Rosca en pausa: los nombres que circulan para la Corte mientras la política estira la definición
La negociación política para completar la integración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense volvió a quedar en el centro de la agenda institucional de la provincia. Con el tribunal funcionando apenas con tres de sus siete miembros y varias vacantes acumuladas en los últimos años, en el peronismo empezaron a multiplicarse los reclamos internos por la demora en el envío de los pliegos que debe firmar el gobernador Axel Kicillof.
El punto de tensión es claro: los nombres de los candidatos ya habrían sido acordados entre los principales sectores del oficialismo, pero todavía no llegaron al Senado provincial para iniciar el proceso de aprobación. En el peronismo admiten que el compromiso político existía desde diciembre pasado y que la postergación empezó a generar incomodidad en los espacios que participaron de la negociación.
Un acuerdo político que todavía no se formalizó
La discusión por las vacantes en la Corte tuvo uno de sus momentos clave a comienzos de diciembre de 2025. En una reunión realizada en la Ciudad de Buenos Aires, dirigentes del kicillofismo, el kirchnerismo, el massismo y el radicalismo intentaron cerrar un esquema de distribución de los futuros cargos judiciales.
Por el entorno del gobernador participaron el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. El kirchnerismo estuvo representado por Facundo Tignanelli y Federico Otermín; el massismo, por Alexis Guerrera; mientras que Maximiliano Abad y Diego Garciarena lo hicieron por el radicalismo. Según reconstruyen fuentes políticas, el propio Kicillof intervino en ese encuentro a través de una llamada telefónica en altavoz.
El acuerdo contemplaba el envío de tres pliegos correspondientes a los sectores mayoritarios del peronismo para que fueran aprobados en el Senado antes de fin de año, en paralelo al tratamiento del Presupuesto 2026 y las autorizaciones de endeudamiento.
Sin embargo, en el entorno del gobernador evaluaron que mezclar ambas discusiones podía complicar la sanción del paquete económico y la designación de jueces quedó en suspenso.
Desde entonces, el tema sigue pendiente. “El gobernador lleva más de dos meses demorando el acuerdo”, deslizó un dirigente peronista involucrado en las conversaciones, reflejando el malestar que empieza a circular dentro del oficialismo.
Nombres en danza y pulseadas internas
Aunque el proceso se mantiene bajo un fuerte hermetismo, en los distintos sectores del peronismo comenzaron a circular algunos posibles candidatos para ocupar los cargos en la Suprema Corte.
En el esquema cercano al gobernador aparece mencionado Santiago Pérez Teruel, actual titular de la Asesoría General de Gobierno, un dirigente de confianza del kicillofismo con trayectoria en el área jurídica del Ejecutivo provincial. En paralelo, también surgió el nombre de Federico Thea, actual presidente del Tribunal de Cuentas, aunque su eventual salto a la Corte genera dudas porque se trata de un cargo vitalicio al que fue designado por la propia gestión de Kicillof.
Dentro del massismo también hay aspirantes. En las últimas semanas comenzó a mencionarse a Micaela Morán, ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y con vínculos históricos con el espacio de Sergio Massa. Otro nombre que suele aparecer en el radar judicial es el del diputado nacional Ramiro Gutiérrez, uno de los principales referentes del massismo en temas vinculados al sistema de justicia.
El kirchnerismo, en cambio, mantiene un silencio casi absoluto sobre su candidato. No obstante, desde el inicio de la gestión de Kicillof circula el nombre de Marisa Herrera, reconocida jurista especializada en derecho de familia y autora de obras académicas de referencia.
A estas negociaciones se suma además un debate creciente dentro del propio oficialismo y en ámbitos académicos: la posibilidad de que al menos una de las designaciones sea ocupada por una mujer, en línea con los reclamos de paridad de género en el máximo tribunal.
Una Corte con tres jueces y presión institucional
Mientras la política demora definiciones, la situación institucional de la Corte bonaerense empieza a generar preocupación en distintos ámbitos. Hoy el tribunal funciona únicamente con tres magistrados: Hilda Kogan, que ejerce la presidencia; Sergio Torres; y Daniel Soria.
Las vacantes se acumularon a lo largo de los últimos años tras el fallecimiento del juez Héctor Negri en 2020 y las salidas de Eduardo de Lázzari, Juan Carlos Hitters y Luis Genoud. El sistema se sostiene con mecanismos de subrogancia que permiten mantener el funcionamiento cotidiano, pero desde el propio Poder Judicial advierten que la falta de integración plena afecta la previsibilidad del sistema.
El propio Soria reclamó recientemente que el Ejecutivo y el Senado avancen con mayor rapidez en la cobertura de los cargos, al recordar que la Constitución bonaerense establece plazos concretos para la remisión de pliegos. “El tiempo no es indiferente”, planteó el magistrado al advertir que la demora impacta en la seguridad jurídica y en la capacidad del tribunal para fijar doctrina legal.
En paralelo a los tres pliegos acordados para el peronismo, el esquema político también contempla un cuarto lugar destinado al radicalismo. Ese cargo debería enviarse al Senado antes de la feria judicial de julio y todo indica que el sector de Abad impulsaría el nombre de Marina Sánchez Herrero, actual vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
El tablero podría modificarse aún más si finalmente se confirma la jubilación de la jueza Hilda Kogan. Dentro del gobierno bonaerense dan por probable ese escenario, lo que abriría una quinta vacante en el máximo tribunal provincial. Según deslizan en el peronismo, ese eventual lugar también quedaría en manos del oficialismo, que descarta que el PRO o La Libertad Avanza puedan quedarse con ese asiento en la Corte.