Multas, desorden administrativo y fondos observados: el duro fallo contra Damián Selci en Hurlingham
El intendente de Hurlingham, Damián Selci, quedó nuevamente bajo la lupa tras la confirmación de sanciones económicas por parte del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que detectó irregularidades graves en la rendición de cuentas del ejercicio 2023. Pese a haber presentado un recurso para revertir el fallo inicial, el organismo solo aceptó una reducción mínima de la multa y mantuvo la mayor parte de los cargos formulados en su contra.
La resolución llega en un contexto político y social adverso para el jefe comunal. Tal como viene relevando GRUPOLAPROVINCIA.COM, mientras su imagen muestra un marcado deterioro en las mediciones de valoración de intendentes del conurbano, en el distrito se acumulan reclamos por inseguridad, colapso sanitario y deterioro urbano, en contraste con una gestión cuestionada por priorizar espectáculos y eventos gratuitos.
El Tribunal fijó una multa de 280 mil pesos, que Selci deberá abonar en un plazo de noventa días, y sostuvo que, en su condición de máxima autoridad municipal durante el período auditado, le corresponde responder por el incumplimiento de obligaciones administrativas, incluso cuando algunas irregularidades se hubieran originado en gestiones anteriores.
Además, el intendente deberá responder de manera solidaria por un perjuicio económico de 77.784,93 pesos, vinculado a fondos rotatorios no reintegrados. En ese punto, el cargo alcanza también al exintendente Juan Zabaleta y a los exdirectores de Recursos Humanos Guillermo Righini y Miguel Ángel Viola.
Irregularidades administrativas y fallas de control
El fallo del Tribunal de Cuentas detalla una serie de incumplimientos que explican la sanción. Entre ellos, se destaca la falta de legajos completos de más de treinta agentes municipales de planta permanente y transitoria. El organismo remarcó que Selci ya se desempeñaba como intendente cuando se realizaron los requerimientos y que era su responsabilidad garantizar la custodia de esa documentación.
También se señalaron omisiones en la administración de bienes municipales, como la ausencia de un inventario final actualizado de vehículos oficiales, la falta de constancias de seguros y inconsistencias en la ubicación de bienes como grupos electrógenos, desfibriladores, heladeras, freezers y diez camionetas Foton adquiridas por licitación pública. El Tribunal recordó que esos bienes pertenecen al municipio y no a una gestión en particular.
Otro punto sensible fue el Registro de Proveedores. Si bien Selci aportó posteriormente legajos y balances, el Tribunal dejó asentado que esa documentación reproducía las mismas irregularidades detectadas inicialmente. La sanción correspondiente fue dejada sin efecto únicamente al valorar la colaboración posterior, sin que ello implicara la inexistencia de las falencias observadas.
Deudas sin reclamar y críticas a la gestión
El organismo de control también cuestionó la falta de impulso de acciones de cobro sobre contribuyentes relevantes. Selci no presentó estados de deuda ni acreditó gestiones sobre barrios cerrados, entidades financieras y empresas con obligaciones impagas en tasas como Servicios Municipales, Seguridad e Higiene, Red Vial y Derechos de Construcción. Entre los casos mencionados figuran Los Troncos, La Leonor, Las Cabañas Village y La Huella, además de bancos y firmas como TACSA, Día Argentina y Ecoterra.
A ese escenario se suman críticas políticas. En diálogo con este medio, el dirigente Juan Manuel Lorenzo, ya advertía meses atrás que “las cuentas de la municipalidad hoy no son transparentes” y sostenía que “es una gestión que no tiene las prioridades claras”. En la misma línea, describió un municipio con problemas graves en seguridad, salud e infraestructura, mientras se destinan recursos a eventos y obras recreativas.
Por su parte, Tamara Abdo, cuando también ocupaba una banca en el Concejo por Juntos, afirmaba que “es el peor momento de Hurlingham”, señalando el deterioro del hospital municipal, la falta de insumos, la inseguridad creciente y la ausencia de estadísticas básicas para planificar políticas públicas. “Plata no hay y el uso que se le da es malo”, resumió.
La confirmación de las sanciones del Tribunal de Cuentas deja un mensaje claro: la responsabilidad política y administrativa recae en el intendente, y las omisiones detectadas configuran un llamado de atención severo sobre la gestión municipal.