Procuración del Tesoro: achique histórico y 60 despidos confirmados
En una decisión que sacudió los pasillos de la administración pública, el Gobierno nacional confirmó una reestructuración profunda de la Procuración del Tesoro de la Nación. El anuncio llegó acompañado de la desvinculación de más de 60 empleados y una fuerte reducción de áreas técnicas, como parte de una estrategia de ajuste orientada a "eficientizar el gasto público".
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la medida busca "fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar la estructura al principio de austeridad". Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación de direcciones y la disolución de instituciones internas.
Cambios estructurales y achique del personal
Concretamente, la Procuración pasará de tener seis Direcciones Nacionales a solo cuatro. Además, se decidió cerrar la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que ahora reducirá su plantel a solo un tercio del personal original. Esta escuela tenía como función la capacitación interna y la difusión de doctrina jurídica, tareas que serán redistribuidas.
El recorte no es nuevo: ya en febrero, con el arribo de las nuevas autoridades, había comenzado una poda que redujo en un 20% la planta del organismo. La nueva etapa incluye también una reasignación de competencias estratégicas, reducción de unidades jerárquicas y reorganización de funciones superpuestas.
La filtración que desató la tormenta: el caso YPF
La reestructuración se da justo después de que saliera a la luz la venta de información confidencial del juicio entre Argentina y el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF. Según trascendió, se habría filtrado documentación interna de la Procuración, lo que habría generado un verdadero terremoto dentro del Gobierno.
"Hay áreas que se van a disolver porque hay información que se filtró y está relacionada con YPF", confiaron fuentes oficiales a Ámbito. Aunque no se detalló qué archivos fueron vendidos ni quiénes participaron en la operación, el impacto en la estrategia judicial del Estado argentino podría ser grave, ya que compromete litigios sensibles ante tribunales internacionales.
A pesar del escándalo, el procurador Santiago Castro Videla seguirá en funciones. "No se toca", aseguraron desde Casa Rosada, mientras avanza el cierre de áreas administrativas vinculadas con la filtración.
Qué está en juego para Argentina
El juicio por YPF es uno de los más delicados que enfrenta el país, con activos estratégicos en riesgo, como la petrolera estatal. La filtración de archivos internos no solo amenaza la posición legal de Argentina en el litigio, sino que expone la debilidad institucional de un organismo clave.
Con la reestructuración, el Gobierno intenta dar una señal política de control y disciplina interna, aunque el impacto real de la filtración todavía está por medirse en los tribunales internacionales.