Seguridad en el Conurbano: Kicillof despliega fuerzas y patrulleros mientras la oposición pone bajo la lupa a la Bonaerense
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, profundizó su agenda de seguridad en el Conurbano con la inauguración de una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Florencio Varela y la incorporación de siete móviles policiales.
La actividad fue presentada por la administración provincial como otro paso dentro de su estrategia para fortalecer la prevención y ampliar la presencia de la Policía en los barrios. Sin embargo, el despliegue se produce en medio de una creciente presión opositora para que el Ejecutivo informe cuántos agentes están efectivamente en actividad, cuántos dejaron la fuerza y cuál es la situación salarial del personal.
La dependencia inaugurada en el centro de Florencio Varela contará con 120 efectivos y 30 mandos intermedios, preparados para intervenir rápidamente ante delitos y conflictos en distintos puntos del municipio. Durante el acto también fueron puestos en funcionamiento siete patrulleros, adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad.
“No se trata solamente de llegar con la fuerza una vez que el delito ocurre: lo fundamental es prevenir y, para ello, se necesita presencia en los barrios y trabajo articulado con todos los municipios”, afirmó Kicillof durante la actividad, de la que también participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente Andrés Watson.
El gobernador sostuvo que la apertura no constituye “una simple inauguración”, sino un nuevo avance dentro de una política orientada a jerarquizar a la Policía bonaerense y reforzar su despliegue territorial.
La puesta en marcha de la base llega, además, después de que Watson reclamara públicamente ampliar patrullajes, operativos, allanamientos e investigaciones ante una serie de hechos violentos registrados en el distrito.
El mandatario provincial aprovechó el acto para elevar el tono de su discurso sobre seguridad y pronunció una frase destinada a instalarse en el centro de la discusión política. “Contamos con más información, coordinación y herramientas para llevar tranquilidad a los vecinos: se acabaron las zonas liberadas en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.
Kicillof afirmó que durante su gestión se incorporaron tecnología, equipamiento y “cerca de 10 mil nuevos patrulleros”. También planteó que las políticas de prevención requieren una coordinación permanente entre la Provincia, los municipios y el Poder Judicial.
“Con un Estado presente, articulando con los municipios y el Poder Judicial, demostramos que hay una alternativa para proteger a las y los bonaerenses”, concluyó.
La disputa por los recursos nacionales
La agenda de seguridad volvió a quedar atravesada por el enfrentamiento entre Kicillof y Javier Milei. El gobernador acusó a la Casa Rosada de retener recursos pertenecientes a Buenos Aires y sostuvo que la Provincia mantendrá sus inversiones pese al ajuste nacional.
“La Provincia de Buenos Aires no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados, aunque el Gobierno nacional se quede con nuestros recursos: formamos cuerpos especiales, los capacitamos y los equipamos para dar una respuesta rápida y eficaz”, señaló.
Alonso profundizó el cuestionamiento y aseguró que la base y los móviles fueron financiados con fondos bonaerenses porque la Nación eliminó recursos específicos destinados al fortalecimiento de las políticas provinciales de seguridad.
La oposición pide abrir los números de la Bonaerense
Mientras el Ejecutivo exhibe su despliegue territorial, La Libertad Avanza trasladó la discusión al Senado. El legislador Matías De Urraza presentó un pedido de informes para conocer el estado real de la Policía bonaerense y determinar si existe una pérdida sostenida de personal capacitado.
El requerimiento busca precisar la cantidad total de integrantes de la fuerza, diferenciando entre agentes operativos y administrativos. También solicita información sobre las bajas registradas durante 2023, 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, incluyendo renuncias, jubilaciones, retiros, cesantías, exoneraciones y fallecimientos.
De Urraza quiere saber además cuántos policías ingresaron durante esos años, cuántos aspirantes se encuentran actualmente en formación y qué cantidad de egresados proyecta incorporar la Provincia durante 2026.
“Diversas informaciones de público conocimiento dan cuenta de un incremento sostenido en las bajas de efectivos policiales durante los últimos años”, argumentó el senador. Según advirtió, esa situación podría afectar la capacidad de prevención y respuesta frente al delito.
El planteo no aporta, por ahora, una cifra oficial que demuestre ese deterioro: precisamente reclama que sea el Ministerio de Seguridad el que entregue los datos necesarios para verificarlo.
El pedido libertario también intenta establecer cuántos efectivos permanecen suspendidos, desafectados o con restricciones que les impiden realizar tareas operativas. Otro punto apunta a las licencias médicas prolongadas por afecciones físicas, psicológicas o psiquiátricas.
La dimensión salarial ocupa un apartado central. De Urraza solicitó conocer el sueldo básico, la remuneración promedio y la evolución de los ingresos correspondientes a los diferentes escalafones durante los últimos tres períodos.
“La eventual pérdida sostenida de personal capacitado representa una cuestión de especial interés público”, sostuvo. El senador señaló que la salida de agentes no solo reduciría la cobertura territorial, sino que también implicaría perder la inversión estatal destinada a su formación.
Los cuestionamientos se suman a iniciativas anteriores de Maximiliano Bondarenko, Pablo Petrecca y Sergio Vargas sobre las condiciones laborales y la salud mental del personal. En esos expedientes aparecen reclamos por sobrecarga de guardias, endeudamiento, deterioro salarial y suicidios dentro de la institución.
“La seguridad también depende del estado emocional y psicológico de quienes salen todos los días a trabajar, muchas veces atravesando situaciones muy duras y con enorme carga de estrés”, expresó Petrecca, en alusión a su presentación legislativa.
En ese marco, su proyecto busca conocer con precisión cuántos casos existen, cómo se abordan actualmente y cuál es la verdadera capacidad de respuesta del Estado provincial frente a esta problemática.
Entre otros puntos, solicitó información detallada sobre suicidios e intentos de suicidio dentro de la fuerza, carpetas psiquiátricas, acceso a tratamientos, cobertura del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) para los agentes afectados y el funcionamiento de los programas de prevención vigentes.
“Detrás de esos números hay familias destruidas, compañeros que conviven con situaciones traumáticas y trabajadores del Estado que muchas veces enfrentan en soledad altos niveles de presión, estrés, violencia y desgaste emocional”, reclamó el senador de la oposición.