Con los puertos en el centro del conflicto, la Provincia reafirmó su postura sobre la soberanía: "Seguiremos defendiendo el trabajo argentino"
La disputa por el futuro del sistema portuario argentino volvió a exponer las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la administración bonaerense. Mientras la Casa Rosada terminó suspendiendo el decreto 690/2026 tras el conflicto que paralizó la actividad en los puertos y abrió una mesa de negociación con el sector, desde la provincia de Buenos Aires ya habían fijado una posición de rechazo a esa iniciativa y reafirmado la defensa del empleo, la navegación y la soberanía sobre la infraestructura estratégica.
Ese planteo fue expresado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, durante el cierre de las XIX Jornadas Ferroportuarias organizadas por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), donde participaron dirigentes sindicales, legisladores nacionales y autoridades portuarias.
Durante su exposición, Correa sostuvo que "la provincia de Buenos Aires continuará defendiendo el trabajo argentino, la seguridad de la navegación y el ejercicio pleno de la soberanía sobre nuestros ríos, puertos y canales".
El ministro afirmó que el entonces vigente decreto 690 formaba parte de una estrategia que afectaba a la actividad marítima y fluvial. "Con el ataque a los serenos de buques, Nación inició una estrategia de ataque contra lo fluvial, lo marítimo y lo portuario", señaló.
En ese sentido, remarcó que el gobernador Axel Kicillof había definido una postura clara frente al conflicto. "Nuestra Provincia fijó posición: con la indicación clara del Gobernador de que hay que defenderlo", expresó.
Correa también atribuyó el cambio de escenario a la reacción de las organizaciones gremiales. "Hoy podemos decir que desde las organizaciones sindicales se pudo doblegar esa intención del gobierno federal en contra de las y los trabajadores, de los puertos y de la soberanía nacional", aseguró.
Además, cuestionó el rumbo impulsado por el Gobierno nacional en materia laboral. Consideró que la "pseudo modernización laboral" constituye "una forma de guerra no convencional contra los intereses del pueblo trabajador" y reivindicó el papel de los sindicatos como actores centrales en la defensa de los derechos laborales. También destacó que, pese al contexto económico, la provincia de Buenos Aires mantiene abiertas las negociaciones paritarias con los distintos sectores.
Las jornadas reunieron a unos 120 delegados y autoridades seccionales de APDFA para analizar la situación que atraviesan los sectores ferroviario y portuario en el marco de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.
Del panel también participaron el secretario general de APDFA, Adrián Silva; la presidenta del Puerto San Nicolás, Cecilia Comerio; el diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge Araujo; la diputada nacional bonaerense Agustina Propato; y el diputado nacional y ex canciller Jorge Taiana.
Silva sostuvo que la actividad excede el plano económico y representa una herramienta de desarrollo para el país. "Los puertos y los ferrocarriles son herramientas de desarrollo: donde esto funciona hay desarrollo y donde esto se cierra, se termina el desarrollo", afirmó.
Nación suspendió el decreto tras el conflicto
Luego de cuatro días de conflicto que dejó cerca de 200 buques afectados y pérdidas millonarias para la actividad portuaria, el Gobierno nacional resolvió suspender los efectos del decreto 690/2026 mediante el decreto 716/2026.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, restituyó transitoriamente el régimen anterior y dispuso la creación de una mesa de trabajo integrada por funcionarios nacionales, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector del practicaje y pilotaje.
El objetivo será consensuar una nueva reglamentación para la actividad y garantizar la continuidad del servicio mientras avanzan las negociaciones. Entre los compromisos alcanzados también figura una reducción del 20% en las tarifas de practicaje y pilotaje y la reactivación inmediata de la prestación.
La marcha atrás del Gobierno llegó después de que la paralización del servicio comprometiera el movimiento de exportaciones, importaciones y abastecimiento interno, un escenario que terminó modificando el rumbo inicial de la reforma.
La discusión por el cabotaje sigue abierta
Aunque el decreto 690 quedó suspendido, la discusión de fondo continúa. El Gobierno nacional mantiene su intención de avanzar con una reforma integral de la Ley de Cabotaje para habilitar una mayor participación de buques extranjeros en el transporte entre puertos argentinos.
La iniciativa ya generó resistencia en la provincia de Buenos Aires. La diputada bonaerense Silvina Nardini presentó un proyecto de declaración en rechazo a la propuesta al advertir que podría afectar el empleo, la industria naval y el funcionamiento de puertos estratégicos como La Plata, Dock Sud, Bahía Blanca, Quequén, San Nicolás y Mar del Plata.
A ello se suma la concentración de buena parte de la industria naval argentina en territorio bonaerense, integrada por astilleros públicos y privados, empresas metalúrgicas, talleres especializados, proveedores de servicios e instituciones dedicadas a la formación técnica de profesionales vinculados a la actividad marítima.
Según la diputada, permitir que operadores extranjeros compitan bajo condiciones laborales y tributarias diferentes podría traducirse en una pérdida de actividad para toda esa cadena productiva.
En la misma línea se pronunciaron los gremios marítimos. El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, calificó la iniciativa como "el tiro de gracia a la Marina Mercante" y advirtió que una apertura irrestricta del cabotaje dejaría al transporte nacional en desventaja frente a operadores extranjeros con menores costos laborales e impositivos.
De esta manera, aunque el Ejecutivo nacional suspendió el decreto que detonó el conflicto, la discusión sobre el futuro del sistema portuario, el cabotaje y la marina mercante permanece abierta y promete seguir siendo uno de los nuevos puntos de tensión entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires.