La CGT suma tensión con Milei y rechaza la Ley de Libertad Educativa

La CGT abrió otro frente de batalla con el Gobierno nacional, además del fuerte rechazo que ya expresó contra la reforma laboral. La difusión del proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el presidente Javier Milei generó un profundo malestar en los gremios docentes que integran la central obrera, que cuestionaron con dureza el contenido del borrador presentado.

Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), fue uno de los primeros en marcar el descontento: “El proyecto serrucha el sistema educativo; lo derriba para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total de financiamiento, entre otros temas sensibles”, advirtió.

El estado de alerta y la presentación ante el Consejo de Mayo

Tras declarar el estado de alerta en su organización, Romero expresó su “rechazo absoluto” al texto que circuló en distintos medios y adelantó que la CGT formalizará su postura de manera institucional: “Lo primero que vamos a presentar es nuestra disidencia en el Consejo de Mayo a través de nuestro representante de la CGT”, señaló.

Tal como había anticipado Infobae, el Gobierno presentó ante ese organismo un borrador que propone derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. En ese marco, Romero anticipó que buscará dialogar con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: “Soy un hombre de diálogo y voy a intentar hablar con las autoridades para ver el grado de veracidad de esto. Pero en el caso de que ese diálogo no sea fructífero, a través del representante que tenemos en el Consejo de Mayo vamos a presentar nuestra disconformidad con respecto a este proyecto”.

Consultado sobre si podrían decidir medidas de fuerza si el Gobierno insiste con la iniciativa, el dirigente fue tajante: “Exactamente. Por eso nos ponemos en alerta”.

Qué plantea el proyecto de Libertad Educativa

El borrador incorpora una serie de modificaciones profundas al sistema educativo actual. Entre los puntos centrales:

Habilita la educación en el hogar (home schooling) como “forma alternativa de enseñanza”, junto con modalidades híbridas o a distancia, sin establecer edad mínima. Quienes estudien en casa podrán acreditar aprendizajes mediante exámenes periódicos.
Permite que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, de forma optativa y fuera del horario escolar.
Suma la posibilidad de que las instituciones diseñen planes de estudio propios, además de los lineamientos comunes aprobados por los ministerios.
Declara la “esencialidad” de la educación básica, lo que exigiría garantizar una continuidad mínima del servicio aun en escenarios de protesta o medidas gremiales.

Críticas al financiamiento y al rol del Estado

En un informe elevado a la CGT, Romero remarcó la gravedad del planteo: “Lo alarmante del proyecto de referencia es que deroga en su totalidad la Ley 26.206 de Educación Nacional, como así también buena parte de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, entre otras”, sostuvo.

Además, advirtió un retroceso en materia presupuestaria: “Cabe destacar que en este borrador desaparece la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, siendo que la inversión educativa hoy es un menester principal para cualquier Nación que pretenda su desarrollo”.

El dirigente también marcó que el proyecto desvincula al Estado de funciones clave: “Lo antedicho se pretende dar en un marco que en gran medida desvincula al Estado de la conducción política, administrativa y pedagógica del sistema educativo, cuando en realidad hay que hacer todo lo contrario para garantizar una educación pública de calidad e inclusiva”.

Cuestionamientos laborales y antecedentes

Romero subrayó, además, el impacto sobre los derechos docentes: “En el aspecto laboral avanza sobre derechos al punto que elimina la estabilidad laboral del trabajador docente y ni siquiera habla de paritarias, desconociendo derechos básicos sobre la negociación colectiva que poseen los trabajadores de cualquier actividad”.

También cuestionó la habilitación de educación confesional en la escuela pública: “Lo regresivo de esta pretendida norma queda evidente cuando autoriza la educación confesional en la escuela pública. En el año 1884, con la Ley 1420, ya se instauraba la educación laica en nuestro país”.

El gremialista remarcó otro punto crítico: “Otro aspecto preocupante de este borrador es que se financia la educación de gestión privada en detrimento de la educación de gestión pública, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población”.

Y completó señalando que la propuesta traslada obligaciones estatales a las familias: “En general, transfiere la responsabilidad de la educación formal a las familias, transformando una obligación del Estado -destinada a garantizar un derecho social- en una iniciativa individual”.

A pesar de su postura crítica, Romero recordó que experiencias de corte similar ya fracasaron en la Argentina: “Algunos proyectos similares, que se intentaron aplicar aisladamente en nuestro país, como, por ejemplo, el de las escuelas charter, tuvieron un palmario y rotundo fracaso en poco tiempo”.

El rechazo de la CTERA: “Un ataque al sistema democrático”

La CTERA, organización que integra la CTA de los Trabajadores y conduce Sonia Alesso, también manifestó un firme rechazo al documento impulsado por el Gobierno. Definió la iniciativa como “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”.

El sindicato alertó sobre el uso del término libertad en el proyecto: “Desde nuestra organización sindical observamos con preocupación que bajo el uso banalizado del valor de la ‘libertad’, este proyecto de la derecha en la Argentina pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad”.

La confederación también cuestionó la reconfiguración del rol de la familia: “Rechazamos la iniciativa por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social”.

Para la organización, el proyecto implica un retroceso profundo: “Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”, planteó. También criticaron la habilitación de la educación religiosa en escuelas públicas y la promoción del homeschooling.