Cuadernos: reunión clave por las audiencias y nuevo procesamiento por adulteración
La causa Cuadernos entrará el martes en un nuevo capítulo de tensión institucional, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera excluir a los abogados defensores de la reunión convocada para revisar la modalidad de las audiencias.
La decisión se conoce apenas horas después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volviera a procesar al expolicía Jorge Bacigalupo por manipular los manuscritos que dieron origen al expediente de mayor impacto político de los últimos años.
Ambos movimientos reavivaron el debate por la transparencia del juicio y la capacidad del Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7) para sostener un proceso de dimensiones extraordinarias mientras arrastra una carga de trabajo inédita.
Reunión sin defensores y cambios en el esquema de audiencias
La notificación enviada al TOF 7 y firmada por el secretario general Juan Manuel Montesano Rebón fue terminante: la reunión del martes será “exclusiva para magistrados” y quedará vedada la presencia tanto de defensores como de imputados.
El encuentro tiene como objetivo analizar medidas que agilicen un juicio que involucra a 87 exfuncionarios y empresarios —entre ellos Cristina Fernández de Kirchner— por presuntos pagos ilegales vinculados a la obra pública entre 2003 y 2015.
La exclusión se inscribe en la discusión abierta por la modalidad virtual adoptada por el TOF 7 durante la etapa actual del debate, en la que se leen los requerimientos de elevación a juicio.
Frente a los cuestionamientos, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli anunciaron ajustes y dispusieron un esquema mixto: las indagatorias deberán realizarse con presencia física del acusado, su defensa, la fiscalía y los magistrados, mientras que el resto de las partes seguirá las audiencias por Zoom. Para eso solicitaron a la Corte Suprema habilitar la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Justicia.
También adelantaron que, desde el 25 de noviembre, las audiencias pasarán a realizarse martes y jueves, duplicando la frecuencia prevista originalmente para marzo de 2026. El tribunal justificó los cambios recordando que desde 2019 reclama recursos humanos, infraestructura y espacios adecuados sin recibir respuestas suficientes.
La sobrecarga del TOF 7 detrás del conflicto
El trasfondo del enfrentamiento institucional incluye un dato que el propio TOF 7 volvió a subrayar: la sobrecarga de expedientes. Desde mayo llevan adelante el juicio por la causa Odebrecht, que involucra a 26 imputados y casi 300 testigos, proceso que podría prolongarse por más de un año y medio.
Casación también les exigió definir fecha para el juicio de lesa humanidad “Orihuela y otros”. En 2025 deberán iniciar el expediente “Pochetti”, mientras acumulan 39 causas listas para debate —tres con detenidos— y 122 en trámite. Pese a ese escenario, los jueces insisten en que tomarán “todas las medidas necesarias” para acelerar el juicio de los Cuadernos.
Nuevo procesamiento a Bacigalupo y peritajes que reactivan sospechas
El mismo día en que se confirmó la reunión sin defensores, la causa volvió a sacudirse: Martínez de Giorgi procesó nuevamente a Jorge Bacigalupo tras los peritajes grafoscópicos, scopométricos y lingüísticos que determinaron que el expolicía adulteró cuadernos clave —especialmente los números 4 y 7— con enmiendas, agregados y sustituciones de nombres y domicilios.
Los expertos detectaron intervenciones concretas, como reemplazar “Marcelo” por “Armando”, modificar la dirección “Alem 855” e insertar la referencia “Ing. Ferreyra” en un registro de 2008. Todos coincidieron en que esas escrituras corresponden al puño de Bacigalupo y no al de Oscar Centeno, autor original de los manuscritos.
Un estudio ordenado por el propio TOF 7 confirmó que las alteraciones comparten un mismo autor material distinto al de Centeno, lo que permitió al juzgado concluir de manera “unívoca” la participación del imputado.
Para el magistrado, la maniobra buscó ayudar a “al menos una persona” a evadir la investigación y perjudicar al empresario Armando Roberto Loson, quien había presentado la denuncia original el 1° de abril de 2022. El procesamiento incluyó un embargo de 150 millones de pesos y la prohibición de salir del país.