Buscan revertir la ampliación del Bapro y apuntan a los acuerdos políticos detrás del nuevo directorio
Se reaviva la pelea por el Banco Provincia: el diputado Passaglia busca reducir el directorio y frenar gastos que tilda de privilegios. Reclama austeridad y foco en créditos hipotecarios.
La disputa por los cargos políticos en el Banco Provincia volvió a encenderse en la Legislatura bonaerense. El diputado provincial Manuel Passaglia (HECHOS) presentó un proyecto de Ley para dar marcha atrás con la reciente ampliación del directorio del Bapro —aprobada en la madrugada del 4 de diciembre— y reducir de 14 a 6 los sillones políticos, con el objetivo de destinar el ahorro a créditos hipotecarios y frenar lo que califica como “privilegios” y “gasto injustificado”.
La iniciativa reflota un escándalo que, según el legislador de San Nicolás, expone acuerdos entre sectores opositores y el peronismo para repartirse lugares en la conducción del principal banco público de la Provincia. “No me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a pelear todos los días por eliminar estos privilegios de los ñoquis con OSDE que solo piensan en la de ellos”, lanzó.
Una ampliación polémica y un directorio multiplicado
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof. En ese marco, y como parte de la negociación con la oposición, se modificó la carta orgánica del Banco Provincia: el directorio pasó de 8 directores a 9 vocales y se creó un Consejo de Directores Asociados con tres vocales asociados y dos síndicos. El resultado práctico: 14 cargos políticos.
A pesar de la ampliación, el oficialismo mantiene el control político sobre el Bapro. Así, entre los directores titulares estarán: Carlos Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher por el Movimiento Derecho al Futuro; Javier Ozuna por el Frente Renovador; Martín Rodrigo “Rodra” Rodríguez por La Cámpora; Fernando Rozas por Unión y Libertad; Matías Ranzini por el PRO, y Marcelo Daletto por la UCR.
Mientras que los nuevos vocales asociados serán Sergio Bordoni (Frente Renovador), Adrián Urreli (PRO) y Fernando Pérez (UCR - Evolución); y la sindicatura estará conformada por Laura González (La Cámpora) y Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
Para Passaglia, el crecimiento del directorio carece de justificación técnica. Su proyecto compara el esquema aprobado con entidades como el Banco Nación y el Banco de Córdoba, cuyos directorios no superan los ocho miembros. “La disposición de Kicillof genera un gasto injustificado, sin correlato operativo ni de riesgos sistémicos”, señala el texto.
El proyecto: recorte, prohibiciones y destino de los fondos
El legislador propone reducir a seis los cargos políticos, prohibir por cinco años la creación de nuevos puestos —incluidos vocales asociados— y congelar por dos años sueldos, gastos de representación, viáticos y cualquier pago variable o bonificación extraordinaria.
La iniciativa también cuestiona el incumplimiento de la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal. Según Passaglia, el aumento del gasto “se aparta de los compromisos provinciales con la austeridad y la buena administración”.
El ahorro estimado por el diputado ronda los $1.000 millones, fondos que deberían dirigirse íntegramente al crédito hipotecario del Banco Provincia. “Mediante una gestión pública austera y eficiente, al financiamiento hipotecario se fortalece la misión social del Banco y se promueve la igualdad de oportunidades para las familias bonaerenses”, argumentó.
El mensaje político: privilegios, acuerdos y disputa con la oposición
Passaglia insiste en exponer los acuerdos que permitieron a sectores opositores quedarse con cinco de los 14 lugares del nuevo directorio. “No vamos a ser parte de financiar la campaña presidencial del kirchnerismo. Necesitamos austeridad, transparencia y eficiencia, acompañando el esfuerzo cotidiano de los bonaerenses. No requiere de políticos ventajeros”, afirmó.
El diputado desafió a la oposición a definir si prioriza “la agenda pública o la de los privilegios partidarios” y cuestionó que la ampliación se hubiera aprobado “de espaldas a la sociedad”.
El proyecto ya está en comisiones y requiere mayoría simple: 47 votos en Diputados, donde las bancadas opositoras suman 53. En el Senado, donde el peronismo tiene 24 bancas y es primera minoría, la negociación será más compleja.
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