Esterilizaciones, francotiradores y napalm: los dichos del abogado libertario terminaron con dos denuncias penales
Los dichos del abogado libertario terminaron con dos denuncias penales.
Una emisión del programa La Trinchera, del canal de streaming Carajo, pasó de la circulación viral a los tribunales federales. Las expresiones del abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez contra los habitantes de la provincia de Buenos Aires derivaron en dos presentaciones judiciales: una impulsada por el abogado Emiliano Gareca y otra anunciada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno de Axel Kicillof, Gabriel Katopodis.
Las acciones apuntan a que la Justicia determine si los dichos podrían configurar apología del crimen, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva o conductas discriminatorias. El caso también reabrió la discusión sobre los límites del discurso político en espacios digitales asociados al oficialismo nacional.
Del streaming a los tribunales
Durante el programa, Sarubbi Benítez sostuvo que la provincia de Buenos Aires —en particular, el conurbano— “no tiene salvación”. A continuación enumeró supuestas alternativas que incluyeron esterilizar a su población, levantar un muro de 15 metros con francotiradores, establecer filtros basados en la “portación de cara”, separar el distrito del territorio nacional y arrojar napalm desde aviones.
El intercambio transcurrió entre risas y comentarios de integrantes de la mesa. Ann Kalina, panelista del ciclo y también incluida en la denuncia presentada por Gareca, acompañó parte de las expresiones y realizó una intervención que el denunciante consideró discriminatoria. El escrito fue asignado por sorteo el miércoles 5 de agosto al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 12.
La presentación invoca, entre otras normas, el artículo 3 de la Ley 23.592, que sanciona la propaganda basada en ideas de superioridad y la incitación a la persecución o al odio contra personas o grupos. Será el Poder Judicial el que deberá evaluar el alcance jurídico de las manifestaciones y establecer si corresponde impulsar una investigación penal.
El ecosistema libertario y un antecedente ético
Sarubbi Benítez, conocido en redes como “GordoLeyes”, conduce La Trinchera y ha representado al influencer Daniel “Gordo Dan” Parisini, a Fernando Cerimedo y a Esteban Glavinich, identificado como “Traductor Te Ama”. Según pudo reconstruir este medio, también se registran intervenciones profesionales vinculadas al exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
Carajo mantiene una identificación pública con La Libertad Avanza y ha recibido al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo. En su programación también participan el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del área económica nacional.
El episodio ocurrió después de que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal sancionara a Sarubbi Benítez por publicaciones realizadas en X. La Sala III dictó el 28 de abril de 2026 una advertencia en presencia del Consejo Directivo, dentro del expediente 2024-00029068 iniciado por una denuncia de Mario Bassano.
El abogado reconoció que la cuenta examinada le pertenecía, aunque sostuvo que sus publicaciones eran opiniones políticas y personales amparadas por la libertad de expresión. El Tribunal consideró que algunos mensajes dirigidos a integrantes de la Corte Suprema y al denunciante tenían un “manifiesto ánimo injurioso” y resultaban incompatibles con los deberes éticos profesionales.
La difusión del nuevo video produjo, además, cuestionamientos de la economista Candelaria Botto, el periodista Ari Lijalad, la constitucionalista Natalia Volosin y el abogado Mario Riorda. Usuarios de redes también señalaron a SAO Medialunas, Cocos App y Skybroker como auspiciantes del ciclo y promovieron reclamos y llamados al boicot.
Katopodis pidió fijar un límite
Katopodis ubicó su presentación en una discusión institucional más amplia. “Hay discursos que estamos escuchando que me preocupan cada vez más y no los quiero dejar pasar. No podemos normalizar cualquier cosa”, afirmó.
El funcionario vinculó la circulación de esas expresiones con el clima político abierto desde la llegada de Milei a la Presidencia y con corrientes internacionales que, según planteó, promueven divisiones, miedo y estigmatización.
El ministro defendió el peso económico, productivo, científico y cultural de la provincia. Recordó que allí vive cerca del 40 por ciento de la población argentina y sostuvo que el distrito aporta a la Nación más recursos de los que recibe. También reivindicó sus universidades, empresas, científicos, deportistas y trabajadores.
Katopodis informó que pidió a la Justicia determinar si Sarubbi Benítez instigó públicamente a cometer delitos o incurrió en discriminación y violencia colectiva. “Es hora de trazar líneas rojas que no se pueden cruzar. No se puede decir y hacer cualquier cosa”, sostuvo antes de concluir: “Los bonaerenses merecemos y exigimos respeto”.