Escándalo $LIBRA: Milei bajo la lupa judicial y parlamentaria
La causa por la estafa del token $LIBRA vive un momento clave. La semana próxima, el abogado Fernando Burlando solicitará a la jueza María Servini la detención de los 'criptobros' Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, empresarios cripto cercanos al presidente Javier Milei. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados podría aprobar un dictamen que reactivaría la comisión investigadora del caso $LIBRA, paralizada por meses debido a la falta de acuerdo en la designación de autoridades, y permitiría su funcionamiento hasta el 10 de noviembre.
Burlando y el pedido de detención
Burlando, quien representa a varios damnificados, entre ellos el especialista en cripto Martín Romeo, señaló: “Con lo que ya tenemos, va a ser muy complicado parar esto” y agregó que “parte del dinero fue a la función pública”. El abogado detalló que la solicitud de detención está vinculada a los movimientos de dinero que Novelli y Terrones Godoy realizaron durante y después del lanzamiento del memecoin, incluyendo operaciones recientes relacionadas con la causa judicial.
“Lo hacen con una impunidad que enoja”, afirmó Burlando. Reconoció además que “la trazabilidad se hace cada vez más complicada, pero igual vamos a llegar”.
Diez días antes del lanzamiento del token, una billetera controlada por los imputados recibió 695.990 dólares en USDT, abrieron dos cajas de seguridad en Martínez y, tras el desplome del token, la madre y la hermana de Novelli retiraron fondos. A mediados de julio, cuando la jueza Servini intentó congelar los fondos, dos fiscalías especializadas detectaron que los criptobros habían movido los tokens y transformado buena parte a Ethereum, una criptomoneda que no se puede bloquear.
“Hay partes (del dinero) que fueron a la función pública y otra parte que se quedó esta gente”, señaló Burlando, en coincidencia con el fiscal Eduardo Taiano, quien indicó que del movimiento de dinero “surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.
El polémico posteo de Milei sobre la criptomoneda $Libra.
“La estafa, el cohecho, el abuso de autoridad. La investigación está escalando de una forma inusitada. Yo no sé si no va a aparecer la figura de asociación ilícita”, advirtió Burlando. Y agregó: “Si me preguntan si va a llegar el knock out, yo diría que sí”.
El especialista en cripto Martín Romeo y un grupo de 25 inversores de distintos países perdieron entre 500 mil y 1,8 millones de dólares. “Ante los reiterados intentos de burlar a la Justicia y evadirla, hemos decidido pedir la detención inmediata de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli”, dijo Romeo en X.
La comisión investigadora en Diputados
Por otro lado, la oposición logró dictaminar un mecanismo que podría destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA, paralizada durante meses. La propuesta, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, introduce un procedimiento para desempatar la elección de autoridades: si hay empate, la presidencia se asignará al candidato respaldado por los bloques con mayor representación en la Cámara. La vicepresidencia y la secretaría se otorgarán según el mismo criterio.
La titularidad de la comisión tiene relevancia concreta: el presidente tiene voto doble en caso de empate y define la agenda de trabajo. La votación en el recinto está prevista para el próximo miércoles 20 de agosto y, de aprobarse, la comisión tendría hasta el 10 de noviembre para emitir su informe final. Esto ocurriría en plena campaña electoral y permitirá convocar testigos, solicitar documentación y realizar todas las diligencias necesarias.
El oficialismo criticó la iniciativa, considerando que se cambian reglas vencidas y se abre un frente de control parlamentario en un año electoral caliente. “Están tratando de modificar algo vencido. Quieren cambiar las reglas de juego porque están perdiendo”, aseguró Álvaro Martínez (LLA). Por su parte, Sabrina Selva (Unión por la Patria) aclaró: “En ningún momento se habló de responsabilidad penal de Milei, pero el Congreso no puede hacer oídos sordos”.