Reforma laboral: la Casa Rosada desafía a los gobernadores y reabre la disputa fiscal
En medio de las negociaciones para destrabar la reforma laboral en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a marcarle la cancha a los gobernadores dialoguistas y dejó un mensaje sin matices: “La Argentina tiene que bajar impuestos”. La definición llegó en un contexto de creciente tensión fiscal entre la Nación y las provincias, atravesado por la discusión sobre la coparticipación y la eventual reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas.
El funcionario dejó en claro que, para el Gobierno, la modernización del régimen laboral y la baja de la presión impositiva forman parte de un mismo rumbo económico, aun cuando eso implique un nuevo frente de conflicto con los mandatarios provinciales.
Caputo explicó que la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, incluida en el proyecto oficial, recién comenzaría a impactar en 2027, ya que regiría desde el ejercicio fiscal 2026. Según sus cálculos, la incidencia sería de $1,5 billones, muy por debajo de los $3 billones que estiman los gobernadores y que reclaman como compensación.
“Ellos dicen que eso les va a costar unos $3 billones, en realidad cuesta la mitad”, sostuvo el ministro, al remarcar que el debate se encuentra trabado justamente por la resistencia de las provincias a resignar recursos coparticipables.
Reforma laboral y modelo económico
El titular del Palacio de Hacienda defendió la iniciativa oficial y la vinculó con un cambio de paradigma económico. “Para generar inversiones y ganar competitividad necesitamos seguir bajando impuestos. El modelo viejo de salarios miserables en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencia escondida ahí no sirve”, afirmó.
En ese marco, Caputo se mostró confiado en que la reforma laboral finalmente avanzará, aunque reconoció que la negociación política atraviesa un momento delicado por el impacto fiscal que denuncian los gobernadores.
Mientras desde la Casa Rosada buscan sumar apoyos parlamentarios, los gobernadores preparan una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con la recaudación como eje central. Allí analizan alternativas para compensar la pérdida de casi cuatro puntos de ingresos que, según sus proyecciones, generaría la sanción de la reforma.
El foco está puesto en el artículo 190 del proyecto, que propone una reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades: del 30% al 27% en el tramo intermedio y del 35% al 31,5% en el tramo superior. De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el costo para las provincias rondaría los $3,18 billones, cifra que el Gobierno relativiza.
En declaraciones públicas realizadas semanas atrás —pero que siguen marcando el pulso de la discusión— Caputo fue más allá y cuestionó con dureza a gobernadores e intendentes por el manejo de las cuentas públicas. “Seguimos viendo modalidades de tener déficit y financiarlo con suba de impuestos, suba de tasas y deuda. Y cuando eran Gobierno lo hacían con emisión”, lanzó.
Incluso apuntó de manera directa contra el intendente de Pilar, Federico Achával, por la aplicación de una tasa del 2% a las compras en el distrito. “Es un absoluto irresponsable”, disparó, al señalar que ese tipo de medidas encarecen el llamado “costo argentino”.