Una calle, una empresa y números bajo sospecha: la denuncia penal que golpea a la gestión de Lucas Ghi en Morón
Una operación impulsada por la gestión de Lucas Ghi para desafectar y eventualmente vender una calle pública a una empresa textil derivó en una denuncia penal contra el intendente de Morón y distintos funcionarios municipales.
La presentación fue realizada por el abogado, exfiscal y vecino del distrito Javier Ignacio Baños, quien solicitó al Ministerio Público Fiscal que investigue el procedimiento administrativo vinculado con la firma ENOD S.A. y determine si existieron irregularidades, perjuicios para el patrimonio comunal o responsabilidades penales.
En el centro de la controversia aparece un tramo de aproximadamente 100 metros de la calle General Donato Álvarez, entre Cochabamba y Presidente Domingo Faustino Sarmiento. La empresa pretendería adquirirlo para integrar dos establecimientos industriales que actualmente funcionan separados por esa arteria.
La empresa asegura que el sector tiene escasa circulación, presenta un deterioro considerable y funciona en algunos momentos como depósito informal de residuos. Su objetivo es unificar la fábrica con el depósito ubicados a ambos lados de la arteria y ampliar su capacidad productiva.
El gerente de Relaciones Institucionales de ENOD, Jorge Leone, sostuvo que la compañía lleva más de 30 años instalada en Morón y proyecta una inversión cercana a los US$10 millones. Según su exposición, el programa de expansión permitiría incorporar entre 80 y 100 empleados hasta alcanzar una planta aproximada de 480 trabajadores. También afirmó que la propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales relacionadas con el sector textil.
La discusión no pasa únicamente por la conveniencia industrial. La pregunta que atraviesa el expediente es si el Municipio puede desprenderse de una calle pública para favorecer la ampliación de una compañía privada y bajo qué condiciones debería hacerlo para resguardar los intereses de la comunidad.
Uno de los puntos más sensibles surgió durante la audiencia pública. Ante una consulta del concejal Diego Spina, Leone afirmó que las conversaciones para adquirir el tramo y avanzar con la ampliación fueron mantenidas con Lucas Ghi, el secretario de Producción municipal, Santiago Muñiz, y el arquitecto Pablo Itzcovich.
A partir de esa declaración, Baños pidió investigar cuándo se desarrollaron las reuniones, quiénes participaron, qué temas fueron tratados y si existieron compromisos, contraprestaciones o beneficios especiales.
La denuncia también solicita identificar a los directivos, representantes, apoderados, accionistas y beneficiarios finales de ENOD y de las firmas relacionadas con la compañía. El objetivo es determinar si existen vínculos con los funcionarios que intervinieron en el procedimiento.
El escrito reclama preservar correos electrónicos oficiales, mensajes, documentos administrativos y cualquier intercambio mantenido entre representantes privados y autoridades locales. También pide que declaren funcionarios, empresarios, concejales y vecinos.
Una tasación en el centro de la polémica
El valor asignado al tramo constituye otro de los ejes de la controversia. La estimación preliminar habría ubicado la superficie en aproximadamente US$160 por metro cuadrado, con una valuación total cercana a los US$200.000.
Durante la audiencia pública, la concejal de La Libertad Avanza María Mobilia sostuvo que los terrenos de la zona podrían valer alrededor de US$2.000 por metro cuadrado. Si esa referencia fuera correcta, la diferencia superaría doce veces el monto considerado inicialmente.
“Si vamos a sentar este precedente, todos los vecinos van a tener derecho a comprar una calle”, cuestionó Mobilia. También señaló que una empresa que necesita expandirse debería adquirir un inmueble privado y no avanzar sobre una arteria perteneciente a la comunidad.
El director de Catastro de Morón, Guillermo Baraglia, explicó que la calle no cuenta con nomenclatura catastral y que por esa razón no habría intervenido inicialmente el Tribunal de Tasaciones. La valuación fue realizada por el Colegio de Martilleros de Morón y, según reconocieron funcionarios locales, todavía no tendría carácter definitivo.
Para Baños, el análisis no debería limitarse al precio del suelo. También tendría que incorporar el beneficio que obtendría ENOD al integrar sus plantas y la pérdida permanente que implicaría para el Estado dejar de disponer de una vía pública.
La generación de puestos de trabajo constituye el argumento principal utilizado para justificar la operación. ENOD afirma que la unificación de sus instalaciones permitiría renovar maquinaria, mejorar su producción y sumar hasta un centenar de trabajadores.
La denuncia advierte, sin embargo, que esos compromisos no aparecerían incorporados al proyecto de ordenanza como obligaciones exigibles. Es decir, la firma podría recibir el terreno sin quedar jurídicamente obligada a concretar toda la inversión o alcanzar la cantidad anunciada de incorporaciones.
Baños reclama que cualquier autorización incluya plazos, garantías, mecanismos de seguimiento y sanciones ante un eventual incumplimiento. También plantea que deberían incorporarse cláusulas que permitan recuperar el bien si la ampliación no se lleva adelante.
El basural y las acusaciones ambientales
Baños no intervino únicamente como abogado. También es vecino del lugar y asegura convivir con problemas de suciedad, abandono y contaminación alrededor de los establecimientos industriales. La denuncia menciona veredas deterioradas, pallets, maderas, residuos y desperdicios acumulados en el espacio público. Además, plantea la posible dispersión de fibras provenientes de la actividad textil.
Durante la audiencia se produjo una controversia respecto del origen de la basura. Los representantes de ENOD negaron que la compañía sea responsable y afirmaron que terceros utilizan el tramo para arrojar escombros y residuos.
Leone sostuvo que la incorporación de la calle a la planta permitiría cerrar un sector degradado y mejorar sus condiciones de seguridad. Desde el Ejecutivo también consideraron que la arteria prácticamente no registra tránsito y que su transformación podría ordenar el entorno.
Para esclarecer esa disputa, el denunciante solicitó inspecciones oculares, análisis ambientales y estudios sanitarios que establezcan el origen de los residuos, las condiciones del lugar y la existencia de eventuales incumplimientos.
Una calle con valor para las emergencias
El impacto vial constituye otro aspecto cuestionado. El tramo se encuentra próximo a la barrera de Pueyrredón y a las vías del ferrocarril Sarmiento, en una zona donde los cortes ferroviarios pueden concentrar el tránsito sobre pocas arterias.
Baños advierte que la eliminación de Donato Álvarez podría reducir las alternativas disponibles ante un accidente, una inundación, un embotellamiento o una evacuación. También sostiene que podría dificultar el desplazamiento de ambulancias, bomberos, patrulleros y vehículos particulares.
El Ejecutivo municipal y la compañía afirman que la cuadra lleva años prácticamente cerrada y que su incidencia sobre la circulación es reducida. Para la denuncia, esa falta de uso actual no alcanza para descartar su función potencial frente a una emergencia.
El expediente no contaría, según la presentación, con un estudio integral e independiente de impacto vial, ambiental y de seguridad. Las evaluaciones incorporadas provendrían principalmente de dependencias de la propia administración de Ghi. Por ese motivo, Baños reclama pericias externas antes de que el Concejo Deliberante adopte una decisión irreversible.