"Parar la obra pública es una tragedia": empresarios y Provincia advierten por la crisis de la construcción
El Teatro Argentino de La Plata fue escenario de una celebración que excedió el carácter institucional. La gala organizada por la delegación bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) por sus 80 años reunió a empresarios, funcionarios y referentes del sector, pero también terminó reflejando uno de los debates más profundos que atraviesa hoy a la Argentina: el papel de la obra pública en el modelo de desarrollo.
En un contexto de fuerte retracción de la actividad, miles de puestos de trabajo perdidos y proyectos paralizados en todo el país, el encuentro funcionó como una fotografía del momento que vive la construcción. Mientras el Gobierno nacional sostiene su política de "obra pública cero", la administración bonaerense intenta mantener inversiones con recursos propios y convertir esa decisión en uno de los principales contrastes políticos con la gestión de Javier Milei.
Del acto participaron el presidente de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), José Arteaga; el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci; y el presidente de CAMARCO Provincia de Buenos Aires, Lucas Luciano; entre otros.
Aunque la gala tuvo un tono conmemorativo, el diagnóstico que atravesó los discursos estuvo marcado por la preocupación. Arteaga sostuvo que la construcción atraviesa una de las etapas más difíciles de los últimos años debido al freno de la inversión pública nacional. Destacó que muchas empresas continúan operando pese al escenario adverso y remarcó que el plan de inversiones de AUBASA requiere de un trabajo conjunto con el sector privado para poder avanzar.
Las declaraciones reflejaron una preocupación que ya no se limita únicamente a la paralización de nuevas obras. En el sector advierten que la falta de inversión comienza a comprometer el mantenimiento de rutas, viviendas, infraestructura energética, establecimientos educativos y obras hidráulicas, además de afectar la continuidad de cientos de empresas proveedoras.
Una crisis que ya impacta sobre el empleo
El deterioro de la actividad también quedó expuesto en los últimos días por los máximos referentes de empresarios y trabajadores de la construcción. Durante la Exposición Rural de Palermo, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, coincidieron en un diagnóstico poco frecuente: la crisis del sector dejó de ser exclusivamente un problema empresarial para convertirse en un desafío económico y social.
Martínez advirtió que la obra pública nacional continúa prácticamente paralizada y aseguró que muchas provincias carecen de recursos suficientes para reemplazar las inversiones que antes financiaba el Estado nacional.
Pero uno de los datos que más preocupación genera es el empleo. Según estimó Weiss, desde el inicio de la actual administración nacional la construcción perdió entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo. Al mismo tiempo, la actividad continúa aproximadamente un 25% por debajo de los niveles registrados antes del cambio de gobierno.
A esa situación se suma otro factor que inquieta tanto a empresarios como a sindicatos: la falta de un interlocutor político dentro del Gobierno nacional. "No sabemos con quién hablar, no hay ningún funcionario asignado en esa responsabilidad", afirmó Martínez al describir la dificultad para discutir políticas vinculadas a infraestructura y vivienda.
La respuesta bonaerense: más obras para marcar diferencias
Frente a ese escenario, la administración de Axel Kicillof decidió profundizar una estrategia que viene desplegando desde hace meses: mantener la ejecución de obras con financiamiento provincial y convertir cada inauguración en un mensaje político.
Las recorridas del gobernador por General La Madrid, Bolívar, Benito Juárez, Salto, San Antonio de Areco, General Alvear y Tapalqué siguieron un mismo patrón. En cada distrito hubo entregas de viviendas, escrituras gratuitas, ampliaciones de escuelas, obras sanitarias, proyectos energéticos, intervenciones hidráulicas y anuncios de infraestructura acompañados por cuestionamientos al rumbo económico nacional.
En General La Madrid, Kicillof entregó 28 viviendas financiadas por la Provincia, recorrió obras educativas y firmó un convenio para ampliar el Centro Universitario del programa Puentes. Allí afirmó que el Gobierno nacional dejó paralizadas más de 16.000 viviendas y decenas de obras escolares en territorio bonaerense.
En Benito Juárez volvió sobre otro eje que comenzó a ocupar un lugar central en su discurso. Denunció la paralización de 86 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) por parte de la Nación y anunció que la Provincia continuará financiando esos proyectos.
"En territorio bonaerense, Javier Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia. Frente a ello, nosotros invertimos lo que sea necesario para reactivarlas y terminarlas", sostuvo.
Según datos del Ministerio de Infraestructura bonaerense, doce de esos establecimientos ya fueron concluidos mediante financiamiento provincial junto a los municipios, mientras continúan ejecutándose trabajos en decenas de distritos.
El encargado de reforzar ese mensaje es el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien convirtió la defensa de la obra pública en uno de los principales ejes de su agenda política.
Durante una recorrida por Florencio Varela aseguró que "parar la obra pública siempre es una tragedia para cualquier país" y vinculó directamente la paralización de más de 2.300 proyectos nacionales con la decisión política del Gobierno de Javier Milei.
Las críticas también alcanzan el nuevo esquema de concesiones viales impulsado por la Casa Rosada. Katopodis cuestionó la exclusión de AUBASA de las licitaciones nacionales y advirtió que el modelo propuesto implica que los usuarios financien dos veces el mantenimiento de las rutas: mediante el impuesto a los combustibles y luego a través de los peajes.
Cambios en la ley y un intento por acelerar inversiones
En paralelo a las recorridas del gobernador, la Provincia avanzó con una modificación de la reglamentación de la Ley de Obra Pública mediante el Decreto 623/2026.
La norma redefine procedimientos técnicos, incorpora nuevos criterios para las contrataciones, flexibiliza mecanismos para ampliar obras ya iniciadas y establece reglas para garantizar financiamiento en proyectos cuya ejecución se extienda durante varios ejercicios presupuestarios.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es agilizar procesos administrativos y dar mayor previsibilidad a la ejecución de infraestructura en un escenario donde buena parte del esfuerzo inversor recae sobre las cuentas provinciales.
La decisión también coincide con el debate legislativo por el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, herramienta mediante la cual intendentes de distintos signos políticos buscan acceder con mayor rapidez a recursos destinados a obras locales.
Dos modelos que encuentran en la construcción uno de sus principales campos de disputa
La discusión ya excede la ejecución de rutas, escuelas o viviendas. Para el Gobierno nacional, la reducción del gasto en infraestructura forma parte del programa de equilibrio fiscal y de la redefinición del rol del Estado, privilegiando la inversión privada como motor de desarrollo.
La Provincia plantea el escenario opuesto. Kicillof sostiene que la obra pública constituye una herramienta indispensable para sostener el empleo, impulsar la actividad económica y garantizar infraestructura básica en municipios que difícilmente puedan financiarla por sí solos.
En ese contraste, la construcción pasó de ser un sector productivo a convertirse en uno de los principales escenarios donde se enfrentan dos modelos de gestión.