Banco Nación en una sociedad anónima. El fallo, dictado por el juez Alejo Ramos Padilla, dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, frenando de esta manera el Decreto 116/2025, que había sido firmado en febrero de este año por el presidente Milei. Con esta decisión, el futuro de la entidad financiera queda en suspenso por los próximos seis meses, y se mantiene la estructura original del Banco Nación.

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Un conflicto que viene desde el año pasado

El conflicto por la privatización del Banco Nación no es nuevo. En 2024, la Asociación Bancaria ya había presentado una demanda para frenar medidas previas del Gobierno, como la Resolución 348 del Directorio del banco y el Decreto 70/2023, que habilitaban la privatización. En ese momento, el juez Ramos Padilla había determinado que cualquier modificación en la situación jurídica del Banco Nación debía ser aprobada por el Congreso. Ahora, con el fallo más reciente, reafirma esa postura, señalando que el decreto no tiene validez sin la aprobación del Parlamento.

El decreto suspendido y sus implicancias

El Decreto 116/2025 firmado por Milei establecía la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima (BNA S.A.), pasándolo a la órbita del Ministerio de Economía. Según el Gobierno, esta modificación permitiría ampliar la capacidad de financiamiento del banco para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y familias. No obstante, la decisión judicial establece que la Carta Orgánica del Banco Nación, aprobada por la Ley 21.799, define a la entidad como un organismo autárquico del Estado, lo que implica que cualquier modificación debe ser decidida por el Congreso, no por decreto del Poder Ejecutivo.

El impacto de la resolución judicial en el Gobierno de Milei

Este revés judicial representa un obstáculo significativo para el Gobierno de Javier Milei, que había planteado la privatización del Banco Nación como parte de sus reformas económicas. La decisión de la Justicia reafirma la independencia del Congreso en cuanto a la modificación de estructuras clave del Estado, como es el caso del Banco Nación. La resolución también pone en evidencia la división de poderes en la toma de decisiones sobre entidades públicas de importancia estratégica.

Las justificaciones del Gobierno y la reacción sindical

El Gobierno justificó la privatización del Banco Nación argumentando que la transformación en sociedad anónima era clave para continuar impulsando el financiamiento hacia las PyMEs y las familias, especialmente en un contexto económico desafiante. En enero de este año, el Banco Nación había emitido un comunicado en el que argumentaba que la medida permitiría aumentar los préstamos a favor de estos sectores. Por su parte, la Asociación Bancaria y otros actores sindicales sostienen que el intento de privatización pone en riesgo los intereses de los trabajadores y de los argentinos en general, destacando que la modificación de la estructura del Banco Nación no puede ser decidida por el Ejecutivo sin el aval del Congreso.

Con esta nueva resolución judicial, el futuro de la privatización del Banco Nación queda en el aire. Si bien el Gobierno de Milei aún podría apelar la decisión, el fallo deja claro que cualquier cambio en la estructura de esta entidad deberá ser discutido y aprobado por el Congreso. Mientras tanto, el Banco Nación seguirá funcionando bajo su formato actual, a la espera de nuevas decisiones legislativas que podrían marcar el rumbo de su futuro.