De la salud a la basura: el peronismo bonaerense prepara su contraataque a Jorge Macri
La decisión de Jorge Macri de reservar los Centros de Diagnóstico Porteños para residentes de la Ciudad de Buenos Aires abrió una nueva disputa con el peronismo bonaerense, que llevó el conflicto a la Cámara de Diputados y anticipó una respuesta legislativa sobre la basura que CABA deposita en territorio provincial. La discusión, que comenzó por el acceso a la salud, incorporó reclamos por recursos, tratamiento de residuos y el traslado de presos desde Devoto hacia Marcos Paz.
El martes 20 de octubre, sobre el cierre de la sesión, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, impulsó un repudio a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño y cuestionó que el PRO y La Libertad Avanza no acompañaran la iniciativa. Pero su intervención fue más allá de la protesta política: anunció que su espacio trabajará en un proyecto para poner límites a la disposición de residuos porteños en municipios bonaerenses.
La ofensiva se produjo después del mensaje que Macri publicó el 16 de octubre: “Se terminó ser la prepaga del Conurbano”. El mandatario anunció que los centros de diagnóstico de la Ciudad serían exclusivos para porteños. La restricción se concentró en esos establecimientos de atención ambulatoria y estudios especializados, sin significar el cierre de todos los hospitales públicos porteños a los residentes de la Provincia.
La exclusividad sanitaria llegó al recinto
La política sanitaria forma parte de una estrategia anterior. El Decreto 142/2026, firmado el 8 de abril, estableció un criterio de prioridad para los residentes de CABA en la asignación de turnos, cupos y prestaciones de servicios estatales. El texto contempla atención preferente, no una exclusión general, y exceptúa expresamente las urgencias y emergencias médicas, así como las prestaciones alcanzadas por convenios interjurisdiccionales.
La diferencia entre esa prioridad y la exclusividad proclamada para los centros de diagnóstico alimenta la controversia. La Ley 153 de Salud de la Ciudad dispone que sus garantías alcanzan a todas las personas, residentes o no. La gestión porteña ya había presentado como exclusivo para vecinos de la Capital el centro inaugurado en Palermo en julio, antes del mensaje que reavivó la polémica en octubre.
En Diputados, el jefe del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich, defendió el funcionamiento del sistema sanitario porteño y cuestionó la situación provincial. Según las cifras que expuso, la Ciudad destina el 16,5% de su presupuesto a salud, frente al 7% de la Provincia. También aseguró que 45 de cada 100 consultas en establecimientos porteños corresponden a personas del Conurbano y reclamó una deuda bonaerense de aproximadamente $27.000 millones por prestaciones.
El legislador sostuvo que esos pacientes seguirán siendo atendidos. Su posición contrastó con la interpretación del peronismo sobre el anuncio de Macri y dejó planteada una discusión concreta: qué servicios mantienen el acceso para no residentes y cuáles quedan restringidos por el criterio de domicilio.
Tignanelli calificó el discurso del jefe de Gobierno de “consignismo barato y berreta” y reprochó a los bloques opositores no haber respaldado el repudio. Para el dirigente de La Cámpora, el conflicto no se limita a quién obtiene un turno médico: forma parte de una relación desigual en la que millones de bonaerenses trabajan, consumen y generan actividad económica diariamente en la Capital.
La respuesta que prepara el peronismo por la basura
El anuncio más concreto del diputado apuntó al destino de los residuos. Tignanelli adelantó que impulsará una iniciativa para que la Ciudad deje de enviar basura a rellenos ubicados en territorio bonaerense. También se mencionó la posibilidad de establecer tributos sobre actividades o servicios que generan cargas para el Conurbano. Por ahora, se trata de propuestas anunciadas políticamente, no de una ley sancionada ni de un nuevo régimen de cobro vigente.
La discusión tiene un soporte material: la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), integrada en partes iguales por la Ciudad y la Provincia. Su complejo ambiental Norte III, situado en territorio bonaerense, recibe residuos de CABA y de numerosos distritos del Gran Buenos Aires. La empresa informa un ingreso promedio de 436.325 toneladas mensuales al predio, una cifra que reúne desechos de ambas jurisdicciones y no corresponde exclusivamente a la Capital.
El legislador, oriundo de La Matanza, cuestionó que los municipios deban asumir las consecuencias ambientales de enterrar residuos producidos fuera de sus límites. El planteo lleva a la agenda legislativa un problema que suele procesarse mediante acuerdos de gestión metropolitana: dónde se dispone la basura, qué impacto genera y cómo se distribuyen los costos del tratamiento y la infraestructura.
“No somos el patio trasero de CABA”, sostuvo Tignanelli. Su reclamo incluyó una crítica a las ventajas presupuestarias y tributarias que, a su entender, concentra la Capital por albergar sedes de grandes empresas y buena parte de la actividad económica del país. También cuestionó la diferencia entre la representación parlamentaria nacional de ambos distritos en relación con su población.
La reacción no quedó limitada a La Cámpora. Referentes del Frente Renovador y sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof también cuestionaron la política sanitaria de la Ciudad. El malestar abre la posibilidad de acuerdos legislativos, aunque todavía falta conocer el articulado, los alcances y los apoyos que tendrán las iniciativas anunciadas.
Presos, recursos y una pelea metropolitana
La dirigente del Frente Renovador Malena Galmarini había llevado la controversia al terreno de los servicios compartidos el 17 de octubre. En redes sociales preguntó qué ocurriría si la costa bonaerense se reservara para habitantes de la Provincia, si CEAMSE dejara de recibir basura porteña o si los detenidos de Devoto no pudieran trasladarse a Marcos Paz.
El traslado penitenciario le dio actualidad al contrapunto. El 8 de octubre, Nación y Ciudad formalizaron la recepción provisoria del nuevo complejo federal de Marcos Paz; el movimiento de internos comenzó el día 11 y el Gobierno nacional anunció el 19 la conclusión de su primera fase. El operativo comprende el desplazamiento gradual de alrededor de 1.500 personas alojadas en la cárcel de Villa Devoto hacia un establecimiento construido por la Ciudad en suelo bonaerense y entregado a la Nación.
Macri presentó esa mudanza como el cumplimiento de un reclamo histórico de los vecinos de Devoto. Para los dirigentes bonaerenses que cuestionan su gestión, el episodio se suma a la utilización de infraestructura provincial para resolver necesidades de la Capital. El contraste entre una política sanitaria que establece diferencias según el domicilio y otros servicios que funcionan a escala regional quedó instalado en el centro de la disputa.
El próximo movimiento se trasladará al terreno legislativo: Fuerza Patria deberá definir si presenta un texto para limitar el ingreso de residuos porteños, proponer compensaciones económicas o avanzar con ambas alternativas. Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad mantiene su política de prioridad para residentes y la pelea política sigue abierta, ahora con la basura y los costos de la integración metropolitana como nuevos ejes de discusión.