Libra y ANDIS, los frentes judiciales que acorralan a Milei
El Gobierno de Javier Milei cerró 2025 con victorias políticas clave, pero también con dos causas judiciales que siguen abiertas y que exponen a su círculo más cercano. El colapso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el propio Presidente, y la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se consolidaron como los escándalos más resonantes del año, con impacto político, judicial y un fuerte costo institucional.
Ambos expedientes avanzaron en paralelo y, lejos de diluirse con el paso de los meses, entraron en etapas decisivas que comprometen directamente al entorno presidencial, incluida Karina Milei.
El caso $LIBRA y el contrato que desmiente al Presidente
El escándalo cripto estalló el 14 de febrero, cuando Milei promovió públicamente en la red social X el lanzamiento del token $LIBRA. En apenas cuatro horas, la criptomoneda perdió cerca del 89% de su valor y dejó a más de 44 mil inversores con pérdidas millonarias, según estimaciones del mercado.
Con el correr de los días, la causa se profundizó. A las denuncias penales por estafa, manipulación de mercado y asociación ilícita se sumó una revelación clave: la existencia de un contrato de “estricta confidencialidad” firmado entre Milei y Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y creador del token. El acuerdo, fechado el 29 de enero, designaba a Davis como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial.
De acuerdo con información que se conoció en los últimos días, el texto estaba redactado desde la perspectiva de Davis y establecía tareas de asesoramiento “ad honorem”. Un día después de la firma, el Presidente y Davis se reunieron en Casa Rosada y Milei difundió una foto del encuentro en redes sociales.
Para el querellante Martín Romeo, la aparición del contrato debilita la defensa oficial. “Este contrato hace cada vez más difícil sostener la defensa del presidente Milei, quien dijo que solamente opinó y que no tenía nada que ver con Davis ni con el proyecto $LIBRA”, afirmó.
Romeo también cuestionó las declaraciones que Milei realizó en una entrevista televisiva, donde negó la existencia de una estafa y aseguró que la Justicia de Estados Unidos había liberado a Davis de toda responsabilidad. “Milei dijo mentiras para tratar de instalar una versión de las cosas que no son como las relata”, sostuvo. Y precisó: “La SEC nunca dijo que no era una estafa. Solo señaló que no era un activo y dejó avanzar la investigación judicial”.
En Argentina, la causa quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego de que Ariel Lijo resolviera el pase por conexidad. El fiscal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación, pese a los pedidos de apartamiento presentados por las querellas.
ANDIS: indagatorias cerradas y un giro que complica la causa
El segundo frente judicial se abrió en agosto, con la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS y abogado cercano a Milei. En esas grabaciones se mencionan presuntos pagos ilegales vinculados a la compra de medicamentos, que involucrarían a funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.
La causa, conocida como Coimagate, avanzó con allanamientos, secuestro de documentación y 15 indagatorias. En diciembre, los últimos imputados —Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Fuentes Acosta— optaron por no declarar, cerrando la primera ronda de citaciones.
El juez Sebastián Casanello ahora debe definir la situación procesal de los acusados, mientras el fiscal Franco Picardi investiga el destino del dinero que habría salido de manera indebida de la ANDIS. Entre los imputados figuran Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como presuntos líderes de la asociación ilícita.
Sin embargo, un fallo reciente de la Cámara Federal porteña introdujo un elemento de incertidumbre. Por mayoría, los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico ordenaron verificar la autenticidad de los audios, luego de que las defensas presentaran un informe privado que sugiere la posible utilización de voces sintéticas generadas por inteligencia artificial. Esta decisión obliga a reexaminar una prueba central y podría demorar definiciones clave.
Mientras tanto, ambos expedientes siguen abiertos y se mantienen como los principales desafíos judiciales que enfrenta el Gobierno, en un contexto donde las explicaciones oficiales no logran despejar las dudas ni cerrar el capítulo político de los escándalos.