Edificios ociosos y patrimonio disperso: la agenda bonaerense para sacar provecho de los bienes del Estado
La provincia de Buenos Aires comenzó a poner orden sobre una parte de su patrimonio inmobiliario. El Ministerio de Economía, que conduce Pablo López, activó el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público Provincial, una herramienta destinada a identificar las propiedades estatales afectadas al uso público, reunir su información registral y establecer mecanismos para preservar su destino.
El movimiento se inserta en una discusión más amplia dentro del oficialismo sobre qué hacer con edificios, terrenos y otros activos que permanecen dispersos entre organismos, subutilizados o directamente sin una función definida.
La Resolución 444 designó a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad como responsable de implementar el sistema. A partir de ahora, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán informar los inmuebles bajo su administración o custodia que puedan pertenecer al dominio público bonaerense, junto con sus antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos.
La información será centralizada por la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales, que tendrá a su cargo determinar la situación jurídica de cada propiedad y gestionar su incorporación. Cada bien registrado contará con una Ficha DP, identificada por partido, con documentación sobre su afectación, datos dominiales y antecedentes catastrales.
Saber qué tiene la Provincia y cómo se usa
El nuevo esquema apunta a resolver un problema básico para cualquier administración: saber con precisión qué propiedades forman parte del dominio público, dónde están y bajo qué condiciones se encuentran. También fortalece la capacidad provincial para actuar frente a ocupaciones o intervenciones que alteren esos bienes, ya que la normativa contempla facultades de policía administrativa y, cuando corresponda, la restitución del inmueble.
Pero la discusión por el patrimonio estatal no termina en ese registro. Dentro de Unión por la Patria, el Frente Renovador impulsa una iniciativa que busca extender esa lógica sobre un universo mucho mayor de activos bonaerenses.
La diputada Sofía Vannelli propone crear una Agencia de Administración de Bienes del Estado provincial, con autarquía económico-financiera y facultades para centralizar la información, auditar propiedades y participar en su gestión.
El proyecto abarca tanto inmuebles como bienes muebles registrables y parte de un diagnóstico: la información está actualmente repartida entre ministerios, dependencias y organismos, con distintos registros y niveles de actualización.
“Existe una dispersión de inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado provincial que imposibilita su disposición y administración integral por el Poder Ejecutivo”, sostuvo Vannelli al fundamentar la propuesta. La legisladora advirtió además que esa fragmentación puede derivar en propiedades “mal administradas, usurpadas, desviadas de sus fines o simplemente ignoradas”.
De los edificios sin uso a nuevos destinos
La iniciativa massista apunta especialmente a los bienes que el Estado posee pero no aprovecha plenamente. La futura agencia podría revisar condiciones de mantenimiento, ocupación y conservación y, cuando detectara falta de uso específico, subutilización o innecesariedad, impulsar la desafectación o reasignación a otra dependencia.
El mecanismo permitiría, por ejemplo, evitar que un edificio permanezca durante años asignado a un organismo que ya no lo utiliza mientras otra dependencia paga un alquiler. También habilitaría usos precarios para organismos públicos o entidades que desarrollen actividades de interés general, manteniendo la propiedad en manos del Estado.
El proyecto suma además una dimensión económica. La agencia tendría intervención en alquileres, adquisiciones, asignaciones, transferencias de uso y operaciones de disposición dentro del marco legal. Cuando esas operaciones generaran recursos, el 70% quedaría para el organismo que tuviera la custodia efectiva del bien y el 30% iría al Tesoro provincial. El esquema busca incentivar que las dependencias informen y pongan a disposición las propiedades que ya no necesitan.
El aprovechamiento también puede adoptar una finalidad social o urbana. El texto contempla que la valorización obtenida mediante convenios con municipios pueda destinarse a viviendas, urbanización, servicios, hospitales, escuelas, infraestructura vial y otros proyectos públicos.
Una discusión distinta a la que impulsa Nación
La agenda bonaerense avanza mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene otra política sobre los activos estatales. A nivel nacional, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fue instruida para profundizar la enajenación de propiedades del Estado nacional consideradas innecesarias, desafectadas o sin destino para la gestión. El Decreto 950/2024 ordenó avanzar con procedimientos de venta que habían quedado pendientes y habilitó nuevas operaciones.
El propio decreto sostiene que conservar inmuebles ociosos genera costos que deberían evitarse y plantea su disposición como parte de una búsqueda de mayor eficiencia administrativa. Esa política continuó con procedimientos de venta y subastas durante la gestión libertaria.
En Buenos Aires, el recorrido aparece orientado a otra secuencia: primero identificar y ordenar los bienes provinciales; después determinar cuáles cumplen una función, cuáles pueden recibir otro destino y cuáles permanecen subutilizados. El proyecto que impulsa el massismo pretende convertir esa información en una política integral de administración. Vannelli resumió el objetivo en la búsqueda de una “mejor administración, inventario, registración y defensa de los bienes del Estado Provincial”.