El Gobierno frena el nuevo Código Penal en CABA

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, decidió frenar la implementación del nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue oficializada a través de la Resolución 530/2025, publicada este lunes, y responde a la falta de condiciones técnicas e infraestructura para ponerlo en marcha.

Falta de infraestructura y riesgo institucional

Según el texto oficial, la decisión se basó en un informe de la Procuración General de la Nación, que advirtió que no están garantizados los requisitos mínimos para iniciar el sistema. Para evitar un “conflicto institucional” que afecte el servicio de justicia, la resolución establece diferir “por única vez y con carácter excepcional e improrrogable” el inicio de la reforma.

El nuevo sistema traslada la investigación de los jueces a los fiscales y se desarrolla principalmente en audiencias orales, con escasa documentación escrita.

Fechas reprogramadas en otras jurisdicciones

Además del caso de la Ciudad, la norma fijó que el Código se aplicará en las Cámaras Federales de Apelaciones de Posadas y La Plata el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2026, respectivamente.

Desde marzo, el Ministerio reactivó las gestiones para “poner en marcha el nuevo sistema de enjuiciamiento penal a nivel federal” en un contexto de austeridad presupuestaria y dificultades económicas.

Entre las acciones previstas figuran:

• Refacción y equipamiento tecnológico de las salas de audiencia
• Adquisición de software para investigaciones complejas
• Compra de computadoras y notebooks
• Capacitación de jueces, fiscales, defensores y funcionarios

Qué cambia con el nuevo Código

Presentado en marzo de 2024 por Cúneo Libarona, el Código Procesal Penal Federal apunta a una “transformación absoluta de la Justicia”, siguiendo el modelo ya vigente en Jujuy y Salta desde 2015. Bajo este esquema, toda causa es recibida por el Ministerio Público Fiscal y el proceso se desarrolla de manera oral y adversarial: la fiscalía y la defensa presentan sus argumentos ante un juez imparcial.

“El fiscal se convierte en quien impulsa la investigación y realiza las acusaciones contra el presunto delincuente, mientras que el juez actúa como árbitro y garantiza las reglas del proceso”, explicó el ministro.