Diputados presentan proyectos sobre portación de armas y rediseño de billetes
Dos iniciativas legislativas apuntan a modernizar el marco normativo: una plantea agilizar la portación de armas para usuarios registrados y otra propone un cambio visual en el billete de $2.000.
El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley que busca modificar el régimen vigente de portación de armas de fuego, con el objetivo de simplificar el acceso a quienes ya están registrados como legítimos usuarios y cumplen con todos los requisitos legales, psicofísicos y de antecedentes.
La iniciativa, titulada “Ley del Usuario Responsable de Armas de Fuego”, propone sustituir el artículo 35 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 e incorporar un nuevo artículo 35 bis. En este se establecen condiciones específicas para acceder a la portación, como haber renovado al menos una vez la condición de legítimo usuario, no tener procesos penales en trámite ni sanciones disciplinarias, aprobar un curso de actualización en uso racional de la fuerza y cumplir con las normas de almacenamiento y transporte del arma.
Según el texto, la autorización se inscribirá en el Registro Nacional de Portaciones de Armas de Fuego (RENPAF), será personal e intransferible, con una vigencia de dos años, renovable tras una reevaluación. Además, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) podrá revocar la portación en caso de incumplimiento.
“Una norma de más de 50 años debe adaptarse al siglo XXI”
En los fundamentos del proyecto, Milman explica que el régimen actual, vigente desde la década del 70, genera duplicación de controles y trámites para usuarios que ya están bajo supervisión estatal, lo que, según él, deriva en una burocracia “sin sentido racional”.
El objetivo, señala el legislador, es racionalizar la gestión pública, optimizar los recursos de la ANMaC y fortalecer la seguridad a través de un sistema informatizado y trazable.
Asimismo, aclara que la propuesta no amplía la cantidad de armas en circulación, sino que busca reconocer la trayectoria y responsabilidad de quienes ya cumplen con las normas. El texto cita modelos internacionales de países como Suiza, República Checa, Italia, Estados Unidos y Uruguay, donde se combinan controles estatales con reconocimiento del usuario responsable.
“La sanción de esta ley permitirá modernizar una norma de más de 50 años, adaptándola al siglo XXI y al paradigma de usuario responsable y control estatal inteligente”, concluye el proyecto de Milman.
Propuesta para rediseñar el billete de $2.000
Por otro lado, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, presentó un proyecto de resolución para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) revise el diseño del billete de $2.000, debido a su similitud visual con el de $10.000.
El legislador advierte que ambas denominaciones comparten tonos rosados y rojizos, además de mostrar dos figuras históricas en el frente, a diferencia del resto de los billetes argentinos. Esta coincidencia, sostiene, genera confusiones en pagos, cobros y cálculos de vueltos, afectando a comerciantes, usuarios y entidades financieras.
Accesibilidad y seguridad en la vida cotidiana
El proyecto pone especial atención en las dificultades que enfrentan las personas mayores y quienes tienen discapacidad visual o baja visión, ya que son grupos que utilizan mayormente dinero en efectivo y dependen de la claridad cromática y táctil para reconocer los billetes.
Agost Carreño propone que no es necesario rediseñar completamente el billete, sino ajustar la gama cromática, aumentar el contraste o incorporar elementos visuales distintivos que permitan una mejor identificación.
El texto menciona experiencias internacionales en las que se utilizan paletas de colores claramente diferenciadas para cada denominación, una práctica que —recuerda— también fue habitual en la historia reciente del papel moneda argentino.
“El efectivo sigue siendo central en la economía cotidiana, y ante la incorporación de nuevas denominaciones, la seguridad y accesibilidad para los usuarios debe ser prioritaria”, concluye el documento presentado por Agost Carreño.
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