Ley de Glaciares: LLA limitará las audiencias públicas en Diputados
El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados definió restringir el mecanismo de participación en las audiencias públicas convocadas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, una decisión que ya generó fuertes cuestionamientos desde la oposición.
Aunque se registraron cerca de 50 mil inscriptos, solo alrededor de 200 personas podrán exponer de manera presencial o virtual durante las jornadas previstas para el 25 y 26 de marzo. El resto deberá presentar su postura por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos.
La medida fue adoptada pese a los reclamos de distintos bloques opositores que habían solicitado ampliar la cantidad de días de audiencia para permitir una participación más amplia de ciudadanos y especialistas.
Cómo serán las audiencias públicas
De acuerdo con la resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, solo podrán intervenir de forma directa los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país.
Según se estableció en el documento publicado en la web oficial de la Cámara de Diputados:
Participación presencial y virtual
- Miércoles 25 de marzo: exposición presencial de parte de los inscriptos.
- Jueves 26 de marzo: participación virtual a través de Zoom.
El esquema prevé alrededor de un centenar de intervenciones presenciales y una cifra similar de participaciones virtuales.
En paralelo, quienes no ingresen en ese grupo deberán enviar su ponencia por escrito o mediante un video que será incorporado al expediente legislativo como antecedente del debate parlamentario.
La resolución señala que se garantizará representación de las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de asegurar una participación federal en el proceso.
El argumento del oficialismo
Desde las comisiones organizadoras explicaron que la decisión responde a criterios operativos y reglamentarios.
En el documento se indica que la medida se adopta “en uso de las facultades otorgadas por el artículo 114 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados”, en base al plan de trabajo aprobado en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales del pasado 4 de marzo.
Además, el texto argumenta que el volumen de inscripciones hace imposible permitir la exposición de todos los interesados dentro de un plazo razonable.
“La magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria”, señala la resolución.
Por ese motivo, los legisladores consideraron necesario establecer criterios organizativos para garantizar un debate “ordenado, federal y sustantivo”.
Críticas de la oposición
La decisión ya anticipa un nuevo foco de conflicto en el Congreso. Sectores de Unión por la Patria, partidos de izquierda y el bloque Provincias Unidas cuestionaron la limitación de las exposiciones y reclamaron extender la duración de las audiencias públicas.
Estos espacios, además, se oponen al proyecto de reforma de la ley de Glaciares que impulsa el oficialismo junto a gobernadores que promueven mayores inversiones mineras.
Qué cambios propone el proyecto
El proyecto que se discute en Diputados busca modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
La normativa vigente considera a los glaciares reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan alterar su estado natural.
La iniciativa en debate plantea flexibilizar esas restricciones para priorizar actividades productivas como:
- Minería
- Explotación hidrocarburífera
El objetivo es facilitar el desarrollo de proyectos en provincias con fuerte potencial minero como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de habilitar inversiones internacionales vinculadas a la extracción de recursos.
Entre los cambios propuestos, se busca permitir la explotación en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función directa en la provisión de agua.