Política Por: Pamela Orellana12 de julio de 2025

Denuncian a tuiteros de Milei por incitar al odio y la violencia contra el Congreso

El Gordo Dani y Fran Fijap, tuiteros libertarios ligados al Gobierno, pidieron tanques y dinamita contra el Congreso durante la sesión por aumentos a jubilados, moratoria previsional y fondos para las provincias. Denuncias penales y repudio político generalizado.
Denuncian a tuiteros de Milei por incitar al odio y la violencia contra el Congreso (Gordo Dan)

Los mensajes explosivos de algunos de los tuiteros más cercanos al oficialismo volvieron a cruzar todos los límites. Mientras el Senado debatía proyectos que irritan al presidente Javier Milei —como aumentos para jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y envío de fondos a provincias—, desde las redes sociales libertarias más fanatizadas lanzaron un aluvión de amenazas e incitaciones violentas contra el Congreso.

Entre los apuntados figuran Daniel Parisini, alias Gordo Dan, y Franco Antunes Puchol, conocido como Fran Fijap. Ambos son usuarios con fuerte presencia digital y vínculos directos con La Libertad Avanza, incluso validados en varias oportunidades por el propio Presidente. En plena sesión, la senadora Juliana di Tullio (UxP) denunció los posteos y anticipó una presentación judicial, que se suma a otra ya radicada en Mendoza.

Pedidos de tanques, F16 y dinamita

La escalada comenzó el jueves. Gordo Dan tuiteó: “Los tanques a la calle ya. Es ahora”, seguido por un pedido al mandatario: “Javo, poné un F16 a sobrevolar Congreso ya”. Poco después, subió un video editado donde se ve a Milei a bordo de un tanque disparando contra el edificio legislativo. En la misma línea, Fran Fijap publicó: “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”.

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Los mensajes no fueron aislados ni anónimos. De hecho, este viernes, dos abogados mendocinos presentaron una denuncia penal ante la fiscalía federal de Alejandra Obregón, acusando a Parisini y Antunes Puchol por intimidación pública, instigación a cometer delitos y apología del crimen. Además, solicitaron que se investigue si estos referentes digitales reciben financiamiento del Estado nacional.

La denuncia de Gervasoni y la preocupación por el impacto social

En paralelo, el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC), Roque Gervasoni, también denunció a Gordo Dan y a otro usuario libertario, El Pytttt, por convocar a la violencia en un contexto de creciente malestar social. “Alientan un golpe cívico-militar y fomentan el odio en una sociedad cada vez más oprimida y confundida”, señaló el funcionario, advirtiendo que estas expresiones pueden empujar a personas vulnerables a tomar decisiones impulsadas por el hartazgo y la bronca.

“No es ni gracioso, ni inocente. Es grave. Pone en peligro la paz social y la integridad física de los legisladores y del pueblo en general”, agregó Gervasoni. Y remarcó que la denuncia no pretende limitar la libertad de expresión, sino marcar un límite a los excesos de ciertos fanáticos oficialistas que operan con impunidad en redes.

¿Militancia o delito? La Justicia, en el centro del debate

La reacción judicial no se hizo esperar, pero las críticas por la doble vara del Poder Judicial no tardaron en llegar. Eduardo Tavani, abogado y presidente de la APDH, se preguntó: “Si estas expresiones no son delito, ¿qué lo es?”, y apuntó a la pasividad judicial ante los voceros de Milei, contrastando con la dureza con que se actúa frente a simples críticas opositoras.

Desde el FIT, Myriam Bregman también criticó la impunidad con la que operan estos usuarios. “A un mozo lo detuvieron por un tuit contra el Presidente, pero a los voceros libertarios nadie los toca”, cuestionó.

Cabe recordar que en noviembre de 2023, Gordo Dan y otros referentes oficialistas se autoproclamaron como el “brazo armado” del Gobierno, en un acto en San Miguel. Desde entonces, sus posteos son replicados o respaldados por cuentas cercanas al Presidente. Aunque el viernes intentaron relativizar sus dichos, el daño ya estaba hecho. Y ahora, será la Justicia la que deberá determinar si estos mensajes son simples provocaciones digitales o si cruzaron la frontera del delito.

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