La Corte bonaerense, eje de una negociación política clave

Con la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires funcionando con apenas tres de sus siete integrantes, el gobernador Axel Kicillof se prepara para abrir en los próximos meses una discusión institucional de alto voltaje político: la cobertura de las cuatro vacantes en el máximo tribunal bonaerense. El debate, que también alcanza a cargos clave del Ministerio Público, comenzará formalmente entre febrero y marzo.

Según pudo confirmarse a partir de fuentes del Ejecutivo provincial, el tema quedó momentáneamente fuera de la negociación por el paquete económico en la Legislatura, pero Kicillof ya comunicó a distintos interlocutores que la discusión se habilitará en el primer tramo de 2026. Actualmente, la Corte está integrada por Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria, un esquema reducido que expone la urgencia institucional de avanzar con las designaciones pendientes.

En paralelo, también se cuela en la agenda la discusión por la Procuración General, un espacio de enorme poder en el esquema judicial bonaerense, sobre todo desde la implementación plena del sistema acusatorio.

Un tablero político con múltiples actores

Desde el gabinete bonaerense aclararon que el proceso no quedará circunscripto al Movimiento Derecho al Futuro. Habrá margen para que el Frente Renovador y el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner impulsen candidaturas propias. De ese esquema surge que una de las vacantes sería propuesta directamente por el gobernador, otra podría quedar para la oposición, y las restantes se definirán en una negociación compleja.

Actualmente, la Corte está integrada por Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres.

En ese escenario, se anticipan disputas por representatividad y capacidad de articulación legislativa. El radicalismo aparece como uno de los actores centrales, con 27 intendencias y una fuerte presencia territorial, mientras que los bloques libertarios buscan capitalizar su crecimiento en la Legislatura bonaerense. El PRO, en cambio, llega relegado a la discusión: otros espacios le adjudican el último nombramiento, concretado en 2019 durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuando se aprobó el pliego de Sergio Torres.

Nombres en danza y una demanda de paridad

Aunque la discusión formal aún no comenzó, la danza de nombres ya está en marcha. Por el Frente Renovador suena la diputada provincial Sofía Vannelli, referente del espacio en Vicente López, consejera de la Magistratura y exapoderada de Fuerza Patria. “Es una de las posibilidades, porque además de que tiene facultades es una persona joven y con una mirada moderna”, señaló un dirigente al tanto de las conversaciones.

Desde el Movimiento Derecho al Futuro se mencionó al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, aunque en el entorno de Kicillof relativizan esa opción. Un funcionario bonaerense indicó que la propuesta del gobernador debería ser una mujer, con perfil progresista y especialización en temas de familia.

En paralelo, la Asociación Judicial Bonaerense reclamó públicamente que las vacantes se cubran con mujeres altamente calificadas. En un comunicado, el gremio recordó que en más de 150 años de historia la Corte provincial solo tuvo una jueza y calificó esa situación como un “profundo déficit democrático”. “Una justicia sin mujeres en sus máximos cargos es una justicia incompleta y limitada”, sostuvo la entidad, que invocó la Recomendación General Nº 40 del Comité CEDAW, de jerarquía constitucional.

El camino institucional hacia la Corte

Una vez alcanzados los acuerdos políticos, el proceso deberá ajustarse al Decreto 735/2004. Ese esquema prevé la publicación de los nombres y antecedentes de los aspirantes, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y la apertura de un período de 15 días para observaciones e impugnaciones por parte de organizaciones civiles, académicas y de derechos humanos.

Concluida esa etapa, el gobernador define si eleva o no las propuestas al Senado bonaerense, donde los pliegos deberán ser aprobados por mayoría. Un recorrido institucional exigente que anticipa meses de negociación intensa y una discusión que atravesará de lleno al sistema político provincial.