Tierras bonaerenses bajo la lupa: 834 mil hectáreas en manos extranjeras, dos distritos sobre el 15% y una nueva ley en debate

La discusión por la titularidad extranjera de tierras rurales sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense. El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado, Sergio Berni, presentó un proyecto para establecer un régimen provincial propio, con límites sobre la superficie que puede quedar en manos extranjeras y controles específicos sobre determinadas zonas del territorio.

La propuesta, denominada “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”, plantea crear el Régimen Provincial de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El texto fija como principal parámetro que la titularidad o posesión extranjera no pueda superar el 15% de la superficie rural total de la provincia de Buenos Aires, pero extiende el mismo techo a cada uno de los municipios.

El porcentaje cobra relevancia al compararlo con los datos incluidos en los fundamentos de las iniciativas que actualmente se discuten en la Legislatura. Según cifras del Registro Nacional de Tierras Rurales, en territorio bonaerense existen 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras, equivalentes al 2,89% de la superficie rural provincial.

El promedio provincial, sin embargo, convive con porcentajes distintos cuando el análisis se realiza municipio por municipio. Campana registra un 50,2% de tierras rurales bajo titularidad extranjera y Zárate alcanza el 24,8%, de acuerdo con los datos utilizados para fundamentar los proyectos. Ambos porcentajes se ubican por encima del 15% que las propuestas bonaerenses buscan establecer como máximo en cada distrito.

Otros municipios presentan niveles inferiores, aunque cercanos a los dos dígitos. Un relevamiento elaborado a partir de información del Registro Nacional y difundido por investigadores vinculados al CONICET y la UBA ubica a Benito Juárez en 13,4%, Presidente Perón en 12,4%, Exaltación de la Cruz en 12,1%, Almirante Brown en 11,8%, Ezeiza en 11%, Leandro N. Alem en 10,3%, La Plata y Florencio Varela en 9,9%, Esteban Echeverría en 9,7% y Monte en 8%.

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Del 15% provincial al límite por nacionalidad

El proyecto presentado en el Senado incorpora además una segunda barrera: las personas o sociedades de una misma nacionalidad extranjera no podrán concentrar más del 30% del cupo total permitido para extranjeros.

En la denominada Zona Núcleo, el texto agrega otro límite. Un mismo titular extranjero no podrá superar las 1.000 hectáreas, criterio que retoma parámetros que contenía la Ley Nacional 26.737 antes de su derogación. La delimitación utilizada en los proyectos bonaerenses comprende 22 municipios, entre ellos Junín, Pergamino, Chacabuco, Rojas, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Chivilcoy, Bragado y Arrecifes.

La iniciativa también incorpora controles sobre las sociedades y otras estructuras jurídicas que intervengan en operaciones sobre inmuebles rurales. En particular, establece mecanismos para conocer a los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión, con el objetivo de determinar quién ejerce efectivamente el control sobre las tierras alcanzadas por el régimen.

A eso se suma la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales, destinado a reunir información sobre la titularidad y las operaciones alcanzadas por la futura normativa.

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Otro capítulo del proyecto está dirigido a las denominadas zonas de protección territorial estratégica. La enumeración incluye cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y territorios vinculados con la agricultura familiar, entre otros espacios.

Al fundamentar la iniciativa, Berni sostuvo que la regulación apunta especialmente a las áreas vinculadas con la producción y los recursos naturales. “Defender el territorio es también defender nuestra capacidad de decidir qué modelo productivo y de desarrollo queremos para los bonaerenses”, afirmó el senador.

La propuesta invoca como sustento el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, y el artículo 28 de la Constitución bonaerense, referido a la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales.

El fallo de la Corte y la derogación que volvió a quedar operativa

El avance legislativo se produce después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la cautelar que había suspendido los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

El máximo tribunal revocó la sentencia que mantenía frenada esa derogación al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación suficiente para impulsar la acción. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, pero la decisión tuvo como efecto que el artículo 154 del DNU volviera a quedar operativo.

La Ley 26.737 había sido sancionada en 2011 y establecía, entre otros puntos, un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones por nacionalidad y por superficie para un mismo titular.

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Una discusión que ya avanzaba en Diputados

El proyecto ingresado en el Senado se suma a una discusión que ya se encontraba abierta en la Cámara baja bonaerense.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Comisión de Tierras y Organización Territorial de Diputados unificó iniciativas impulsadas desde distintos sectores de Fuerza Patria y emitió un texto que también establece el 15% como máximo, crea un Registro Provincial, contempla las 1.000 hectáreas en la zona núcleo e incorpora controles sobre sociedades y áreas estratégicas.

Durante la última sesión, el presidente del bloque oficialista en Diputados, Facundo Tignanelli, intentó acelerar el recorrido del expediente mediante una moción de preferencia, pero no obtuvo los dos tercios necesarios para incorporarlo al temario. “Probablemente no contemos con la mayoría necesaria, pero quiero dejar la inquietud planteada para la próxima sesión”, señaló durante el debate.

“Tres delincuentes”. El diputado pcial y referente de La Cámpora, Facundo Tignanelli calificó así a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. “Tres tipos encerrados en una habitación toman decisiones que involucran a las generaciones futuras”. https://t.co/QbNY4zS7uh

— si hay video hay clipeo (@PabloNavas92) September 30, 2026

También la presidenta de la Comisión de Tierras, Noelia Saavedra, había planteado la necesidad de avanzar con legislación propia frente a los cambios en la normativa nacional. La diputada sostuvo que “la provincia debe pensar en un régimen propio” para las áreas vinculadas con la producción de alimentos y otros espacios considerados estratégicos.

La pelea también sigue en la Justicia y el Congreso

Mientras la Legislatura bonaerense discute un régimen propio, la derogación de los límites nacionales abrió otro frente en los tribunales.  El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo de Enrique Alonso Regueira, rechazó la medida interina solicitada por los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender de manera inmediata el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.

El magistrado consideró que los legisladores no acreditaron la existencia de circunstancias “graves y objetivamente impostergables” que justificaran adoptar una decisión antes de escuchar al Estado Nacional. La desregulación, por lo tanto, continúa vigente mientras avanza el expediente.

La resolución no cerró la causa. Antes de pronunciarse sobre la cautelar de fondo, el juez ordenó al Gobierno nacional presentar, a través de la Procuración del Tesoro, un informe sobre el interés público comprometido. El plazo establecido es de cinco días hábiles, aunque Pichetto pidió reducirlo a dos.

“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional”, cuestionó Pichetto después de conocer la decisión. El diputado agregó que el rechazo de la medida preventiva permite que continúen las operaciones mientras se sustancia el expediente.

Como había informado GRUPOLAPROVINCIA.COM, Pichetto y Massot acudieron a los tribunales después de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación. El máximo tribunal resolvió aquella causa por falta de legitimación del CECIM La Plata y no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU.

La discusión ocurre sobre una estructura en la que, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales correspondientes a agosto de 2026, existen 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, cerca del 5% del total nacional. Desde 2018, la superficie aumentó aproximadamente 781.000 hectáreas, un 6,25%.

El Ministerio de Justicia informó además que durante la gestión de Javier Milei se otorgaron 111 certificados de habilitación para adquisiciones por extranjeros: 35 en 2024, 29 en 2025 y 47 durante 2026 hasta el momento del relevamiento.

La vía judicial corre en paralelo con el Congreso. Distintos bloques opositores solicitaron una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. El Senado ya lo había rechazado el 14 de marzo de 2024, por lo que una decisión en el mismo sentido de la Cámara baja completaría el procedimiento previsto por la Ley 26.122.