Reforma laboral: el sindicalismo promete pelea en la calle y en la Justicia
La Cámara alta convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. Tras la votación, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, calificó la sanción como “un triunfo institucional pero una derrota social” y llamó a “no cumplir la ley en los sectores de trabajo”.
La sesión marcó el cierre de las extraordinarias en el Senado y dejó un escenario de alta tensión política y sindical, con advertencias de judicialización y posibles medidas de fuerza en el corto plazo.
En el marco de una movilización del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a más de 100 organizaciones gremiales, Aguiar sostuvo que “nadie está obligado a acatar una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional”.
“El Gobierno compró una mayoría adentro del Congreso que no tuvo afuera en la sociedad”, afirmó el dirigente, y aseguró que “7 de cada 10 argentinos rechazan la reforma laboral”, al tiempo que denunció que la norma “quita derechos, promueve la precarización y abarata el valor del trabajo”.
El titular de ATE fue más allá y advirtió: “En los sectores de trabajo estamos nosotros y este mamarracho no se va a poder aplicar”. También señaló que el gremio “va a profundizar la lucha para derrotar a los entreguistas”.
“A los trabajadores no nos van a poder comprar como hicieron con el Parlamento. En los sectores de trabajo estamos nosotros y este mamarracho no se va a poder aplicar. Y no festejen tanto porque a pesar de las alianzas el Gobierno no está tan bien, tiene fragilidad. No vaya a ser cosa que tengan un traspié y cambie drásticamente el escenario”, agregó el secretario General de ATE Nacional.
Cómo fue la votación en el Senado
La reforma fue aprobada con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas como la Unión Cívica Radical y el PRO, además de peronistas disidentes y fuerzas provinciales.
Durante el debate, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, anticipó que “esta ley va derecho al conflicto judicial” y denunció supuestas irregularidades reglamentarias durante el tratamiento parlamentario. Además, calificó la iniciativa como “antitrabajador” y “un día vergonzoso”.
Desde el oficialismo defendieron la norma como un paso hacia la “modernización laboral” y una herramienta para incentivar la formalización y la creación de empleo privado.
La versión final del texto incorporó modificaciones realizadas en Diputados, entre ellas la eliminación del artículo que recortaba licencias médicas. Entre los principales cambios que introduce la ley se establece la prioridad de los convenios colectivos por empresa o región por sobre los sectoriales y se elimina la ultraactividad automática de los acuerdos vencidos si no hay uno nuevo firmado.
Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para ayudar a las empresas a afrontar indemnizaciones, financiado con aportes obligatorios del 1% de las remuneraciones brutas en grandes compañías y del 2,5% en micro, pequeñas y medianas empresas. En materia de despidos, se mantiene el criterio de un mes por año trabajado, pero se excluyen del cálculo conceptos como el aguinaldo y premios extraordinarios, se fijan topes y se habilita el pago en cuotas en determinados casos.
La norma también permite fraccionar las vacaciones —con un mínimo de siete días corridos por tramo— y habilita un sistema de banco de horas mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador. En cuanto al derecho a huelga, los servicios esenciales deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% y los considerados “trascendentales” del 50%, ampliándose además el listado de actividades alcanzadas. Por último, se incorpora la figura del repartidor independiente para trabajadores de plataformas digitales, bajo un contrato de servicio que no constituye relación laboral.
La aprobación de la reforma laboral abre una nueva etapa de tensión entre el Gobierno y el sindicalismo. Mientras el oficialismo celebra la sanción como un avance estructural, los gremios ya anticipan resistencia en los lugares de trabajo y posibles acciones judiciales.
El debate parlamentario dejó al descubierto una grieta profunda en torno al modelo laboral argentino y anticipa que la discusión recién empieza, ahora fuera del recinto.