En ocho meses, el Gobierno busca vender AySA al sector privado
El Gobierno nacional puso en marcha este martes la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial, ordena la venta del 90% de las acciones de la compañía estatal en un plazo máximo de ocho meses.
Qué establece la resolución oficial
El Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a liderar el proceso de traspaso. Para eso, deberá contratar a un banco estatal que realice la valuación del paquete accionario y coordine su venta en los mercados locales.
La Secretaría de Obras Públicas, en tanto, tendrá a su cargo la preparación de la documentación técnica y contractual, incluyendo el contrato de concesión.
El texto oficial aclara que la tasación debe hacerse con organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. Si esto no fuera posible, se podrá recurrir a entidades internacionales o privadas, aunque sin poder participar en la adjudicación. La valuación, en cualquier caso, mantendrá carácter de presupuesto oficial.
Los motivos del cambio
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la privatización tiene como objetivo “modernizar el sector” y mejorar tanto la calidad como el valor del servicio.
La venta se instrumentará bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y combinará diferentes mecanismos de colocación en los mercados de capitales.
Respecto al 10% restante del capital accionario, el Gobierno confirmó que quedará en manos de los trabajadores, dentro del programa de propiedad participada ya vigente en AySA.
El rol del Tribunal de Tasaciones
El comunicado también detalló que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó su “imposibilidad” de realizar una valuación integral en un plazo “razonable”. Por eso, la resolución habilita la participación de otros organismos para cumplir con el cronograma.
El trasfondo político
El anuncio se produce semanas después de que diputados de Unión por la Patria presentaran un proyecto para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025. Esas normas, impulsadas por el Ejecutivo, reformaron el esquema de provisión de agua y dieron inicio al camino hacia la privatización de AySA.