Abusos en el Senado: piden prisión preventiva y crece la presión política
La causa por presuntos abusos sexuales cometidos en el Senado de la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un avance clave: la fiscal Betina Lacki solicitó al juez de garantías Juan Pablo Masi que dicte la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos dirigentes kirchneristas y empleados legislativos imputados por una serie de hechos graves que habrían tenido como víctimas a empleadas del ámbito parlamentario y militantes de su espacio político.
El pedido ingresó al despacho del magistrado tras una semana de declaraciones testimoniales que incluyeron a docentes, estudiantes, amigas y compañeras de militancia de las denunciantes, la expareja de una de las víctimas y una funcionaria del Municipio de La Plata. Con ese cuadro probatorio, la fiscal consideró que existen elementos suficientes para sostener la medida cautelar, tanto para asegurar el avance de la investigación como para resguardar a las víctimas.
Ahora, el juez Masi deberá escuchar a los imputados y a la querella en una audiencia presencial prevista para el viernes en La Plata. Luego de ese trámite, definirá si Rodríguez y Silva Muñoz continúan detenidos de manera preventiva.
Nueve hechos y acusaciones graves
De acuerdo a la imputación vigente, ambos están acusados por abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio, con nueve hechos documentados. Las denuncias fueron presentadas por cuatro mujeres: dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos en una radicada en 2025, ambas bajo la instrucción de la UFI N° 2 de La Plata.
Según consta en las presentaciones judiciales, los acusados —que son pareja— habrían desplegado una metodología sostenida en el tiempo. Las víctimas, en su mayoría jóvenes, algunas adolescentes o recién mayores de edad, habrían sido captadas en ámbitos de militancia con promesas educativas o laborales vinculadas al Estado.
Una vez ganada la confianza, las denunciantes relataron haber sido introducidas en un entramado místico vinculado a la secta denominada “Orden de la Luz”. En ese contexto, Nicolás Rodríguez se presentaba como un “Dios Kiei” y Daniela Silva Muñoz como una “sensei”. Según las denuncias, Silva Muñoz coordinaba los encuentros, persuadía a las víctimas y habría facilitado el acceso de su pareja, incluso presenciando algunos de los abusos.
Al menos uno de los hechos denunciados habría ocurrido dentro de la Cámara de Senadores bonaerense. Las mujeres también declararon haber sido perseguidas, acorraladas en sus domicilios y sometidas a situaciones de control y aislamiento.
Al ordenar las detenciones en diciembre, el juez Masi sostuvo que existían elementos para afirmar que las víctimas eran “encerradas evitando que puedan escapar de la situación y así poder abusarlas”, y que Silva Muñoz, pese a ser referente de género de la agrupación, “persuadía a las integrantes a quedar encerradas con Nicolás”.
La fiscal y la presión política
En su requerimiento, la fiscal Lacki afirmó que existen “semiplena prueba e indicios vehementes” de los delitos investigados y remarcó que los relatos de las víctimas fueron “sinceros y consistentes”. Además, señaló que esos testimonios se encuentran respaldados por prueba indirecta incorporada al expediente y que la pena en expectativa constituye un riesgo objetivo de fuga.
Mientras la causa avanza en sede judicial, el caso escaló al plano político. El PRO bonaerense cuestionó públicamente al kirchnerismo por lo que definió como un “silencio” frente a los hechos y reclamó explicaciones al gobernador Axel Kicillof y a la vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario.
Desde el ámbito local, el concejal platense Nicolás Morzone calificó el caso como una “desagradable película de terror” y presentó pedidos de informes dirigidos a Magario y al secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe. “¿Por qué el kirchnerismo guarda silencio frente a los abusos sexuales investigados en el Senado bonaerense?”, planteó el edil, quien además impulsó un proyecto para crear una comisión especial y solicitó que el intendente Julio Alak se presente como particular damnificado.
Desde el PRO advirtieron que el caso seguirá siendo un eje de confrontación política mientras no haya respuestas institucionales claras, en paralelo a una investigación judicial que ahora ingresa en una instancia decisiva.