FATE al borde del desalojo: 920 empleos, apertura importadora y el reclamo que pone a Kicillof ante una definición
El conflicto de FATE llegó a uno de sus momentos más delicados desde que la histórica fabricante de neumáticos cerró su planta de Virreyes y desvinculó a 920 trabajadores el pasado 18 de febrero. Siete meses después, la Justicia ordenó desalojar el establecimiento y devolverlo a la compañía, el sindicato anunció que recurrirá la medida y un grupo de operarios mantiene la permanencia mientras organizaciones gremiales y políticas concentran en San Fernando.
La disputa volvió a colocar al gobernador Axel Kicillof en el centro de los reclamos. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) exige que el Ejecutivo bonaerense pase de la mediación laboral a una intervención política que permita preservar la actividad productiva. Al mismo tiempo, dirigentes gremiales y sectores de izquierda vinculan el cierre con la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, aunque FATE también atribuyó su situación a problemas de competitividad, caída de la demanda, costos internos y una prolongada conflictividad sindical.
La nueva etapa comenzó cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo y restitución del predio, al considerar agotadas las instancias conciliatorias que durante los últimos meses intentaron acercar a la empresa y a los trabajadores. El tribunal aclaró que la decisión no resuelve el fondo de los reclamos laborales, indemnizatorios y salariales.
El SUTNA respondió con una apelación y anunció que mantendrá el estado de alerta. “Estamos ante un disparate jurídico”, cuestionó el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, quien sostuvo que el conflicto debería mantenerse dentro del ámbito laboral y rechazó que la salida termine siendo un desalojo mediante fuerzas de seguridad.
De 920 despidos a siete meses de conflicto
La crisis comenzó el 18 de febrero, cuando FATE anunció que dejaba de producir neumáticos en la Argentina y cerraba una planta con más de ocho décadas de historia.
La decisión afectó originalmente a 920 empleados. La compañía comunicó entonces que atravesaba una “severa crisis económica y productiva” y habló de cambios en las condiciones del mercado, pérdida de competitividad y dificultades para sostener la operación.
No todos los trabajadores permanecen actualmente dentro del conflicto en las mismas condiciones. Según la reconstrucción publicada este lunes por Infocielo, alrededor de 800 empleados terminaron aceptando retiros voluntarios o acuerdos de desvinculación, mientras un grupo mantuvo el reclamo por la continuidad laboral y la presencia en la planta.
Desde el sindicato rechazan incluso la caracterización empresaria del cierre. El SUTNA sostiene desde febrero que existió un “lockout patronal” y cuestiona que FATE no haya tramitado previamente un Procedimiento Preventivo de Crisis. La empresa, en cambio, presentó la decisión como el desenlace de un deterioro productivo y comercial que llevaba años. Son dos interpretaciones enfrentadas sobre el origen y la legalidad del conflicto.
El reclamo que vuelve a caer sobre Kicillof
La Provincia intervino desde el comienzo. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dispuso una conciliación obligatoria y defendió la actuación de su cartera con una frase que marcó el posicionamiento político del Ejecutivo: “Para la provincia de Buenos Aires los compañeros no son planillas de Excel”.
Días después, representantes de los trabajadores lograron encontrarse con Kicillof y le reclamaron directamente que la Provincia avanzara en una alternativa para sostener la actividad. “Le pedimos al gobernador que estatice la empresa”, resumió entonces Maximiliano Bronzuoli, representante sindical de FATE, luego de aquel contacto.
Con el paso de los meses, el planteo se modificó. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en una estatización y empezó a tomar fuerza un proyecto de ocupación temporaria, impulsado para que la Legislatura declare de utilidad pública la producción de neumáticos y habilite transitoriamente el uso de las instalaciones, maquinarias e insumos bajo supervisión estatal mientras se busca una salida productiva.
No supone, según el esquema planteado, una transferencia definitiva de la propiedad. El proyecto se convirtió ahora en uno de los principales pedidos dirigidos a Kicillof. “Que Kicillof se pronuncie y actúe”, reclamó Crespo después de conocerse la nueva orden judicial.
La presión aumentó este lunes. El diputado Christian Castillo reclamó que la Policía Bonaerense no participe de un eventual operativo de desalojo y exigió que el Ejecutivo habilite políticamente el tratamiento de la ocupación temporal. Se trata de una posición del Frente de Izquierda, no de una obligación establecida en la resolución judicial.
Milei, las importaciones y el argumento que también utilizó FATE
El conflicto tiene, además, una dimensión nacional imposible de separar del caso. Cuando FATE cerró, el ingreso de neumáticos importados apareció entre las variables señaladas para explicar la pérdida de competitividad. La propia empresa habló de un cambio en las condiciones de mercado, mientras distintas reconstrucciones sectoriales mencionaron la fuerte competencia de productos asiáticos.
Durante la gestión de Milei, el Gobierno redujo los aranceles para la importación de neumáticos del 35% al 16%, dentro de su política de apertura comercial y reducción de costos internos. Para el Ejecutivo nacional, el objetivo fue aumentar la competencia y abaratar productos; fabricantes locales cuestionaron el efecto de esa estrategia sobre una estructura de costos doméstica considerablemente más alta.
Según datos citados al momento del cierre, las importaciones del sector habían aumentado 34,8% entre 2023 y 2025, mientras los precios en dólares de los neumáticos retrocedieron 38,3%. En diciembre de 2025, la industria funcionaba aproximadamente al 33% de su capacidad instalada, de acuerdo con el relevamiento citado entonces por El País.
Esos datos no explican por sí solos el cierre. FATE arrastraba dificultades previas, había ingresado en un procedimiento preventivo años atrás, cuestionaba la carga impositiva y los costos internos y mantenía una relación conflictiva con el SUTNA. La propia compañía había realizado 97 despidos en 2024, antes de tomar la decisión definitiva de febrero.
Pero la aceleración importadora forma parte de la discusión y es uno de los argumentos utilizados por los gremios y por el Gobierno bonaerense para cuestionar la política industrial de Milei.
Correa fue explícito desde el inicio del conflicto: responsabilizó al Gobierno nacional por una política que, según su evaluación, no coloca en el centro “proyectos, trabajo, producción” ni derechos laborales.
El caso FATE dentro de una industria que pierde puestos
La planta de San Fernando tampoco aparece aislada del deterioro que atraviesan distintos sectores industriales. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, en los últimos meses la Provincia acumuló conflictos con despidos y paralizaciones en compañías como Granja Tres Arroyos y Tenaris SIAT, mientras indicadores productivos muestran retrocesos especialmente fuertes en industria, construcción y comercio.
En el plano nacional, los registros laborales permiten dimensionar ese escenario. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 241.200 empleos asalariados privados registrados en la Argentina. Para junio, el SIPA contabilizaba 6,09 millones de asalariados privados, con una caída mensual adicional del 0,1%.
Las empresas empleadoras también retrocedieron. Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran 30.633 unidades productivas menos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Sólo durante mayo desaparecieron 2.371 registros. Industria, comercio y construcción concentran una parte importante de esa pérdida de puestos.
Desde el Ejecutivo provincial Pablo López utiliza esos números para sostener que la recuperación de algunas actividades primarias y financieras no consiguió compensar el deterioro de sectores más intensivos en empleo. El ministro definió el escenario diciendo que “la economía real está deteriorada en todos los frentes”.
FATE aparece como uno de los casos más visibles de esa discusión porque combina tres elementos: una compañía industrial histórica, casi un millar de puestos afectados y una planta de características particulares dentro del mercado argentino.
La CGT y las CTA entran en escena
El reclamo también ganó respaldo fuera del SUTNA. Crespo aseguró que el conflicto cuenta con acompañamiento de sectores de la CGT, las dos CTA, organizaciones sindicales y sociales, además de referentes políticos y del intendente de San Fernando, Juan Andreotti.
En los días previos mantuvo reuniones con integrantes del triunvirato de la CGT, entre ellos Jorge Sola y Octavio Argüello, para buscar respaldo ante la orden de desalojo.
La CTA Autónoma bonaerense también expresó su apoyo a los trabajadores, mientras el Frente de Sindicatos Unidos rechazó la posibilidad de que el conflicto termine mediante una intervención policial. El salto sindical modifica el tablero porque amplía el reclamo más allá de la organización del neumático.
A siete meses del cierre, el escenario quedó reducido a una pulseada concreta: la empresa busca recuperar la planta, los trabajadores intentan sostener la actividad y la Provincia recibe pedidos para habilitar una salida que preserve la producción. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la orden judicial aceleró los tiempos y volvió a poner sobre la mesa el proyecto de ocupación temporaria, todavía sin resolución política. La tensión deja al gobernador ante un equilibrio complejo.