Organizaciones marchan al Congreso contra el veto de Milei
Organizaciones sociales, familiares, personas con discapacidad y prestadores de servicios se movilizarán este martes desde las 11.30 frente al Congreso y en plazas de todo el país, en una Jornada Federal de protesta por el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La convocatoria fue lanzada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que definió la decisión oficial como “una muestra de abandono y exclusión hacia los sectores más vulnerables”.
“Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir”, expresaron desde el Foro.
La ley vetada por el Ejecutivo contemplaba medidas urgentes para personas con discapacidad que hoy enfrentan condiciones críticas. Según el Foro:
Personas en talleres protegidos sobreviven con $28.000 al mes.
Miles aún no accedieron a pensiones, lo que las deja sin ingresos ni cobertura básica.
Prestaciones esenciales están en riesgo: los aranceles no cubren ni lo mínimo, y los prestadores están al borde del cierre.
“¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?”, preguntaron desde la organización, que también llamó a suspender actividades en centros de atención para acompañar la protesta.
Jornada federal y paro de prestadores en todo el país
Además de la concentración en Congreso, habrá paros en centros de día, hogares, escuelas especiales y servicios de rehabilitación. La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) convocó con una frase que lo resume todo: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”.
También se sumarán acciones en otras ciudades del país, como Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, La Plata, Salta y Tucumán.
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) exigieron que el Congreso anule el Decreto 534/25, con el que el presidente vetó totalmente la ley votada por amplia mayoría en ambas cámaras.
La organización destacó que la norma tenía dos puntos clave:
Acceso a pensiones compatibles con trabajo formal
La ley permitía que personas con discapacidad con Certificado Único (CUD) accedan a una pensión sin necesidad de demostrar incapacidad total, algo que hoy es obligatorio. Además, establecía la compatibilidad entre pensión y empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
“No se trata de pensiones millonarias. El monto actual es de $217.000, equivalente al 70% de una jubilación mínima”, explicó REDI.
Aranceles actualizados para prestadores
El segundo punto era un reajuste extraordinario en los pagos a prestadores de servicios —como maestros de apoyo, hogares y centros de rehabilitación— que están en situación crítica.
“Hoy una maestra de apoyo cobra $3.000 la hora, con contratos de apenas 180 días. Con el veto, esta postal de precariedad se perpetúa”, advirtieron. El impacto fiscal, según REDI, es mínimo: 0,22% del PBI para las pensiones y 0,03% para los prestadores.
"La ley era urgente, el veto fue cruel"
Desde las organizaciones, la lectura es unánime: el veto presidencial no fue un gesto de austeridad sino una decisión política de abandono.
“El Congreso reconoció la crisis del sector. Si acepta el veto es por falta de empatía y desconocimiento”, señalaron desde REDI. Por su parte, Discas en Lucha convocó a movilizar también este miércoles a las 15 en el Congreso, en articulación con el reclamo de jubilados, llevando el repudio al veto también a esa jornada.