Extienden la emergencia agropecuaria en el interior bonaerense

El Gobierno nacional volvió a intervenir sobre la situación crítica que atraviesa el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires. A través de la resolución 1974/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo homologó los decretos provinciales y amplió la emergencia y/o desastre agropecuario en zonas que continúan afectadas por inundaciones y anegamientos. La decisión, que regirá hasta el 28 de febrero de 2026, alcanza a productores de 25 de Mayo, Saladillo, Azul, Bragado, Lincoln, Bolívar, General Belgrano y Pila.

La medida se toma después de una temporada de lluvias que dejó miles de hectáreas improductivas en el interior bonaerense. Según establece la Ley 26.509, quienes tengan al menos el 50% de sus campos afectados pueden acceder a beneficios fiscales y crediticios, por lo que la homologación nacional es clave para que los productores puedan activar esos mecanismos.

Qué dispuso la resolución nacional

La resolución adhiere a dos decretos emitidos por la provincia y presentados el 20 de noviembre ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. El primero, el 2779/2025, prorroga la emergencia previamente declarada en mayo para las circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII de 25 de Mayo, y para las circunscripciones III a IX de Saladillo. El período de vigencia se extiende del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

El segundo decreto provincial, el 2780/2025, incorpora nuevas áreas que también quedaron bajo el agua durante el segundo semestre del año. En este caso, se suman las circunscripciones V, VI y VII del partido de Bragado; IV, V y VI de 25 de Mayo; II a XV de Lincoln; I y II de Saladillo; I a VII de General Belgrano; X a XXI de Azul; II a VII de Pila; y la circunscripción VI de Bolívar.

En la declaración inicial, homologada por Nación recién el 4 de septiembre, sólo algunas zonas de 25 de Mayo estaban incluidas. Productores de la región habían señalado que el distrito recibe el agua que baja desde zonas más comprometidas, como 9 de Julio y Carlos Casares, lo que agravó el impacto en semanas posteriores.

Cómo se implementarán los beneficios

De acuerdo con el texto oficial, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite que sus predios se encuentran dentro de las zonas afectadas. Luego, la administración bonaerense enviará a Nación el listado completo, junto con las constancias correspondientes.

A partir de entonces, “las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos”. Las medidas incluyen prórrogas o exenciones impositivas y acceso a créditos blandos para recomponer capital de trabajo, tal como determina la Ley 26.509.

Además, el Ministerio de Economía faculta al titular de la Secretaría de Agricultura para celebrar convenios necesarios para ejecutar la resolución, lo que habilita acuerdos paralelos para coordinar acciones sobre el terreno.

Un mapa rural que sigue golpeado

La ampliación de la emergencia llega cuando todavía hay grandes superficies bajo agua y productores que no lograron retomar la actividad normal. Las lluvias intensas de la segunda mitad del año dejaron cicatrices en el centro bonaerense y arrastraron a miles de explotaciones a un escenario crítico.

Si bien las prórrogas y nuevas declaraciones permiten aliviar parte del impacto económico, el plazo final del ciclo productivo —28 de febrero de 2026— será determinante para evaluar cuánto se podrá recuperar. En ese sentido, la coordinación entre Nación y Provincia será central para acelerar los certificados y evitar que los beneficios lleguen tarde a quienes todavía no lograron recomponerse.