Soberanía energética en riesgo: la oposición presiona para frenar la privatización nuclear
El Gobierno nacional anunció esta semana la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), responsable de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, “el proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional”.
La medida, respaldada en la Ley Bases, genera tensiones, dado que la empresa estatal registra superávit: $17.234 millones en el primer trimestre de 2025, con proyecciones de alcanzar $23.389 millones a fin de año. Actualmente, los accionistas son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (Enarsa).
El objetivo declarado del Gobierno es “ordenar las cuentas públicas y continuar las operaciones de manera eficiente y competitiva”, aunque la oposición advierte que esta privatización pone en riesgo la seguridad y la soberanía energética del país.
CAREM-25 y el riesgo para la soberanía nuclear
Entre los activos estratégicos de NASA, sobresale el CAREM-25, primer reactor nuclear de potencia diseñado íntegramente en Argentina. Según Adriana Serquis, ex titular de la CNEA y candidata a diputada por Río Negro (FP), “lo que está en riesgo es la soberanía en un sector estratégico. Ponen en riesgo el primer desarrollo real de un reactor de potencia. Desfinanciar y desmoralizar a los equipos de trabajo hace que sea más difícil de reconstruir”.
El proyecto CAREM-25, con inversión de 750 millones de dólares y un avance del 65%, involucra más de mil contratos con pymes locales. José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, advirtió que “la privatización del sistema nuclear argentino es gravísima… Ni la Coca-Cola te vende su fórmula”, subrayando el carácter estratégico y de seguridad del proyecto.
Por su parte, la diputada Florencia Carignano completó: “No sucedió ni siquiera en los ’90”. Ambos remarcan que la transferencia de capacidad y conocimiento al sector privado podría dilapidar décadas de inversión y expertise del país.
Legislación en debate y contexto económico
En paralelo, la oposición presentó un proyecto en el Congreso para declarar al sistema nuclear como un “bien público estratégico no enajenable” y derogar el artículo 8 de la Ley Bases que habilita la privatización parcial de NASA. Según Gabriela Estévez, diputada de Unión por la Patria, que presentó el proyecto junto con Pablo Carro y Carignano, “los intereses privados pueden no alinearse con los objetivos estratégicos y de seguridad del Estado”.
El debate llega en un contexto económico crítico: en apenas tres ruedas cambiarias, el Banco Central perdió más de 1.100 millones de dólares intentando contener la escalada del dólar, una cifra similar a la que espera recaudar la privatización de NASA.
Según el relevamiento del Centro Argentino de Datos, sólo la intervención del jueves —por 379 millones de dólares— equivale a 4,5 veces el presupuesto de la Ley de Emergencia en Pediatría vetada por el Presidente, o prácticamente a todo el presupuesto de la UBA para 2024.
Por su parte, trabajadores de NASA advierten que el congelamiento salarial y la pérdida de personal calificado agravan la situación: “La gente se va de la empresa. Los trabajadores son el activo más importante que tiene el sector nuclear, y los estamos perdiendo después de que el Estado invirtió mucho dinero en su formación”, señalaron.
El panorama político y económico expone un conflicto que trasciende la gestión: retroceder en el desarrollo nuclear implicaría no solo una pérdida de soberanía, sino también relegar al país a un rol subordinado en la geopolítica energética global.
La oposición, mientras tanto, busca consolidar un freno legal y estratégico en el Congreso, con la mira puesta en la próxima sesión del Senado, prevista para el 2 de octubre, donde intentará avanzar en la protección del sistema nuclear y detener de manera definitiva la privatización parcial de NASA.