Buscan limitar el impuesto al campo en provincia de Buenos Aires

La tensión entre el campo bonaerense y el Gobierno de Axel Kicillof volvió a escalar en la Legislatura provincial. La senadora Daniela Reich, de La Libertad Avanza (LLA), presentó un proyecto para establecer un tope al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, en medio de fuertes críticas por lo que considera una “asfixia” al sector productivo. La iniciativa ya fue girada a comisiones y se suma a una batería de reclamos que los productores rurales vienen planteando desde hace meses.

La propuesta de Reich apunta a modificar el artículo 10 de la Ley Impositiva N° 15.479 correspondiente al ejercicio fiscal 2024, y se focaliza en los campos con valuaciones fiscales superiores a $198.940.000, que hoy no cuentan con ningún límite al aumento del tributo. De aprobarse, el incremento quedaría limitado al 250% respecto del impuesto determinado en el año anterior.

“El campo no puede seguir esperando. Este proyecto es una respuesta concreta a la situación que atraviesan miles de productores rurales”, sostuvo Reich, que también utilizó una frase del presidente Javier Milei para reforzar el espíritu de su propuesta: “Queremos volver al país libre de nuestros abuelos, donde el campo sea la punta de lanza del crecimiento argentino”.

Los reclamos del agro

La presentación legislativa no surge de manera aislada. En junio de 2024, representantes del sector agropecuario bonaerense se reunieron con legisladores de toda la oposición en la Exposición Rural, invitados por la Sociedad Rural Argentina (SRA). Allí, dirigentes de LLA, UCR + Cambio Federal y Acuerdo Cívico – UCR + GEN coincidieron en una mesa común para respaldar los reclamos del agro: entre ellos, la reducción del Impuesto Inmobiliario, la declaración de emergencia agropecuaria y el fomento de buenas prácticas agrícolas para reducir la carga impositiva a quienes aplican fitosanitarios.

Esta convergencia opositora busca meter presión en la Legislatura, en un contexto donde el debate por el Presupuesto 2025 todavía no arrancó formalmente, y el Ejecutivo continúa funcionando con la prórroga del presupuesto de 2024.

Fricciones en las mesas técnicas con el gobierno

El malestar del sector rural se intensificó tras el primer encuentro del año entre entidades agropecuarias y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. La reunión con referentes de la Federación Agraria, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina no logró destrabar los puntos conflictivos en torno al cobro del Impuesto Inmobiliario Rural para 2025.

Desde la SRA denunciaron que, pese a haber solicitado que no se actualice la primera cuota del impuesto, el Ejecutivo ratificó el monto, replicando el valor de 2024. La entidad también advirtió que la segunda, tercera y cuarta cuota podrían ajustarse con aumentos de hasta el doble de la tasa pasiva del Banco Provincia, lo cual rechazaron de forma “rotunda”.

La otra gran controversia es la incorporación de una quinta cuota. Mientras la provincia justifica la medida como una forma de compensar la inflación y garantizar recursos, los ruralistas se oponen categóricamente. “Nos opusimos también a la existencia de una quinta cuota, y no obtuvimos certeza sobre la decisión que se tomará al respecto”, informaron desde la SRA.

Beneficios con letra chica y un conflicto que sigue latente

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario, los productores que abonaran el impuesto anual antes del 8 de abril podrían acceder a un descuento del 15%, combinando beneficios por pago anticipado y cumplimiento regular. Quienes optaron por el pago en cuotas también podrán obtener hasta un 10% de descuento si adhieren al débito automático.

No obstante, desde el agro insisten en que estas medidas no resuelven el problema de fondo: la presión fiscal acumulada y la incertidumbre sobre las condiciones tributarias del año en curso, dado que el presupuesto sigue siendo una réplica del de 2024.

Por ahora, la batalla por el Impuesto Inmobiliario Rural promete seguir ocupando el centro del debate político y económico en la provincia. Mientras el oficialismo busca mantener el esquema vigente, la oposición pisa el acelerador para limitar lo que considera un ajuste fiscal encubierto que golpea directamente al corazón productivo bonaerense.