Nueva etapa de ajuste: Sturzenegger aplicará seguimiento mensual a los trabajadores estatales

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, profundiza su política de ajuste sobre el empleo público. A través de la Resolución 68/2025, firmada por Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, se dispuso un nuevo marco regulatorio para las contrataciones por tiempo determinado en el Sector Público Nacional.

La medida implica la revisión mensual de todos los contratos transitorios, en lo que el propio Sturzenegger definió hace un año como la etapa de “deep motosierra”, durante su intervención en el Coloquio de IDEA 2024.

El objetivo, según el Gobierno, es lograr ahorros económicos y reducir los tiempos administrativos. Sin embargo, el esquema refuerza el control sobre las incorporaciones y prórrogas de personal, en un contexto donde el empleo estatal ya muestra una caída significativa.

Un nuevo reglamento para las contrataciones temporarias

“La resolución deroga las Resoluciones 48/2002, 21/2018 y 23/2018, unificando en un solo cuerpo reglamentario todos los procedimientos aplicables a este tipo de contrataciones”, informaron desde el equipo del ministro.

A partir de ahora, el proceso incluirá nuevos formularios digitales dentro del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

Informe de Contratación e Idoneidad, Contrato por Tiempo Determinado, y Declaración Jurada de Aspirantes.

Estos documentos reemplazan los anteriores y estandarizan la información en cada etapa del trámite. La implementación y supervisión de los nuevos procedimientos estará a cargo de la Secretaría de Fariña.

Control mensual de contrataciones

Uno de los puntos más destacados del nuevo esquema es la obligación de que cada organismo estatal informe, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, todas las contrataciones, renovaciones, prórrogas o bajas del período anterior.

La presentación deberá hacerse en formato Excel, como declaración jurada, y enviarse a través del sistema GDE según las pautas fijadas en el Anexo II de la resolución.

De esta manera, el Ministerio de Desregulación contará con un seguimiento permanente de la evolución del empleo público, con la primera entrega prevista para noviembre de 2025.

Un sector golpeado por la caída salarial

El empleo estatal es uno de los más afectados en términos salariales. De acuerdo con el INDEC, los trabajadores públicos recibieron en julio un aumento del 2,3%, con un acumulado del 19,1% en el año, cifras muy inferiores a las del sector privado no registrado (57,9%) y apenas por encima del sector privado formal (16,2%).

Este deterioro del poder adquisitivo se suma al recorte de personal que ya viene aplicándose desde el inicio del gobierno de Javier Milei, bajo el plan de “racionalización” del gasto estatal.

La dotación pública, en retroceso

Según el último informe del INDEC correspondiente a agosto, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades alcanzó los 285.733 empleados, lo que representa una caída interanual del 7,8% y una variación mensual negativa del 0,7%.

De marzo a agosto, la reducción fue de 8.755 puestos de trabajo. La administración centralizada incluso mostró un aumento por absorción de organismos descentralizados, pero en el resto de las estructuras —como la administración desconcentrada, otros entes y empresas estatales— la disminución fue sostenida.

Empresas públicas: los mayores recortes

El ajuste también impactó con fuerza en las empresas públicas, aunque de manera desigual. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, varias firmas redujeron significativamente su planta de personal, incluso aquellas sujetas a procesos de privatización o concesión.

Banco Nación: pasó de 17.688 empleados al cierre de la gestión de Alberto Fernández a 15.838, una reducción de 1.850 agentes.

Aerolíneas Argentinas: recortó su personal de 11.986 a 10.117, es decir, 1.869 menos.

Fábrica de Aviones “Brig. San Martín” S.A.: bajó de 992 a 706 empleados, con 216 despidos.

Fabricaciones Militares S.E.: redujo su planta de 1.478 a 1.092 trabajadores, con 386 bajas.

Educar S.A.U.: pasó de 458 a 200 empleados, una diferencia de 258 personas.

En total, el panorama muestra un achicamiento sostenido del empleo estatal, con la “deep motosierra” ahora aplicada a los mecanismos administrativos de contratación y control.