Entrevista GLP. Godoy: “La política central de Milei es destruir el trabajo, la producción y el mercado interno”
Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.
—¿Qué balance hace de este segundo año de gobierno de Javier Milei desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras?
En este segundo año de Milei se han perdido alrededor de 140.000 puestos de trabajo formales y se ha multiplicado el cierre de empresas. En su mayoría se trata de pequeñas y medianas, pero también de grandes compañías que aceleraron un proceso que ya había comenzado en el primer año de gestión. En total, en estos dos años, estamos hablando de cerca de 20.000 empresas que cerraron sus puertas.
Estos datos dejan en evidencia que la política central de Milei es la destrucción del mercado interno, de la capacidad productiva y del desarrollo científico-tecnológico del país. A eso hay que sumarle que, en este 2025, el salario en la Argentina pasó a ser el más bajo de toda América Latina.
—En ese contexto, y teniendo en cuenta lo que se debate actualmente en el Congreso, usted participó hace pocos días de una exposición en el Senado sobre la reforma laboral. Allí afirmó que ninguno de los 197 artículos mejora los derechos laborales. ¿Considera que el proyecto es inconstitucional?
El proyecto es inconstitucional en su totalidad. La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis y en otros artículos, establece claramente varios principios. En primer lugar, que las leyes en la Argentina deben regirse por el principio de justicia social. En segundo término, que las leyes laborales existen para equilibrar una desigualdad natural y estructural que hay entre el capital y el trabajo.
En tercer lugar, que las normas laborales son para defender y proteger a los trabajadores. Y, en cuarto lugar, que deben ser progresivas, es decir, que no puede sancionarse ninguna ley que vaya por detrás de los estándares ya establecidos por otras normas vigentes.
Todos estos principios constitucionales, que rigen hasta hoy a la sociedad argentina, son violados de manera absoluta por este proyecto. En lugar de defender a los trabajadores, defiende a los patrones y a los empresarios. En vez de sostener la justicia social, elimina directamente ese concepto de la norma.
Además, establece criterios de reforma laboral propios del siglo XIX y tiene una clara intención de avanzar contra las organizaciones sindicales. Esto va en contra de lo que la propia Constitución garantiza: la libertad sindical, el derecho a organizarse y a autodeterminarse.
—Por último, ¿cómo define el Fondo de Asistencia Laboral que propone el Gobierno? ¿Cree que se trata más de un negocio financiero que de una herramienta de protección para los trabajadores?
Sin ninguna duda. En cada medida que adopta este gobierno, cuando uno levanta un poco la baldosa, queda claro que no solo se atenta contra el trabajo, la producción, los derechos laborales y el mercado interno, sino que además hay un negocio directo para los grupos financieros a los que este gobierno representa.
Este es uno de los casos más aberrantes, porque no solo les quita a los empleadores la obligación de pagar indemnizaciones, sino que además facilita los despidos y hace que esos despidos los terminen pagando los jubilados y las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo.
¿De qué manera? El 3% del impuesto a las ganancias que hoy se destina a financiar el sistema previsional se transfiere a este fondo fiduciario, que será administrado por un banco o una empresa financiera que, aunque tenga otro nombre, responderá a la banca extranjera, al JPMorgan.
Lo que se intenta montar es un negocio similar al de las AFJP, donde los fondos se utilizaban para la especulación financiera. Y, contrariamente a lo que sostiene el propio Gobierno, el Estado termina subsidiando a los empresarios para facilitar despidos masivos en sus empresas.