Un guiño a los intendentes en medio de la crisis: Diputados habilitó recursos para obras y avanzó con la libre disponibilidad de fondos
La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley un proyecto que habilita a los 135 municipios a reasignar recursos del Impuesto Inmobiliario Rural para financiar obras de prevención de inundaciones ante el fenómeno de El Niño. La iniciativa, presentada por el senador opositor Sergio Vargas, permite destinar durante 180 días hasta el 100% de los fondos que reciben las comunas para el mantenimiento de caminos rurales a intervenciones de drenaje, limpieza de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hidráulico.
La sanción definitiva se produjo este martes 20 de octubre, durante la sexta sesión ordinaria de la Cámara baja, encabezada por Alejandro Dichiara. El proyecto ya había obtenido media sanción del Senado el 6 de octubre y llegó al recinto en medio de las advertencias sobre el posible aumento de precipitaciones, los reclamos de los intendentes por mayores herramientas financieras y las diferencias sobre el destino de los recursos provenientes del sector agropecuario.
En paralelo, la Legislatura avanzó con una modificación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), aunque esa iniciativa deberá regresar al Senado para completar su aprobación.
Qué podrán hacer los municipios con los fondos del Inmobiliario Rural
La nueva legislación modifica temporalmente el destino de una parte de los recursos que reciben las municipalidades por el Impuesto Inmobiliario Rural. Hasta ahora, esas partidas tenían una asignación vinculada con el mantenimiento de la red vial rural. La iniciativa sancionada permite que, durante un período de seis meses, los gobiernos locales utilicen hasta la totalidad de esos fondos en trabajos destinados a reducir los riesgos asociados con las lluvias intensas.
Entre las intervenciones contempladas aparecen la construcción y reparación de sistemas de drenaje pluvial, la limpieza y adecuación de canales, el mantenimiento de alcantarillas y la adquisición de equipamiento necesario para prevenir o mitigar anegamientos.
La autorización no alcanza a toda la recaudación del Inmobiliario Rural, sino exclusivamente a la porción de recursos coparticipados o transferidos a los municipios que tiene como destino específico el mantenimiento de caminos rurales. La norma establece una herramienta transitoria para modificar esa asignación, sin crear un nuevo impuesto ni anunciar una transferencia adicional de recursos provinciales.
La decisión sobre qué obras ejecutar deberá realizarse dentro de las competencias municipales y de los procedimientos administrativos correspondientes.
El impulsor de la propuesta, Sergio Vargas, senador de Unión y Libertad, había defendido la iniciativa durante su tratamiento en la Cámara alta. El legislador sostuvo que la experiencia de inundaciones anteriores demuestra la necesidad de actuar antes de que las situaciones climáticas provoquen daños sobre las localidades. “Sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias para los vecinos cuando el Estado llega tarde o se olvida con este tipo de fenómenos climatológicos, lo vivimos en Bahía Blanca con la tormenta”, afirmó.
La modificación también abrió una discusión sobre el financiamiento del mantenimiento de los caminos rurales. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó reparos frente a la posibilidad de que recursos originalmente destinados a la red vial terminen aplicándose a obras hidráulicas en sectores urbanos.
La preocupación de la entidad está vinculada con la necesidad de mantener transitables los caminos utilizados para transportar producción, conectar establecimientos agropecuarios y garantizar el acceso a localidades y servicios.
El debate incorpora una diferencia sobre las prioridades presupuestarias: mientras la iniciativa habilita a los intendentes a financiar intervenciones preventivas, las organizaciones rurales plantean la importancia de conservar recursos para tareas de mantenimiento vial.
Diputados destrabó parcialmente el FEFIM
La sesión de este martes también dejó un avance en otra discusión que venía enfrentando a intendentes, legisladores y funcionarios provinciales. La Cámara baja aprobó una modificación de la Ley 15.561 para permitir una mayor libre disponibilidad de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).
El acuerdo parlamentario habilita la distribución de la primera cuota, correspondiente a abril, mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD). El proyecto fue impulsado por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, quien reclamaba ampliar las facultades de los municipios para utilizar los recursos según sus necesidades financieras.
La discusión se encontraba trabada desde junio por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el reparto de una parte del fondo y las atribuciones de una comisión bicameral.
El FEFIM fue establecido durante la negociación del paquete de financiamiento provincial aprobado a fines de 2025. Su esquema original prevé distribuir el 70% mediante el CUD y asignar el 30% restante a programas vinculados con infraestructura, transporte y cultura.
La modificación aprobada en Diputados busca flexibilizar ese régimen. Sin embargo, la situación de las cuotas posteriores continúa vinculada con la conformación de la comisión bicameral prevista en la normativa.“Hoy resolvemos la primera cuota, pero rápidamente debe constituirse la comisión bicameral para que los intendentes puedan recibir las próximas cuotas en tiempo y forma”, pidió Garciarena.
El debate del FEFIM ya había tenido varios capítulos en la Legislatura. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno bonaerense incorporó a La Costa al esquema de distribución mediante una adecuación presupuestaria de $1.368 millones, completando el alcance del fondo sobre los 135 distritos.
Aquella medida se produjo en un contexto de caída real de los recursos municipales. Durante el primer semestre de 2026, las comunas recibieron transferencias provinciales por $2,779 billones, una disminución real del 2,48% frente al mismo período del año anterior. La reducción equivalió a aproximadamente $74.683 millones, medidos a valores de junio.
También se identificó que 82 municipios recibieron el nivel más bajo de transferencias reales desde 2021, mientras otros 13 registraron el segundo peor resultado de ese período.
En ese escenario, la decisión de Diputados representa un nuevo avance en la discusión por el financiamiento municipal, aunque todavía quedan definiciones pendientes. El Senado ahora deberá resolver la modificación del FEFIM y la Legislatura avanzar con la conformación de la comisión bicameral.