Becas para sostener cinco programas sociales bonaerenses: nuevos montos y a quiénes alcanzan
El gobierno de Axel Kicillof actualizó el esquema de becas utilizado para sostener el funcionamiento de cinco políticas sociales de la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a Organizar Comunidad, Protección Integral a Personas en Situación de Calle, Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, todos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1852-MDCGP-2026, publicada este lunes 7 de septiembre, y establece nuevos valores para las categorías Administrativa, Profesional y Coordinación. Hay una distinción importante: no se trata de un aumento general de las prestaciones que reciben las personas destinatarias de esos cinco programas, sino de los estipendios correspondientes a quienes participan como becarios y becarias en su ejecución cotidiana.
Desde el 1° de julio, con carácter retroactivo, la categoría Administrativa quedó fijada en $833.688; la Profesional, en $961.947; y Coordinación, en $1.090.208. A partir del 1° de agosto, los valores volvieron a modificarse y pasaron a $849.570, $980.272 y $1.110.976, respectivamente.
La actualización representa una erogación superior a los $3.144 millones. De acuerdo con la resolución, $1.737.953.340,99 serán atendidos a través de una partida y otros $1.406.111.117,30 mediante otra, ambas incluidas en el Presupuesto bonaerense 2026. En el expediente intervinieron áreas del Ministerio de Economía, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado.
Qué son estas becas y quiénes las cobran
El sistema tiene como marco el Decreto 606/2021, que aprobó el Reglamento de Becas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Allí aparecen diferentes categorías según las funciones que requiere cada política: administrativas, destinadas a tareas de colaboración y seguimiento; profesionales, para personas con título habilitante; y de coordinación, para quienes tienen a cargo la organización del trabajo y el vínculo con las áreas ministeriales.
El reglamento determina que el número, duración y valor de las becas depende de las necesidades específicas de cada programa y de la disponibilidad presupuestaria. El aporte se abona mensualmente y la normativa aclara que la relación entre los becarios y el Estado provincial “no configura relación de empleo público”. También establece obligaciones, jornadas y mecanismos de certificación de las tareas realizadas.
La resolución publicada ahora da continuidad a una secuencia de actualizaciones. En marzo, la Resolución 416/2026 ya había incrementado retroactivamente los valores correspondientes a diciembre de 2025 y enero de este año.
Más tarde se fijaron desde febrero $739.381 para la categoría Administrativa, $853.131 para la Profesional y $1.014.550 para Coordinación; desde abril esos valores habían quedado en $794.064, $916.227 y $1.038.392. La nueva escala lleva desde agosto esos tres niveles a $849.570, $980.272 y $1.110.976.
La propia normativa vincula esos recursos con la necesidad de contar con personas que respondan a las tareas y demandas surgidas del funcionamiento diario de las políticas. En Organizar Comunidad, por ejemplo, el esquema original contempla recepción de vecinos, visitas domiciliarias, elaboración de informes sociales, seguimiento de casos, trabajo territorial y participación de profesionales y coordinadores.
Del SAE y las UDI a Envión y la asistencia en calle
La escala de las políticas alcanzadas permite dimensionar dónde se desempeñan esos equipos. Las UDI constituyen una red de cuidado, apoyo alimentario y acompañamiento escolar para niñas, niños y adolescentes de entre 45 días y 14 años. Al cierre de 2025, la Provincia contabilizaba más de 1.590 espacios y cerca de 130.000 destinatarios en el territorio bonaerense.
El SAE tiene una dimensión todavía mayor. Actualmente garantiza prestaciones alimentarias a más de 2,5 millones de estudiantes en unas 11.700 escuelas públicas de los 135 municipios. En julio, Kicillof y Larroque anunciaron un incremento adicional del 15% para las prestaciones desde agosto, que llevó la inversión mensual de $54.000 millones a $70.400 millones. Esa decisión es distinta de la actualización de becarios conocida ahora, aunque ambas forman parte de la estructura con la que se ejecuta la política alimentaria.
En el caso de las personas en situación de calle, Desarrollo de la Comunidad articula asistencia con municipios y organizaciones sociales mediante unidades móviles, campañas estacionales y Centros de Integración Social. En abril de este año, la Provincia informó que la red de CIS había pasado de 28 a 58 dispositivos, distribuidos entre el AMBA y el interior y con funcionamiento durante las 24 horas.
Envión, por su parte, apunta a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad social, con talleres, acompañamiento educativo, formación laboral, actividades culturales y espacios comunitarios. Durante 2026 la cartera provincial informó que el programa llegó a más de 78.000 jóvenes y profundizó su despliegue territorial.
También aquí es necesario separar conceptos. Envión dispone de becas para sus destinatarios, tutores y prestaciones para equipos técnicos. En mayo, por ejemplo, la Provincia informó una suba del 25% de esas prestaciones y detalló que en Avellaneda existían 4.500 becas para jóvenes, 450 para tutores y 225 prestaciones destinadas a equipos técnicos. La Resolución 1852, en cambio, actualiza específicamente el esquema general de becarios enmarcado en el Decreto 606/2021 que interviene en Envión junto con las otras cuatro políticas.
Una actualización dentro de una agenda social más amplia
La decisión se conoce después de otras modificaciones presupuestarias adoptadas durante el año. En julio, la Provincia anunció una suba del 15% para el SAE desde agosto y otro incremento del mismo porcentaje para las UDI desde septiembre. Para el servicio alimentario escolar, la administración bonaerense estimó una inversión anual de $588.850 millones y un aumento acumulado del 49,58% durante 2026.
Ese mismo mes, Desarrollo de la Comunidad prorrogó hasta enero de 2027 la suspensión del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense (MESA) y concentró recursos en el SAE, al que definió como su principal política alimentaria.
Al anunciar los aumentos para alimentación escolar y dispositivos destinados a niños y adolescentes, Larroque había ubicado esas decisiones dentro de la estrategia social de la gestión bonaerense: “Por decisión política de nuestro Gobernador estamos multiplicando las herramientas para aumentar las prestaciones sociales y acompañar a los pibes, pibas y las familias bonaerenses en ese momento tan difícil”.