Diputados: duro golpe opositor a Milei en el caso $LIBRA
Juan Manuel Villarreal


La Cámara de Diputados fue escenario de un fuerte revés para el oficialismo. La oposición logró imponer un dictamen clave para reactivar la comisión investigadora del escándalo $LIBRA, que lleva meses paralizada por la falta de acuerdo en la designación de autoridades.
El megabloque opositor —Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y la izquierda— consiguió 38 firmas sobre un total de 66 votos en el plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Cómo se destrabó la comisión investigadora
La propuesta, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, introduce un mecanismo para desempatar la elección de autoridades. Si se repite un empate, la presidencia quedará para el candidato respaldado por los bloques que representen la mayoría de diputados en la Cámara.
La vicepresidencia recaerá en quien obtenga el segundo mayor respaldo y la secretaría será asignada por el mismo bloque que apoyó al presidente.

Por qué el control de la presidencia es clave
La titularidad de la comisión no es un cargo simbólico: el presidente tiene voto doble en caso de empate y fija la agenda de trabajo.
Durante dos votaciones consecutivas, la comisión quedó bloqueada 14 a 14, lo que frenó la investigación. El caso $LIBRA apunta a presuntas maniobras con criptomonedas y la difusión de información falsa desde la cuenta de "X" del presidente Javier Milei.
Los plazos y poderes que tendrá la comisión
Si el dictamen se aprueba en el recinto —posiblemente el 20 de agosto—, la comisión tendrá hasta el 10 de noviembre para emitir su informe final, en plena campaña electoral.
El reglamento prevé tres meses de investigación y un mes adicional para redactar conclusiones, con la facultad de convocar testigos, pedir documentación y realizar todas las diligencias necesarias.
Un debate que incomoda al oficialismo
La votación del 20 de agosto coincidirá con otros proyectos impulsados por los gobernadores, que reclaman fondos al Ejecutivo. Para el oficialismo, la puesta en marcha de la comisión significa abrir un frente de control parlamentario en un año electoral caliente.

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