La Iglesia volvió a rechazar la baja de la edad de imputabilidad

Luego de que el gobierno de Javier Milei decidiera sumar al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el debate por la baja de la edad de imputabilidad, la Iglesia Católica expresó un fuerte rechazo a la iniciativa y volvió a poner en circulación un documento elaborado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social en marzo de 2025.

Bajo el título “No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos”, el texto cuestiona el enfoque punitivo del debate y advierte que reducir la edad penal no resolverá el problema de la inseguridad ni de la delincuencia juvenil en la Argentina.

En el documento, la Comisión Episcopal remarca que desde hace años el país arrastra las consecuencias de administraciones que no lograron consolidar una cultura del trabajo ni garantizar condiciones de vida dignas para todas las familias.

Según plantean, esa ausencia de políticas estructurales derivó en múltiples problemas sociales, entre ellos el crecimiento de la inseguridad y de la delincuencia juvenil. En ese marco, advierten que focalizar el debate únicamente en los menores resulta una simplificación peligrosa.

Solidaridad con las víctimas y advertencia sobre el debate público

La Iglesia también expresó su solidaridad con las personas que fueron víctimas de hechos de violencia, incluso aquellos cometidos por menores de edad en contextos de extrema brutalidad. Sin embargo, aclaró que esos casos no pueden ser utilizados para instalar soluciones que, a su entender, no atacan las causas reales del problema.

En ese sentido, recordó que las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional muestran que los menores inculpados representan un porcentaje muy bajo del total de delitos registrados en el país.

La iniciativa del Ejecutivo propone modificar el régimen vigente desde la última dictadura militar y bajar el piso de punibilidad.

Desde la Comisión Episcopal subrayaron que la delincuencia juvenil está atravesada por múltiples factores sociales, económicos y culturales, y reclamaron que el debate legislativo incorpore la voz de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes.

Según sostienen, cuando esas miradas aparecen en la discusión pública, la idea de bajar la edad de imputabilidad pierde sustento. “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, advirtieron.

Narcotráfico, consumo y violencia juvenil

Otro de los ejes centrales del documento apunta al avance del narcotráfico y al consumo problemático de drogas entre adolescentes y jóvenes. La Iglesia alertó que las drogas están destruyendo a los jóvenes y que el consumo es una de las principales causas de la violencia.

En ese punto, cuestionaron que el combate al narcotráfico tenga escaso lugar en el debate público, pese a su impacto directo en los barrios más vulnerables.

El texto también plantea interrogantes concretos frente a una eventual baja de la edad de imputabilidad: dónde serían alojados los menores condenados, qué dispositivos existen en las provincias y qué posibilidades reales habría de educación y reinserción social.

La Comisión Episcopal recordó la situación crítica de los establecimientos penitenciarios y puso en duda que ese sea el camino adecuado. Actualmente, la ley prevé la imputabilidad desde los 16 y 17 años, un esquema que consideran suficiente si se acompaña de un régimen penal juvenil con una mirada humana e integral.

En uno de los pasajes más contundentes, el documento plantea una disyuntiva clara: más cárceles o más escuelas. Más guardiacárceles o más docentes capacitados y con salarios dignos.

La Iglesia insiste en que cualquier reforma debe priorizar la educación y la reinserción social, ofreciendo a los adolescentes un proyecto de vida que les permita imaginar un futuro lejos de la violencia, las drogas o la marginalidad.

Responsabilidad compartida y llamado a la dirigencia

Además del Estado nacional, provincial y municipal, la Comisión Episcopal convocó a la dirigencia política, los movimientos sociales, los sindicatos, los clubes, las iglesias, el sector empresario y la sociedad en general a asumir un rol activo en la contención de los jóvenes más vulnerables.

En línea con el pensamiento del papa Francisco, remarcaron que la salida debe ser colectiva: “Estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”.

El debate se reactivó luego de que el presidente Javier Milei ampliara el temario de las sesiones extraordinarias mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida habilita el tratamiento de proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil a partir del 2 de febrero.

La iniciativa del Ejecutivo propone modificar el régimen vigente desde la última dictadura militar y bajar el piso de punibilidad, actualmente fijado en los 16 años, para que menores puedan ser juzgados y condenados por delitos graves.