La oposición busca reinstalar el debate por los DNU en el Senado

El Senado retomará este martes el debate sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), luego del proyecto aprobado por la Cámara alta semanas atrás y devuelto por Diputados con modificaciones. La discusión llega en un momento complejo, atravesado por un conflicto sindical que involucra directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al gremio legislativo APL.

Durante la jornada previa, el sindicato realizó una movilización interna en el Congreso para respaldar a una funcionaria vinculada al líder gremial Norberto Di Próspero, quien endureció su postura frente a la gestión de Villarruel. En declaraciones durante el acto, el dirigente advirtió: “Si se mantienen con la posición que tienen, en la próxima, estamos en el recinto”.

El proyecto que busca limitar los DNU

El eje del debate está puesto en el proyecto de ley que modifica el régimen de los DNU, una herramienta constitucional que permite al Ejecutivo dictar normas con fuerza de ley en casos de urgencia.

La iniciativa, impulsada originalmente por la oposición, propone que los decretos deban ser aprobados en un plazo máximo de 90 días corridos, y con mayoría absoluta en ambas Cámaras. Si una de ellas los rechaza, el decreto quedaría automáticamente anulado, respetando solo los derechos adquiridos durante su vigencia temporal.

Además, cada decreto deberá abordar un solo tema, evitando la acumulación de disposiciones en un mismo texto. Se trata, según los impulsores, de una restricción tardía pero necesaria a la ley sancionada en 2006 bajo impulso de Cristina Kirchner, que fue utilizada por todos los gobiernos posteriores.

La oposición sostiene que el presidente Javier Milei “abusó de la metodología” de los DNU y que, tras casi dos décadas de aplicación sin cambios, llegó el momento de una revisión profunda.

Alejandra Vigo, al frente del debate

Quien encabeza la estrategia opositora en el Senado es la peronista disidente Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La legisladora cordobesa, que integra el bloque Provincias Unidas, busca insistir con la versión original aprobada en la Cámara alta y rechazar las modificaciones introducidas por Diputados.

En la sesión de septiembre, Vigo logró reunir 56 votos —más de los dos tercios del cuerpo— para aprobar el texto. Ahora, la oposición intentará firmar dictamen para dejar todo listo de cara a una próxima sesión.

En caso de ser sancionada nuevamente la versión original, el Ejecutivo podría vetar la ley. Sin embargo, cualquier insistencia del Congreso requeriría dos tercios de los votos, algo que podría verse afectado por la renovación parlamentaria de diciembre.

Conflicto gremial en el Congreso

En paralelo a la discusión legislativa, el clima en el Senado se volvió a tensar tras semanas de aparente calma entre Villarruel, el gremio y los bloques parlamentarios.

La causa del conflicto tiene nombre propio: Mónica Nieto, histórica directora de Personal del Senado y funcionaria cercana a Di Próspero. Su desplazamiento por parte de Villarruel detonó la reacción sindical. El lunes, el líder de APL se hizo presente en los pasillos del Palacio Legislativo para reclamar su continuidad y lanzó una advertencia pública al oficialismo.

Fuentes legislativas señalaron que se registraron “fuertes aprietes” y que circuló la versión de un ofrecimiento alternativo para que Nieto continuara en una nueva subdirección, luego de que Villarruel dispusiera cambios estructurales en distintas áreas del Senado.

Un conflicto con varias aristas

El enfrentamiento no solo involucra a la vicepresidenta y al gremio, sino que también dejó expuestas tensiones dentro del propio Congreso. Mientras en el Senado el conflicto es visible, en Diputados la situación parece blindada: no se publican resoluciones ni decretos recientes.

Según la información verificada, en la web de la Cámara baja no figura el decreto presidencial 1/2024 y la última decisión administrativa publicada data de 2022.

Pese a ese hermetismo, Di Próspero concentró sus críticas en Villarruel, a quien los sectores internos describen como “débil en lo político y comunicacional”. En el oficialismo, en tanto, hay preocupación por la creciente presión sindical y por la reconfiguración parlamentaria que se avecina en diciembre, con Patricia Bullrich y la Casa Rosada atentos a los movimientos internos.