Patrimonio bajo la lupa: el plan del massismo para administrar los bienes bonaerenses

Saber cuántos inmuebles tiene la provincia de Buenos Aires, dónde están, qué organismo los ocupa y para qué se utilizan parece una tarea elemental. Sin embargo, la información se encuentra actualmente distribuida entre ministerios, dependencias y organismos con diferentes registros, criterios administrativos y niveles de actualización.

Sobre ese diagnóstico, el massismo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para crear la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta apunta a concentrar bajo una misma estructura la información, el control y la gestión de los inmuebles y bienes muebles registrables que componen el patrimonio provincial.

La autora de la iniciativa es Sofía Vannelli, diputada bonaerense de Fuerza Patria e integrante del Frente Renovador. El organismo proyectado funcionaría de manera descentralizada dentro del área económica provincial, tendría autarquía económico-financiera y contaría con personería jurídica propia.

El planteo excede la confección de una base de datos. La futura agencia podría fiscalizar propiedades, reasignar edificios entre dependencias públicas, controlar contratos y participar en operaciones de adquisición, alquiler, transferencia de uso o enajenación. Estas últimas continuarían sujetas a las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

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Un registro para saber qué tiene la Provincia

El corazón del proyecto es la creación del Registro de Bienes del Estado. Allí debería reunirse la información correspondiente a las propiedades provinciales, con datos sobre su ubicación, estado, ocupación, destino y condiciones de utilización.

Para construir ese inventario, los ministerios, organismos y entidades alcanzados por la ley tendrían que declarar los inmuebles que mantienen bajo su órbita y detallar qué actividades se realizan en ellos. También deberían informar el personal afectado y las características de cada ocupación.

La diputada fundamentó la iniciativa en la necesidad de alcanzar una “mejor administración, inventario, registración y defensa de los bienes del Estado Provincial”. Su advertencia apunta a un problema concreto: sin información centralizada resulta difícil conocer si una propiedad está cumpliendo una función pública, permanece vacía o se encuentra ocupada de manera irregular.

“Existe una dispersión de inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado provincial que imposibilita su disposición y administración integral por el Poder Ejecutivo”, sostuvo Vannelli al explicar la propuesta.

La legisladora también advirtió que la fragmentación de los registros puede provocar que los edificios y terrenos terminen “mal administrados, usurpados, desviados de sus fines o simplemente ignorados”.

Auditorías sobre edificios, terrenos y ocupaciones

La iniciativa crea además un Servicio de Auditoría de Inmuebles. Su tarea será relevar las condiciones de mantenimiento, ocupación, custodia y conservación de las propiedades, además de verificar que exista un uso racional del patrimonio público.

El control alcanzaría tanto a los bienes administrados directamente por la agencia como a aquellos entregados a ministerios y organismos provinciales. Si una fiscalización detectara falta de afectación específica, utilización indebida, subutilización o innecesariedad, la nueva estructura podría impulsar su desafectación y reasignación.

Los inmuebles destinados a un servicio público determinado permanecerían bajo la administración y custodia de la dependencia correspondiente. Cuando esa función finalizara, regresarían a la órbita de la agencia para recibir otro destino.

Ese mecanismo busca evitar que edificios sin actividad continúen formalmente asignados a un organismo durante años, aunque ya no sean necesarios para su funcionamiento. También permitiría reorganizar oficinas y reducir situaciones en las que una dependencia alquila espacios mientras existen propiedades provinciales disponibles.

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Además de administrar el registro, el organismo tendría intervención en la actividad inmobiliaria del Estado bonaerense. Podría participar en adquisiciones, locaciones, asignaciones, transferencias de uso y operaciones de disposición, siempre dentro de los procedimientos y autorizaciones establecidos por las leyes provinciales.

La autarquía no significaría, por lo tanto, una autorización automática para desprenderse de cualquier propiedad. Las ventas o transferencias definitivas continuarían condicionadas por el marco legal aplicable y por las intervenciones administrativas o legislativas correspondientes en cada caso.

La agencia también podría otorgar el uso precario y gratuito de inmuebles que circunstancialmente no tengan un destino útil. Los beneficiarios podrían ser organismos públicos o instituciones privadas legalmente constituidas que desarrollen actividades de interés general.

La figura permitiría aprovechar edificios o terrenos sin actividad para programas comunitarios, sociales o institucionales. Al tratarse de una cesión precaria, el Estado conservaría la posibilidad de recuperar el bien cuando necesitara asignarle otra función.

El destino de los fondos abre otra discusión

Uno de los artículos más relevantes establece cómo se distribuirá el dinero generado por ventas, alquileres, asignaciones o transferencias de uso. El 70% de los ingresos quedaría para la jurisdicción o entidad que mantuviera la custodia efectiva del inmueble, mientras que el 30% restante ingresaría al Tesoro provincial. Los recursos no utilizados al finalizar el ejercicio podrían trasladarse al período siguiente.

El esquema ofrece un incentivo económico para que los organismos informen, regularicen y pongan a disposición las propiedades que ya no necesitan. Al mismo tiempo, obliga a definir controles precisos sobre las valuaciones, los contratos y la utilización posterior de los recursos.

La fórmula reproduce rasgos del modelo vigente en la administración nacional. La Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación también centraliza información inmobiliaria y contempla una distribución del 70% para la jurisdicción que tiene la custodia y del 30% para el Tesoro Nacional.

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De los terrenos sin uso a las viviendas y obras públicas

El proyecto contempla una articulación específica con los municipios cuando las operaciones se desarrollen mediante fideicomisos o convenios urbanísticos. Si un cambio de zonificación, una modificación de indicadores urbanísticos u otro acuerdo incrementara el valor de una propiedad, esa diferencia podría aplicarse a obras realizadas por la Provincia o por el gobierno local donde se encuentra el inmueble.

Entre los destinos previstos figuran la construcción de viviendas, la urbanización de barrios, la provisión de servicios básicos, el mejoramiento de hospitales y escuelas, las intervenciones viales y otros proyectos de desarrollo social, económico, urbano o ambiental.

La presentación se produce mientras la administración de Javier Milei acelera la venta de activos considerados innecesarios. La discusión nacional también alcanzó a propiedades ubicadas dentro de la provincia de Buenos Aires y provocó cuestionamientos por su impacto urbano, productivo y territorial.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, once inmuebles bonaerenses fueron incorporados a un paquete de ventas autorizado por la Nación. Frente a ese proceso, otro proyecto de Fuerza Patria propuso reforzar la intervención de los municipios para evitar que las operaciones desconozcan las normas locales de ordenamiento territorial.