Aportes, auditorías y presunta malversación: la trama detrás de la denuncia contra la Caja médica bonaerense
La Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires quedó en el centro de una investigación judicial tras una denuncia penal presentada por un grupo de médicos bonaerenses que apunta a presuntas maniobras de defraudación, malversación de fondos y asociación ilícita en el marco de la construcción del Hotel Grand Brizo en La Plata.
La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci, con intervención del Juzgado de Garantías N°2, cuyo titular es el juez Eduardo Silva Pelossi. La presentación solicita que se determinen eventuales responsabilidades penales de ex y actuales autoridades de la entidad, así como de sociedades comerciales vinculadas al denominado grupo Puente Hermanos.
Según consta en el escrito judicial, al que tuvieron acceso los denunciantes, se imputan presuntos delitos de acción pública contemplados en el Código Penal de la Nación: defraudación y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículos 173 inciso 7° y 174 inciso 5°), asociación ilícita (artículo 210), malversación de caudales públicos (artículos 260 y 261) y falsedad ideológica de instrumento público (artículo 293).
El eje de la denuncia: la auditoría de obra
El foco de la presentación gira en torno a la contratación de empresas vinculadas al grupo Puente Hermanos para realizar la “Auditoría de Obra” del Hotel Grand Brizo, el lujoso emprendimiento ubicado en pleno centro platense que fue inaugurado el 19 de febrero de 2019 y que cuenta con 99 habitaciones premium, spa, piscina climatizada, restaurante gourmet, auditorio para 375 personas y estacionamiento para 100 vehículos, entre otros servicios.
De acuerdo a la denuncia, la Caja habría pactado con firmas del grupo una retribución equivalente al 7,98% del valor de cada certificado de obra emitido. Sin embargo, los médicos denunciantes sostienen que no existirían informes técnicos, actas de inspección ni documentación que respalde la efectiva realización de las tareas de auditoría, lo que —según plantean— podría configurar una simulación contractual destinada a justificar la salida de fondos.
El grupo Puente Hermanos está integrado, según se detalla, por Puente Hermanos Inversiones S.A., Puente Hnos. Holding (Argentina) S.A., Puente Hnos. MAE S.A. y Puente Inversiones y Servicios S.A., todas con domicilio legal en Tucumán 1, piso 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la presentación judicial se señala que estas sociedades compartirían directivos y objeto social.
Además, se menciona la existencia de un contrato de mandato original, tres adendas posteriores vinculadas a ampliaciones y mayores costos, una cesión contractual y una cuarta adenda relacionada con una tercera etapa de la obra, junto con facturación emitida en concepto de “Auditoría de Obra”.
Los denunciantes sostienen que las maniobras habrían generado un perjuicio directo al patrimonio de los médicos afiliados, al desviar aportes obligatorios hacia intereses privados mediante un esquema de facturación que califican como presuntamente irregular.
Autoridades señaladas y pedido de intervención de organismos
La denuncia apunta contra quienes se desempeñaron como presidente, secretario y tesorero del Directorio de la Caja durante el período investigado. Entre los mencionados se encuentra Héctor Sainz, presidente desde el inicio de la obra y quien continúa en funciones, y el doctor Tomás Cayetano Campenni, quien lo sucedió en el cargo y falleció en 2025.
En el escrito se sostiene que los miembros del Directorio tendrían responsabilidad personal y solidaria por los actos de la institución y que los hechos denunciados habrían sido desarrollados y conocidos por las máximas autoridades.
La presentación fue impulsada por la agrupación “Luchemos por una caja justa”, que —según confirmó el abogado Ignacio Fernández Camillo, uno de los representantes de los denunciantes— viene cuestionando las auditorías vinculadas al Hotel Brizo desde 2019. El patrocinio legal también está a cargo de los letrados Fabio Nielsen y Diego Alonso.
En el petitorio final se solicitó el libramiento de oficios a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro de Reincidencia y las Fiscalías Generales bonaerenses, con el objetivo de reunir información societaria, contable y antecedentes que permitan reconstruir el movimiento de fondos y avanzar en la investigación penal preparatoria.
Hasta el momento, no se registraron pronunciamientos públicos de autoridades de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia en relación a la denuncia presentada. Tampoco hubo manifestaciones formales por parte de la Agremiación Médica Platense, desde donde indicaron estar al tanto de la situación pero sin intención de expresarse al respecto.